La “reforma policial” del gobierno fue “exitosa”, pero faltó “una política integral de prevención” del delito, según experto del BID

El libro advierte, sin embargo, que faltan cosas por mejorar y que en los últimos períodos de gobierno no hubo una “política integral de prevención y reducción del delito y la violencia”.

“Si bien en términos agregados el delito ha oscilado hacia arriba y hacia abajo durante el período 2010-2017 y ha tenido un fuerte incremento en 2018, los principales factores detrás de estas variaciones han estado más allá del control policial”, dice el libro, cuyo título es Del policía cazador al policía protector. Y añade más adelante: “Una reforma policial puede ser considerada exitosa aun cuando los indicadores agregados de delito hayan aumentado, siempre y cuando pueda mostrar que está adoptando estrategias policiales para reducir el crimen avaladas por la evidencia científica, así como resultados positivos atribuibles a las mismas”.

Después de plasmar esos argumentos, Serrano-Berthet detalla algunos de los que considera logros del oficialismo en el área policial y los motivos para alcanzarlos. Una de sus principales conclusiones es que “el éxito” del gobierno en esa área radica en que generó “cambios estructurales en la doctrina, organización y funcionalidad de la institución policial”.

Pese a los reclamos insistentes de la oposición para que Bonomi y su equipo dieran un paso al costado, el experto del BID opina que “la estabilidad del liderazgo político-policial” a partir del 2010 fue algo positivo porque “facilitó” las reformas.

Especialmente en los últimos cinco años, agrega, la Policía Nacional uruguaya experimentó “un salto cualitativo en materia de análisis criminal”. Gracias a eso, el país “pasó de tener un registro insuficiente de datos de criminalidad e ignorar prácticas de análisis inherentes a las policías contemporáneas, a contar con sofisticados sistemas de información, personal formado en análisis criminal y, lo más importante, contar con la institucionalidad y la jerarquía necesarias para consolidar el análisis criminal”, sostiene el autor. El aprendizaje que deja Uruguay al resto de la región “no es tanto la precisión” o la “sofisticación de su análisis”, sino la “comunión” que el gobierno logró entre ese análisis y la toma de “decisiones operacionales” de la Policía.

El libro coordinado por Serrano-Berthet, doctorado en Política Pública del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dice que en Montevideo el ministerio combatió la corrupción interna y “saneó” la Policía, y logró que su forma de trabajo esté acorde al siglo XXI. “Viró el rumbo para pasar del olfato, de lo subjetivo, de la falta de control y la ineficiencia a un sistema de gestión por resultados”, resume.

La estigmatización

Aunque ocupen la mayor parte del texto, el libro no solo contiene elogios a la gestión de los gobiernos del Frente Amplio. El estudio advierte que es necesario mejorar la descentralización de la Policía, dándoles otra vez “protagonismo” a las comisarías, y que “queda mucho por hacer en materia de análisis estratégico”.

Una de las críticas principales excede a la función policial y apunta a que casi no hubo programas de “prevención social” del delito. “Lo que ha prevalecido son los enfoques de prevención primaria, pero la inversión en prevención secundaria y terciaria ha sido extremadamente débil”, dice el documento. “Más aún, lo que ha faltado en Uruguay es una política integral de prevención y reducción del delito y la violencia”.

Serrano-Berthet dice que no es que faltaron propuestas que iban en esa línea, sino que no fueron llevadas adelante en profunidad o fueron discontinuadas por las autoridades. Un ejemplo relatado en el libro es el de un programa financiado por el BID que buscaba prevenir la violencia entre adolescentes y lo llevaba adelante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Proponía implementar un programa de mentoría para adolescentes con riesgo socio-delictual, inspirado en una experiencia exitosa en Chile, pero la impementación enfrentó muchos desafíos”, relata.

Las dificultades para aplicar el plan fueron “severas” porque la organización no gubernamental a la que se había adjudicado el proyecto se resistía a usar “intrumentos de focalización bajo el argumento de que ellos resultarían estigmatizantes en el sentido de criminalizar adolescentes pobres”. Pese a que el Ministerio del Interior y el BID intentaron convencer a los responsables de la ONG de que su razonamiento no era correcto, dice el libro, no lograron desarticular la “confusión conceptual” de la organización. El resultado fue que el Mides terminó el convenio y trató de implementar la propuesta a través del Instituto Nacional de la Juventud. Aunque era tarde. “El tardío rediseño derivó en una cobertura mínima y, en definitiva, en la pérdida de una gran oportunidad”.

El libro editado por el BID también advierte que “otra gran oportunidad” perdida fue el Plan 7 Zonas, impulsado durante el gobierno de José Mujica con presupuesto insuficiente y discontinuado por su sucesor, con el que se pretendía trabajar en barrios de Montevideo mediante una coordinación de varios ministerios y la intendencia. “Su concepción e implementación fueron débiles y resultó una amalgama de intervenciones a la que los recortes hicieron naufragar”, critica. Y concluye: “Tanto el fracaso para tener programas focalizados como una política integral tienen que ver con el hecho de que la prevención social del delito es ‘un asunto de todos y de nadie’”.