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El fracaso del plebiscito para anular la ley del aborto en 2013 supuso un “quiebre” que “legitimó” a las mujeres para tomar la decisión de interrumpir sus embarazos, pero aún persiste entre las usuarias la “sensación de falta de confidencialidad” sobre el proceso, resumió a Búsqueda la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi.
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A fines de 2012 se aprobó la normativa que habilita a la mujer a interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Desde entonces las autoridades sanitarias han observado un “crecimiento paulatino” de los abortos legales, que tuvo su “pico” en los meses posteriores al fallido plebiscito de junio de 2013. “Ahí aumentan significativamente los casos de aborto. Consideramos que eso fue como una habilitación a las mujeres. Vieron que el ámbito institucional era de la suficiente confiabilidad y seguridad. El resultado del plebiscito las legitimó”, explicó Rieppi.
En 2013 hubo 6.766 abortos. En agosto de ese año se registró el pico de casos, unos 757. El jueves 12 las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) brindaron una conferencia de prensa para hacer un balance de la gestión en salud sexual y reproductiva. Allí el subsecretario Leonel Briozzo reconoció que los casos de aborto se incrementaron en el último año aunque lo atribuyó a una mejora en los registros. “Estamos esperando un aumento del reporte, porque mejoran los reportes a medida que el sistema se consolida”, dijo. En los primeros meses tras la reglamentación de la ley se reportaban aproximadamente un 60% de los casos y hoy “ya se está cerca del 100%”, señaló Briozzo. Las cifras de interrupción de embarazos de 2014 serán difundidas a fines de febrero.
Confidencialidad.
Pese a que la ley del aborto ya tiene dos años de vigencia, y que las instituciones han aceitado los mecanismos para aplicarla “sin mayores dificultades”, las autoridades sanitarias advierten que aún hay problemas vinculados a la percepción de confidencialidad de los casos. Rieppi explicó que el “problema más común” que enfrentan las mujeres es la “sensación de falta de confidencialidad” en el proceso por parte de las instituciones.
Según Rieppi, hay temor de que se exponga la situación de la mujer por fuera de la consulta. La funcionaria dijo además que los reclamos vinculados a esta y otras dificultades no pueden ser cuantificados porque la denuncia siempre es anónima. “Las quejas que llegan son telefónicas y cuando solicitamos alguna forma de identificación o que se haga un reclamo escrito, eso no ocurre. Es lógico. Yo no sé si cualquiera de nosotros nos animaríamos a hacer un reclamo de este tipo por escrito, una visualización tan fuerte en una cuestión tan privada. La exposición pública no está en relación a lo privado del procedimiento”, argumentó.
La otra interferencia que se observa es el “acceso real” a la consulta. Algo que muchas veces no se termina concretando porque las mujeres se “cohíben” al enfrentarse con el primer filtro, que es la solicitud de un ginecólogo para que vea su caso. “No hay necesidad de decir el motivo de la consulta sino que bastaría con que la persona indique que quiere ver de urgencia a un ginecólogo. Uno debería tener la posibilidad de mantener reserva en estos casos”, puntualizó Rieppi.
En la conferencia de prensa del jueves 12, Briozzo habló sobre la “estigmatización social” como una de las barreras más importantes para que las mujeres accedan al “aborto seguro”. “Nosotros hemos tratado siempre de asegurar la confidencialidad de mujeres que quieran suspender su embarazo. Si podemos abatir esa estigmatización, y si la sociedad puede llegar a comprender que es una situación por la cual cualquier persona puede pasar, todo va a ir mejor”, dijo el subsecretario.
El MSP no cuenta con cifras de abortos clandestinos pero sus autoridades asumen que se siguen produciendo. En el 2012 hubo dos reportes de muertes por interrupciones de embarazo en condiciones de riesgo. En base a eso Rieppi dijo que “evidentemente se siguen dando los abortos clandestinos”, pero que es “difícil corroborarlo”. “Ha sido muy difícil confirmar la información cuando nos llegan comentarios de estos hechos”, dijo.
Para Rieppi otro de los problemas que enfrenta la ley es la organización de los servicios para cumplir con los plazos estipulados. Dijo que se trata de una “ley estricta” en cuanto a respetar los tiempos fijados y muchas mujeres consultan sobre el límite. “Esto complica a algunas instituciones. Insistimos en que las mujeres consulten precozmente para que los tiempos puedan ser ajustables a las necesidades de las mujeres y de la ley”. La funcionaria del MSP recordó que hay dos instituciones —Circulo Católico y Hospital Evangélico— que mantienen su objeción de conciencia para no realizar abortos, pero que los casos que se presentan en estas dos mutualistas son tercerizados y se resuelven fuera de sus instalaciones.
Por su parte, Briozzo señaló que el 30% de médicos presentaron su objeción de conciencia para negarse a hacer abortos. El caso más complejo se da en el departamento de Salto, donde todos los ginecólogos son objetores. Los casos son derivados a otros departamentos o resueltos por médicos contratados especialmente.
Laudado.
Tanto Rieppi como Briozzo —dos ginecólogos embanderados a favor de que la mujer tenga derecho a interrumpir su embarazo— se aprestan a dejar sus cargos en el Ministerio de Salud ante la llegada de un nuevo gobierno que estará administrado por Tabaré Vázquez, el mismo que durante su anterior presidencia vetó la ley del aborto.
Para Rieppi, sin embargo, no habrá problemas en que la ley siga transitando su curso. “Creo que la interrupción voluntaria es algo que las ciudadanas ya consideran como un hecho. Tabaré Vázquez también dijo que esto era un tema laudado. No hay que poner dudas ni sombras a que todos los derechos que han adquirido las mujeres vayan a tener problemas para seguir existiendo”, concluyó.