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Los gastos irregulares del ex vicepresidente Raúl Sendic con la tarjeta corporativa de Ancap, las 98 misiones oficiales al exterior en dos años de jerarcas de la Intendencia de Montevideo y las cinco marcas de agua embotellada penalizadas por incumplir la normativa de calidad. Estas tres noticias, publicadas en tapa por tres medios distintos en el último año, tienen una cosa en común: los datos clave fueron conseguidos a través de solicitudes de acceso a la información pública.
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Las solicitudes se realizan al amparo de la Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública, y obligan al organismo a proporcionar la información en 20 días hábiles. Este tipo de leyes, que son tendencia a nivel mundial, apuntan a fomentar la transparencia, el “gobierno abierto” y garantizar el acceso ciudadano a la información.
Sin embargo, esta declaración de buenas intenciones incluida en la norma no siempre se traslada a la realidad: quien pretenda acceder a información a la que de acuerdo a la ley tiene “derecho”, muchas veces terminará con las manos vacías.
Las solicitudes se realizan al amparo de la Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública, y obligan al organismo a proporcionar la información en 20 días hábiles.
Para enfrentar este inconveniente, la ley creó la Unidad de Acceso a la Información Pública y le asignó la supervisión de su cumplimiento. Unas pocas personas en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva se dedican a exigirles a reparticiones públicas que, en aras de la transparencia, entreguen información.
Pese a que al principio fue resistida y hubo importantes índices de incumplimiento, en su décimo aniversario la realidad es otra: año tras año se rompe el récord de cantidad de solicitudes y más del 90% son respondidas en tiempo y forma.
En dos años, entre 2015 y 2017, se pasó de 3.084 pedidos a 4.284, una suba de más del 40%. Este cambio puede guardar relación con el mayor conocimiento de la herramienta entre la población. De acuerdo a encuestas que anualmente encarga la Unidad de Acceso, mientras que en 2014 solo 26% de los consultados sabía de la ley, el año pasado esa cifra trepó a 34%.
El presidente de la Unidad de Acceso, Gabriel Delpiazzo, dijo a Búsqueda que la ley es “un gran avance” que constituyó “un cambio de paradigma”, ya que la información en manos del Estado “no es más un activo de propiedad”, sino que “debe estar disponible para cualquiera que quiera acceder a ella”. Reconoció que “la implementación de la ley tuvo sus obstáculos” y “todavía los tiene”, pero sostuvo que a 10 años de su entrada en vigencia, el balance es “muy positivo”.
Problemas en la aplicación.
Las solicitudes de acceso se pueden realizar ante cualquier oficina pública, la cual tiene 20 días hábiles, prorrogables por 20 más, para entregar la información. Sin embargo, la solicitud puede ser denegada (por confidencialidad, reserva o secreto) o directamente no ser respondida. En estos casos, el peticionante puede radicar una denuncia por incumplimiento ante la Unidad de Acceso.
Esa dependencia, no obstante, carece de potestades para obligar a cumplir la solicitud. Así, muchas veces, sin la voluntad del organismo que posee la información el trámite queda trunco y el derecho del ciudadano, insatisfecho.
La última alternativa es la vía judicial. A pesar de que la jurisprudencia reciente ha sido favorable a la transparencia, hay oficinas del Estado que mantienen una postura cerrada.
La mayor cantidad de solicitudes fueron hechas a la Intendencia de Montevideo, seguida por la Junta Departamental capitalina.
El Ministerio del Interior dio un ejemplo la semana pasada. En la contestación a una demanda que presentó una interesada en acceder a información de la secretaría de Estado —a la que accedió Búsqueda —, respondió que la contraparte no tenía derecho a recibir los datos por su “falta de legitimación”. Y se preguntó “qué legitimación posee un bancario, una ama de casa o su marido” para solicitar información de convenios internacionales en los que el Ministerio es parte. La propia ley aclara en su artículo 3º que ese derecho “se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.
La cartera que dirige Eduardo Bonomi fue justamente la que registró niveles más altos de incumplimiento de la ley el año pasado. A lo largo del 2017 recibió 27 pedidos, de los cuales no respondió 11 y solo entregó la información solicitada en nueve ocasiones. Denegó los restantes siete por distintos motivos.
Cumplidores e incumplidores.
Todos los organismos públicos están obligados a realizar un informe anual de cumplimiento y enviárselo a la Unidad de Acceso. De esos formularios, en poder de Búsqueda, surge que la mayor cantidad de solicitudes fueron hechas a la Intendencia de Montevideo, seguida por la Junta Departamental capitalina. Estos dos órganos en conjunto totalizan más de la mitad de las 4.284 solicitudes realizadas el año pasado.
En el tercer lugar en la lista de solicitudes, por encima de Presidencia y de todos los ministerios, aparece el Archivo General de la Nación (AGN), con 206 pedidos y puntaje perfecto en cuanto a cumplimiento. Esto se explica porque el AGN custodia gran cantidad de documentación del Ministerio de Defensa Nacional del período de la última dictadura militar (1973-1985).
Con respecto a los incumplidores, además del Ministerio del Interior, otro que se destaca es el Ministerio de Educación y Cultura. De las 79 solicitudes de acceso que recibió el año pasado, solamente respondió dos dentro del plazo legal. Su respuesta llegó tarde 77 veces.
