La trata de personas está “naturalizada” y crece en Uruguay “porque hay tipos que pagan por eso”, dice la diputada Lustemberg

Para la legisladora, que acaba de lanzar su agrupación Participar, Articular, Redoblar (PAR), es fundamental que se apliquen sanciones duras. Esto debe abarcar a quien maneja la red que explota a las personas, en su mayoría mujeres, y también a los que consumen sus servicios, porque “como está naturalizado se sanciona muy poco en este país”.

La trata de personas es definida por la legislación como la “captación, el transporte, el traslado y la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, el fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”. Y las formas de explotar incluyen la prostitución obligada, los trabajos forzados, la esclavitud y la extracción de órganos.

La secuencia más común pasa por tres etapas. El reclutamiento, el traslado y la explotación. Primero se capta a la víctima con anuncios en diarios, referencias de amigos o familiares y contactos por Internet ofreciendo viajes, oportunidades de trabajo en otros países o chantajes con noviazgos. Cuando el engaño no funciona puede aparecer el secuestro. Luego la víctima es trasladada por cualquier medio posible, sea aéreo, marítimo o terrestre, puede ser de un país a otro o de zonas rurales a las grandes ciudades o zonas turísticas. Y cuando llegan al lugar los explotadores le cobran por el traslado y para poder iniciar el trabajo, lo que le genera una deuda a la víctima. Le retienen los documentos como garantía y comienza el chantaje y las amenazas a la persona y su familia.

La explotación sexual es la forma más común de trata de personas a escala mundial. De acuerdo a datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 137 países se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 nacionalidades diferentes. En Europa es uno de los negocios ilícitos que más dinero genera, unos beneficios económicos de US$ 3.000 millones cada año, y que saca rédito de la población más vulnerable. Son datos a los que recurre Lustemberg para fundamentar su posición.

Uruguay es parte del problema. Si bien en el país no hay estadísticas oficiales que revelen la magnitud del tema, los casos abundan. El Servicio de Atención a Mujeres en situación de trata atendió entre 2011 y 2015 a 256 personas —245 mujeres y 21 hombres—. Entre ellas, 145 eran dominicanas y otras 62 uruguayas, pero también figuraban personas de nacionalidad suiza, china, alemana, marroquí, peruana, salvadoreña, brasileña, colombiana, nigeriana y paraguaya, según los datos de Lustemberg.

En 2010 la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Joy Ngozi Ezeilo, dijo que “la trata de personas existe en Uruguay, pero sigue siendo un fenómeno invisible para las autoridades y el público”. Y agregó que el gobierno tiene “pocos conocimientos o competencias para detectar los casos”.

Y al año siguiente, en 2011, el Informe sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Uruguay, elaborado por Cristina Prego, detalló que en el país hay “origen, tránsito y destino de trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial”. La investigación identificó que el problema estaba en todo el territorio del país, pero específicamente en la zona fronteriza con Brasil por tierra y con Argentina por agua. Y que las víctimas eran mujeres en general de entre 18 y 30 años, aunque cada vez aparecían más casos de menores.

El último informe oficial indica que en 2017 el Ministerio de Desarrollo Social brindó asistencia a 172 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. “De los cuales, además del seguimiento de los casos detectados en años anteriores se contó con el ingreso de 71 nuevos casos”, dice.

A su vez, según datos del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, en 2017 hubo 356 casos de menores víctimas de ese delito, 20 más que en 2016. En lo que va del año son cerca de 120 casos, dice Lustemberg.

La diputada y ex subsecretaria de Salud, asegura que este tema tiene que tomar mayor visibilidad y ganar espacio en la agenda pública, porque “es la punta del iceberg de desigualdades”. Es un “fenómeno que cada vez se expande más”, advierte.

“Es gravísimo lo naturalizado que está el tema”, dice la líder de PAR, y por eso insiste en remarcar que “los que lo consumen no son personas enfermas”, sino que son ciudadanos “como cualquiera de nuestros vecinos”, que lo eligen con conciencia.

El proyecto de ley que discute el Parlamento, en el que trabajó la senadora Daisy Tourné, pretende crear el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, de integración público-privada, para diseñar un plan nacional sobre el tema. Y también desarrollar el Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotación de Personas para centralizar toda la información. Y se incorporan nuevos delitos no previstos, como la esclavitud sexual, la prostitución y el matrimonio forzados.