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El consumo de alcohol en el tránsito es fuente de debate público uruguayo desde hace al menos una década. La “tolerancia cero” aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez parece encontrar apoyo amplio en la opinión pública, de acuerdo a las encuestas, pero en el ámbito empresarial y político las voces que reclaman su revisión crecieron en los últimos tiempos.
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A fines de enero el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, planteó que era necesario reconsiderar la política estatal. Lo hizo a partir de un proyecto de ley que el exintendente y senador Sergio Botana presentará este semestre al Parlamento para flexibilizar la tolerancia al consumo de alcohol. El nacionalista pretende elevar los límites de 0 a 0,3 gramos de alcohol en sangre y que se multe al conductor si tiene 0,5. En más de una oportunidad dijo que la política del gobierno anterior “no da resultados”.
Un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre Uruguay, sin embargo, indica que cambiar la normativa significaría “violar” derechos humanos y un “retroceso” para el país. “Sería una decisión basada en percepciones erróneas que distan de contar con evidencia”, señaló el estudio al que accedió Búsqueda y se realizó junto con la Fundación Gonzalo Rodríguez.
Tras analizar más de una decena de publicaciones arbitradas, la experiencia en salas de emergencia locales y entrevistas a especialistas, el organismo internacional aseguró que la tolerancia cero es una variable que tiene impacto en la reducción de accidentes de tránsito y que es un diferencial de Uruguay con la región. Si se modificara, “el país estaría violando principios de derechos humanos como el de la no regresividad, así como también erosionando la confianza por parte de la ciudadanía, algo que sin dudas lo haría retroceder en la actual situación privilegiada en la región de las Américas”.
“La ciencia no cambió”
El nuevo informe de la OPS afirma que la legislación uruguaya —y la aceptación entre los conductores— tuvo una influencia “real” en la baja de accidentes de tránsito. Esto había sido negado por el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ricardo Cabrera, quien argumentó que en “ningún país” con una reglamentación de este tipo había bajado la siniestralidad en el tránsito. En la presentación de la nueva sede del instituto, Cabrera dijo que la tolerancia debería de ser una “libertad de cada ser humano” y que están trabajando para la educación de un “consumo responsable”.
Sin embargo, la OPS aseguró que la bibliografía es “contundente” y que la relación entre el alcohol y las alteraciones de los sentidos es “significativa”. “Impacta en las habilidades de manejo”, señala el estudio. Una investigación, que compara la experiencia local con la de Chile, muestra que en Uruguay hubo una reducción “significativa” en los siniestros fatales que ocurrieron entre 12 meses (-20,9%) y dos años (-14,9%) después de aprobada la ley de 2015.
Además, los informes anuales de la Unidad de Seguridad Vial de Uruguay indican que entre el 6% y 7% de los accidentes en las calles involucran el consumo de alcohol y que puede haber un subregistro porque no siempre se realiza espirometría. Y es por eso, precisa la OPS, que no se debe aumentar la toma de decisión de los ciudadanos si tomaron este tipo de bebidas.
Entre los uruguayos, el alcohol es una de las sustancias con el consumo más extendido en el país. El 77% de la población lo tomó en el último año y el 23,9% tiene un consumo problemático, según la séptima Encuesta sobre Consumo de Drogas. “Por eso es que ser estrictos en la tolerancia respecto al consumo de alcohol es esencial: cero es cero y no hay margen de duda”, señala Héctor Suárez, director del Observatorio Nacional de Drogas, en el informe de la OPS.
En este sentido, Maristela Monteiro, especialista y asesora en alcohol del organismo internacional, agrega que “en general” las personas no pueden estimar la cantidad que tomaron y que sería un “error” volver para atrás. “La ciencia no cambió y los efectos alcanzados fueron positivos, pero asimismo la normativa cambia para el sentido contrario”, declara para el informe.
Un mercado sin cambios
Cuando Botana reavivó el debate sobre la reglamentación vigente, la senadora nacionalista Carmen Asiaín dijo que había pensado proponer una iniciativa similar porque el 0,3 es un “límite razonable”. Y su posición fue compartida por otros políticos de la coalición de gobierno. Pero Botana y Uriarte le agregaron un componente más al debate: dijeron que era una “necesidad” del sector viticultor.
Frente a esta postura, la OPS sostiene en su nuevo informe que la industria “no sufrió” un efecto negativo. Por el contrario, en Uruguay creció el consumo de vino, una tendencia atípica si se compara con los productores a escala mundial. “No hay una correlación entre la puesta en marcha de la ley del año 2015 y lo que sucedió con la venta de consumo de vino en Uruguay”, señaló Fernando Machado, director del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, consultado para el estudio. A su criterio, la adaptación de la norma entre los uruguayos debería de ser un motor de “orgullo” y un factor que contribuya a “avanzar” hacia la disminución de la tolerancia de otras drogas psicoactivas.
Además, el informe señala que la vuelta a la situación previa al 2015, donde aún se permitía manejar con bajos niveles de alcohol en sangre, afectaría los derechos de la población. Alejandro Morlachetti, asesor legal de la OPS, asegura que la ley otorga “una mayor protección a las personas” y la reglamentación sustituta podría suprimir las ganancias conquistadas. Eso, agrega, “debilitaría” la respuesta estatal.
