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Mejorar la seguridad fue uno de los compromisos asumidos por Luis Lacalle Pou en la campaña electoral. El hoy presidente aprovechó un descontento extendido en la ciudadanía, preocupada por crecientes cifras delictivas que al Frente Amplio se le hizo difícil explicar en el debate público. La importancia que Lacalle Pou le dio al tema no quedó en simples palabras de campaña: su primera reunión tras asumir el cargo fue con el ministro del Interior y las autoridades policiales para transmitir que desde el 2 de marzo se iba a ver en las calles más presencia y acción de la Policía.
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A cuatro meses de aquel comienzo el tema seguridad es para el gobierno uno de los más difíciles de satisfacer en la población. Según un informe realizado por Opción Consultores para Búsqueda, el 33% de los encuestados expresa que la gestión del gobierno en seguridad es buena o muy buena, 26% que no es ni buena ni mala y 39% que es mala o muy mala, lo que arroja un saldo negativo de -7% de aprobación. “El período de luna de miel del cual goza el gobierno durante sus primeros meses de gestión parece ser más acotado en lo que refiere al manejo de la seguridad pública en comparación con otras áreas de gestión del gobierno”, concluye Opción. En materia de seguridad pública existe “un desacople” respecto a los elevados niveles de aprobación alcanzados por el gobierno —de 47%— y de manera específica en otras áreas relevantes de gestión como son la economía y la salud.
Para explicar el saldo de -7% la consultora refiere en parte a la confianza que la población puso en el gobierno de coalición para combatir la inseguridad. “Dicho contexto de expectativas probablemente impacta inicialmente de forma positiva en la evaluación que la ciudadanía realiza en la materia, a partir de una predisposición optimista hacia el desempeño del gobierno, pero es esperable que progresivamente, a medida que se agota el crédito inicial de expectativas, imponga un contexto desafiante al gobierno en la satisfacción de expectativas elevadas”, asegura Opción.
Más allá de ese argumento, el informe añade que la aprobación del gobierno en seguridad tiene diferencias a partir del perfil del consultado, con “claros clivajes”, según identificación partidaria y características sociopolíticas: mientras entre los votantes a Lacalle Pou en el balotaje el saldo de aprobación crece a 41 puntos, entre los votantes por el entonces candidato frentista Daniel Martínez hay un saldo de desaprobación de 56 puntos. “Durante el corto período de gestión transcurrido es posible identificar una línea que hace énfasis en el restablecimiento de la autoridad policial, respaldo al funcionario policial, toma de control de cárceles e intensificación de operativos. Probablemente, los electores multicolores sintonizan mucho más con la actual retórica de endurecimiento de la política de combate así como con algunas medidas y reformas en esa dirección, varias de ellas recientemente aprobadas en la Ley de Urgente Consideración”.
Bajo esas premisas de seguridad, el Ministerio del Interior logró en el cuatrimestre marzo-junio un descenso de rapiñas, hurtos, homicidios y denuncias de violencia doméstica, el “más importante en los últimos 10 años”, según el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Estos logros son refutados desde la oposición, que sostiene que la baja de los delitos se produjo como consecuencia de la pandemia y su impacto en el movimiento de las personas.
Si bien los niveles de aprobación en seguridad son bajos si se comparan a los de otras áreas del gobierno, Opción advierte que la cifra es bastante superior a la del gobierno anterior en una etapa similar del período, “pasándose de una brecha negativa de 47 puntos en setiembre de 2015 a un saldo actual de -7 en julio 2020”. Una de las causas para esta mayor aprobación en comparación al Frente Amplio es que la coalición pudo revertir las opiniones que sobre la seguridad tiene el segmento de nivel educativo bajo, un estrato donde solía decrecer la aprobación de gobierno en el quinquenio pasado.
