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La violencia “inédita” de un grupo criminal generó alarma en el Poder Ejecutivo y provocó una reacción rápida para evitar “contagio”
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La Toto circulaba en moto por los pasillos de Los Palomares, mientras gritaba órdenes y en cada mano blandía una nueve milímetros. Acababan de tirotearse con Gerardo Lalo Algorta y, pese a que uno de sus pistoleros —un adolescente de 14 años— había caído muerto, la victoria fue absoluta: un rival en la lucha por el mercado de drogas tuvo que huir del lugar y en el camino, dejó un arsenal que fue recuperado por la Policía. Ese 25 de setiembre fue un día importante para la banda de Los Chingas.
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Con el camino despejado, la organización comenzó a operar con una impunidad que las autoridades no habían visto antes. Mediante amenazas y violencia desalojaban a vecinos de Casavalle, ocupaban sus viviendas, las vendían o alquilaban a otras personas, las usaban como bocas de drogas y depósitos de armas. Vendían los muebles y las ropas que los desplazados dejaban atrás.
Una vez a la semana quemaban en una esquina aquello que no habían podido colocar en el mercado negro. Era una cuestión práctica y también una señal.
En un lapso de dos meses, Los Chingas expulsaron de sus viviendas a unas 200 personas y tomaron 60 casas.
La dinámica del barrio, escenario frecuente de enfrentamientos y homicidios entre narcos, empeoró aun más. El grupo controlaba el acceso a la plaza, el servicio de Salud Pública estaba casi paralizado y las escuelas públicas de la zona registraron una deserción masiva de estudiantes. En el turno vespertino, el porcentaje de inasistencia alcanzó el 83% y las autoridades decidieron adelantar el fin de curso. Pocos querían que sus hijos salieran de casa.
“El proceso”.
Al final de la tarde del lunes 18, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dio el discurso en el acto aniversario de la Policía Nacional. Denunció la existencia de “enclaves territoriales” en los que hay una “disputa de la legitimidad del Estado” y una “puja por el control del territorio a cargo de grupos vinculados al crimen organizado”. Bonomi planteó la necesidad de “generar un shock de ciudad y de inclusión social” en esas zonas como forma de revertir el proceso.
Tabaré Vázquez seguía el discurso desde primera fila como señal de apoyo a su ministro. La intervención no traía novedades para el presidente, ya que Bonomi había hecho un planteo similar en las últimas reuniones del gabinete. Vázquez sabía también que la descripción enunciada por Bonomi calzaba perfecto con lo que sucedía en Casavalle y Los Palomares, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. Las actividades de Los Chingas eran por entonces un tema de Estado.
Antes de comenzar su discurso, Bonomi estaba al tanto de que tres fiscales ya habían firmado decenas de órdenes de allanamiento para habilitar el operativo Mirador.
“Mirada conjunta”.
Los fiscales Juan Gómez (Homicidios), Mónica Ferrero (Estupefacientes) y Enrique Rodríguez (Delitos Económicos y Complejos) trabajaban en distintas investigaciones, cada uno en su área de especialidad. Pero los nombres y las pistas a seguir se cruzaban de un delito a otro.
Amparados en el nuevo Código del Proceso Penal, que pone en manos de los fiscales la investigación, las autoridades resolvieron que se unificaran las tareas y se coordinara junto con la Policía. “Buscamos tener una mirada conjunta sobre la situación, y no quedarnos en la investigación de cada caso particular”, declaró a Búsqueda el fiscal general, Jorge Díaz.
Hubo tres reuniones de trabajo, en dos de las cuales también participaron Díaz y el director de la Policía, Mario Layera. En paralelo, Bonomi mantenía informado al presidente Vázquez y discutía el tema con otros ministros.
Las autoridades consideraban que había que actuar cuanto antes. En el Ministerio del Interior querían “cortar” rápido la dinámica de ese grupo porque la consideraban una de las “situaciones de seguridad más delicadas” enfrentadas hasta el momento, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. Temían un “efecto contagio” y que la conducta se replicara en otras zonas.
“La conducta de este grupo criminal era inédita en Uruguay”, explicó Díaz.
“El clan”.
Casavalle amaneció rodeado el miércoles 20. Las entradas y salidas al barrio estaban controladas por piquetes policiales que exigían documentación a cada persona. El operativo Mirador movilizó a 600 policías para desarrollar 68 allanamientos.
No fue un “megaoperativo” como los que aplicó el ministerio durante el gobierno de José Mujica. “Esto fue un operativo para descabezar a un grupo, a un clan familiar”, aclaró uno de los informantes.
Los investigadores sostienen que la estructura organizativa de Los Chingas, armada en torno a tres generaciones de una familia, sufrió un “golpe mortal”. Los dos jefes que comandaban las extorsiones y dos “coordinadores” encargados de llevarlas adelante fueron enviados a prisión preventiva después de ser detenidos en el operativo. Los fiscales aprobaron nuevas órdenes de captura para otros integrantes de la banda.
Los allanamientos permitieron localizar un laboratorio para procesar droga e incautar cinco kilogramos de cocaína en estado puro, marihuana y varias armas de fuego.
Más allá de los resultados puntuales, este operativo debe ser tomado como ejemplo para las próximas investigaciones, afirmó Díaz.
Comprensión.
Apenas asumió el cargo de director de Policía, en marzo del 2010, Julio Guarteche logró que las autoridades del ministerio incorporaran aspectos centrales de su diagnóstico sobre la situación de seguridad. En algunas zonas del área metropolitana, afirmaba Guarteche, se estaba desarrollando un proceso de “feudalización”, por el cual “señores feudales” le disputaban al Estado el control del lugar. Su objetivo era crear áreas liberadas en las cuales desarrollar las actividades criminales y vivir en calma.
En el ministerio opinan que el caso de Los Chingas es un ejemplo paradigmático de ese proceso, dijeron los informantes. Así lo transmitieron sus autoridades en las últimas semanas dentro y fuera del gabinete.
Pese a que Guarteche, fallecido en 2016, decía que era necesario tener una “percepción compartida de la amenaza”, ese discurso de la “feudalización” casi no había ganado terreno más allá de los muros del Ministerio del Interior. Al menos hasta ahora. “Se está empezando a comprender el fenómeno de territorialización del crimen organizado”, opinó el fiscal Díaz.
