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Para 2016 y 2017 la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prevé realizar una obra nueva por semana y a partir del 2018 subir el ritmo a dos por semana. El 25% de las obras serán para nivel inicial, el 28,9% para primaria, el 40,4% para media y el 5,7% para formación docente. El objetivo es ambicioso y va en línea con el pensamiento de Wilson Netto, quien desde su llegada a la presidencia del Consejo Directivo Central (Codicen), en 2012, fijó como prioridad encontrar una solución a la situación edilicia de los centros de enseñanza del país.
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Si los pronósticos se cumplen, para el final del quinquenio habrá 439 centros de enseñanza nuevos, muchos de los cuales deberán financiarse por fuera de los fondos de la ANEP, ya que el presupuesto que le asignó el Poder Ejecutivo es insuficiente. Por eso esperan construir 165 de esas obras (el 38%) a través de contratos de participación público-privada, un mecanismo que genera dudas a jerarcas, dirigentes sindicales e integrantes de la oposición, entre otras razones por la lentitud con que se ha desarrollado en Uruguay desde que se estableció en 2011.
“Va a ser realmente difícil alcanzar esas cifras con un modelo que está en ensayo, que no sabemos muy bien cómo se puede operar y cómo puede resultar. Hay muchas más incertezas que certezas, el panorama es de incertidumbre”, afirmó a Búsqueda Daniel Guasco, consejero del Consejo de Educación Secundaria.
La mirada de Guasco es compartida por los gremios de enseñanza. El 28 de setiembre, una delegación de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. “Nos preocupa el área de inversiones y la nueva modalidad de participación público-privada que se ha planteado. Todavía no tenemos claro en qué consiste y bajo qué parámetros se va a llevar a cabo”, señaló José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).
El mismo día, un rato antes, también mostró su discrepancia ante el Parlamento la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, que expresó su “preocupación ante la intención de impulsar y promover obras” a través de contratos de participación público-privada. “Nos preocupa que por esta vía se intente mantener sin aumento el déficit fiscal, ya que al no ser el Estado quien destina estos fondos, los mismos no figuran como pasivo”, sostuvo en una declaración.
“Esas mismas dudas tenemos nosotros, no solamente yo sino el mismo Consejo de Educación Secundaria, más después de este presupuesto tan pobre que presentó el Poder Ejecutivo”, admitió Guasco. “Existe la expectativa de parte de algunos de que hay inversores, pero más allá de la expectativa se tienen que alinear varias cuestiones, como que además de que esté el dinero el mecanismo sea eficiente, más en un país tan pequeño donde los requerimientos son para otro tipo de construcciones o para otro tipo de inversiones”.
Eso o nada.
En su exposición de motivos, el proyecto de Ley de Presupuesto 2015–2019 que presentó el Ejecutivo señala que al replicarse anualmente durante este período los montos de línea de base de inversiones en la ANEP, se está asegurando la realización de gran parte de la nueva infraestructura que el organismo considera necesaria para cumplir sus metas prioritarias.
Agrega que, además de esos montos, para el resto de la infraestructura requerida “la ANEP podrá contar con el instrumento de participación público-privada”. De todas formas aclara que este mecanismo, a causa de los tiempos involucrados para su implementación, recién se podrá realizar para los últimos años de la actual administración.
La línea de base que la ANEP planea destinar para infraestructura asciende a $ 2.389 millones, el presupuesto con el cual ya contaba. El organismo solicitó un incremento al final del período que ronde los $ 9.000 millones para ser destinados a obra nueva, ampliaciones, mantenimiento correctivo y mantenimientos menores de índole preventiva.
El total de ese dinero permitirá la concreción de las 439 obras que se distribuirán entre 2016 y 2017 a razón de una por semana y de a dos por semana de 2018 en adelante. De ellas, 274 serán realizadas con la línea base ya asignada y 165 a través del mecanismo de la participación público-privada.
Para Guasco, “el Codicen estuvo bien y trabajó bien el tema” de aceptar la modalidad público-privada, porque para alcanzar los objetivos edilicios previstos “es eso o nada”. De todas formas considera que, aunque “hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con los fondos previstos” (como ampliaciones y el mantenimiento correctivo y preventivo), “va a ser más difícil sustituir liceos que están para caerse o hacer liceos nuevos”.
La poción mágica, la fórmula milagrosa.
La participación público-privada centró el largo debate que, dos semanas atrás, oposición y oficialismo tuvieron en la Cámara de Senadores durante la comparecencia en comisión general de Netto y la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.
“¡Los números no dan! ¡No dan! Y como no dan, el Poder Ejecutivo y la ANEP acudieron a una solución aspiracional, mágica. ¡Es mágica! Y se llama PPP. ¿No tengo plata? PPP. ¡Es bárbaro! ¡Ahora van a ver! Todo lo que no pueden cumplir con fondos propios: PPP. Es soplar y hacer botella. No quiero pinchar el globo a nadie, pero las cosas no son tan simples. Se nos presenta un plan de obras que se juega a la PPP. ¡Ojalá sirva! ¡Es la poción mágica, la fórmula milagrosa!”, ironizó el senador nacionalista Jorge Larrañaga, quien le pidió a Netto que especifique los avances y proyectos concretos sobre participación público-privada.
“En términos generales nos proponemos avanzar en obras. Un total de 165 obras de las 439 estarán en ese formato en el que venimos trabajando y formándonos para poder aplicarlo de mejor manera”, fue parte de la respuesta del jerarca que generó una nueva intervención de Larrañaga: “Pero mire que el tiempo se le va, y va a tener que juntar privados a rolete para que por PPP pueda ejecutar el 38% de la tortita en naranja que le quedará al descubierto cuando se le caiga la túnica”.
Finalmente, fue la ministra Muñoz quien intentó ofrecer seguridad sobre la situación. “Creemos que las empresas privadas nacionales son solventes y lo seguirán siendo. Además, existe interés en plaza para que se puedan utilizar mecanismos de este tipo”.
