La Justicia en Uruguay tiene “fallas sistémicas y estructurales” que “provocan muertes” como la de un recluso con retraso mental

La Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, que estudia todas las muertes en custodia, se presentó en Fiscalía junto con la familia de Ayala para pedir el esclarecimiento del caso “ante la irregularidad y apariencia delictiva” de que un interno aparezca súbitamente muerto, según asegura un informe final sobre el hecho que Petit presentará en las próximas horas.

El viernes 4 la diaria repasó el incidente y la vida de Ayala, cuyos problemas mentales se presentaron desde niño y se reflejaron a lo largo de su trayectoria escolar. El artículo afirma que tenía un coeficiente intelectual disminuido, no acompasado con su edad cronológica, que padecía serias dificultades cognitivas y enormes dificultades de relacionamiento, que fue medicado desde chico, tuvo internaciones por crisis psiquiátricas, se autolesionaba y tenía escasa autonomía y que su diagnóstico empeoró con el tiempo, especialmente cuando como mayor de edad dejó de tomar la medicación psiquiátrica. Desde los 18 a los 20 años, Ayala estuvo 28 veces en comisarías como indagado y como víctima de supuestos hechos violentos en su hogar.

“Su lugar no estaba en una cárcel”

En 2018 Ayala fue denunciado por violencia doméstica por su padre, pues le rompía objetos de su casa y agredía a los animales con los que trabajaba. A principios de este año su padre lo volvió a denunciar por incumplir la medida judicial de no acercamiento y Ayala fue obligado a utilizar una tobillera electrónica. De acuerdo al informe del comisionado parlamentario, a Ayala la tobillera lo “contrariaba”, entre otras cosas, por las dificultades que tenía para cargarla. En marzo fue a cargarla a la Comisaría de Violencia Doméstica de La Capuera (Maldonado) y se produjo un enfrentamiento con policías por el que fue formalizado como autor penalmente responsable de un delito de desacato agravado en concurso formal con un delito de agravio a la autoridad policial agravado. El Juzgado Letrado de 4º turno de Maldonado estableció una pena de 11 meses de prisión.

“La Fiscalía entendió que el joven no dijo incoherencias en la audiencia que hicieran dudar de su cabalidad, asimismo se presentó como una persona violenta, se contaba con una pericia de un mes atrás que decía que el muchacho era normal y entendía el alcance de sus actos, por lo cual no vio motivo para solicitar otra pericia, además de que, según la perspectiva de la Fiscalía actuante, no habían dado resultado las medidas cautelares anteriores, entendiendo que el cometido fiscal es proteger a la víctima, en este caso el padre del joven”, sostiene el documento de Petit.

Ayala fue enviado a la Unidad N° 13 (Las Rosas de Maldonado), y por problemas de convivencia se lo trasladó al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación en la Unidad N° 1 de Punta de Rieles. Allí se dispuso su derivación el 15 de abril a Santiago Vázquez a un módulo para internos con necesidades permanentes de medicación. Nuevos conflictos con prisioneros y funcionarios —“decía que está poseído por un demonio, relataba historias fantasiosas, hablaba de bombas y explosiones”— generaron su pase al módulo 12, que tiene un ala gestionada por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) dedicada a casos de descompensación psiquiátrica. El 17 de mayo a las 9.30 de la mañana dos enfermeros lo medicaron en su celda y lo dejaron acostado arriba de un colchón, de costado para que no se ahogara con su vómito. Una hora y media más tarde estaba muerto en ese mismo lugar.

En las recomendaciones que hace en la última parte de su informe, Petit pide a los operadores de la administración de Justicia, jueces, fiscales y defensores, que “tomen en cuenta todas las dimensiones” de la vida y la trayectoria de una persona cuando la juzguen, “más aún cuando existen múltiples elementos, educativos, sanitarios y sociales, que indican un serio desajuste con la normalidad conductual que ponen en seria duda la capacidad de comprender realmente las consecuencias —en especial las jurídicas y penales— de sus actos”.

En esa línea recomienda al Poder Judicial y al Instituto Técnico Forense que las pericias sobre imputabilidad cuenten en el futuro con un protocolo básico para la actuación del perito, de manera de asegurar que un mínimo estandarizado de elementos del contexto social, sanitario y educativo del periciado siempre estén presentes. También reclama a ambos organismos que las valoraciones de imputabilidad se hagan siempre en referencia al hecho nuevo que las motiva y solo se usen las anteriores como eventuales indicadores o antecedentes, pero sin carácter conclusivo. “El joven Marcelo Ayala debió haber sido juzgado, creemos, con base en una nueva pericia sobre los hechos nuevos sobre los que era indagado, y no sobre una pericia anterior”, argumenta.

Otro de los puntos refiere al Ministerio del Interior y al INR sobre las medidas sustitutivas a la prisión, un tema en el que Petit ha hecho particular énfasis en los últimos años con la participación de expertos internacionales en el Parlamento. Llama a “reforzar la dotación de recursos humanos y materiales existentes para la aplicación” de este tipo de medidas, sobre todo en casos como el de Ayala, originados en trastornos de salud mental “que no deben” terminar con el implicado en la cárcel. “Deben ser asistidos y seguidos en la comunidad con programas de sostén técnico y social, en conexión con los servicios de salud de ASSE y los recursos sociales comunitarios de apoyo a la familia”, indica una de las conclusiones.

Por último, Petit solicita que se instale el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria previsto en la Ley de Urgente Consideración. Este consejo integrado por representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación, de la Fiscalía General de la Nación y del Poder Judicial tiene el cometido esencial del diseño, la planificación, la coordinación, el monitoreo y la evaluación de la política criminal y penitenciaria a escala nacional. Sus atribuciones incluyen dar una opinión, previa y no vinculante, sobre los proyectos de ley que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema penitenciario o sistema penal juvenil.