Los legisladores de la coalición de gobierno que integran la Cámara Alta tendrán una misión adicional, además de la de levantar su mano para darle aprobación al proyecto enviado por el gobierno: deberán cerrar las heridas que dejó en la interna del oficialismo el tratamiento de este proyecto en Diputados, que son, a juicio de un legislador nacionalista, mucho mayores a las generadas en leyes presupuestales anteriores.
La Rendición, que a priori tenía menos puntos polémicos que la que ingresó el año pasado, terminó con reproches y acusaciones entre integrantes de los principales socios, e incluso a la interna de algunos de ellos. La eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, dinero que se destina a la Universidad de la República (Udelar), terminó siendo el disparador de las molestias en la Cámara de Representantes. Las palabras del colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) durante la votación del artículo, el viernes a la madrugada, reflejan los resultados de este proceso: “Este incumplimiento no le hace muy bien a la coalición (…). Logramos acuerdos a favor del país y siento que algunos acuerdos no se han cumplido, y eso me genera un enorme dolor. Estuvimos presentes aquí, dimos la cara y defendimos nuestros principios y nuestros valores”. La propuesta había alcanzado tan solo 40 de los 94 votos presentes.
La referencia era a Cabildo Abierto y particularmente a su diputado Álvaro Perrone, que había viajado a Panamá el miércoles 17, a la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento Latinoamericano, en una sesión donde se trataba el tema de las reformas de la seguridad social, según explicó el legislador a Búsqueda. Rodríguez asegura que Perrone fue quien se comprometió en nombre de Cabildo Abierto a votar la eliminación paulatina del adicional al fondo. En cambio, el cabildante, que fue sustituido en las negociaciones finales por el coordinador de bancada de Cabildo, Eduardo Lust, considera que el acuerdo estaba vigente solo si se podía garantizar un “flujo constante” a la Udelar.
Álvaro Perrone. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Idas y venidas
Lo que no estaba en discusión dentro de la coalición era el compromiso que habían adquirido los legisladores oficialistas ante el rector de la Udelar, Rodrigo Arim: financiar los ingresos que perdería la universidad de eliminarse el adicional al fondo. Todas las soluciones esbozadas en la Cámara solo preveían recursos para suplir lo equivalente a la eliminación gradual del tributo en el primer año, en 25% (US$ 3,5 millones). El resto de la reducción, de 50% y de 75% para 2024 y 2025 respectivamente, iba a ser tarea del Senado. El nacionalista Jorge Gandini aseguró varias veces que tiene la fórmula para financiarlo, aunque aún no la ha hecho pública.
La propuesta inicial de Rodríguez era utilizar $ 143 millones (US$ 3,5 millones) de las utilidades que el Banco República destina al Fondes para lograr esa financiación durante 2023. Esa idea no pudo sortear el primer obstáculo: la votación en comisión.
En medio de la aprobación del proyecto en la sesión, el director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Blanco, le solicitó a la bancada nacionalista que pida un cuarto intermedio, para informar que la iniciativa no contaba con el aval de la cartera, por lo que habría que buscar una forma adicional de financiamiento.
La alternativa llegó con el proyecto ya votándose en el plenario de la Cámara, por iniciativa del Partido Nacional y, según pudo saber Búsqueda, esta vez sí con el aval del MEF. Se proponía financiar a la Udelar con la recaudación del 20% del adicional del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, actualmente dirigido al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), pero con un tope de hasta de $ 143 millones.
Rodrigo Arim durante la Comision de Presupuesto y Hacienda para tratar la Rendicion de Cuentas de la Universidad de la Republica. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Pero nuevamente la oposición vino desde el Ejecutivo, aunque no precisamente del MEF. El miércoles en la tarde, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, pidió una reunión con la bancada colorada para transmitirles de primera mano su malestar con la decisión, bajo el argumento de que indirectamente se estaban incrementando tributos al sector agropecuario.
En la bancada, Mattos logró alinear a la bancada de Ciudadanos, cuyo peso (8 diputados) obligó a Rodríguez a buscar una nueva alternativa. A la vez, otros actores también entraron en juego. Horas antes, el senador nacionalista Sebastián Da Silva recurrió a las redes sociales y los medios para atacar la propuesta. También se sumó el diputado colorado Juan Moreno, que escribió en Twitter: “Lamentamos que siempre la primera idea que se ocurre es sacarle al motor del país”.
Las apariciones de Mattos y de Da Silva provocaron molestias en la bancada nacionalista. Al senador se lo cuestionó por incidir en la discusión de un proyecto que no se encontraba en su Cámara, y al ministro por reunirse únicamente con los legisladores colorados y realizar declaraciones a la prensa, de forma inconsulta con el resto de la coalición.
En el oficialismo hay legisladores que describen lo sucedido como la activación de un “lobby” agropecuario, que además de a los legisladores y al ministro, incluyó al presidente de la Asociación Rural, Gonzalo Valdés. En contrapartida, los impulsores de la propuesta manejaban información del INIA que les hacían pensar en una mayor contribución del organismo paraestatal: un superávit de $ 450 millones en 2021, $ 871 millones de flujo de efectivo al cierre de ese año y $ 658 millones en depósitos a plazo fijo, según los datos de la Rendición de Cuentas.
De poco sirvió la nueva redacción que elaboró Rodríguez para obtener la financiación a la Udelar, nuevamente, a través del Fondes. En la mañana del jueves, el coordinador de bancada de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, transmitió en una reunión de legisladores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se estaba realizando en el despacho del secretario redactor de la Cámara, Fernando Ripoll, que su partido no votaría la iniciativa, sin importar cuál fuera la fuente de financiamiento.
El presidente de la comisión, Álvaro Rodríguez Hunter, y Gonzalo Mujica intentaron convencerlo de no “cerrarse”, pero los esfuerzos fueron en vano. La iniciativa naufragaría sobre el amanecer del día siguiente, sin los votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, ni de algunos legisladores colorados que ya habían anunciado su negativa.
Conrado Rodriguez. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Fuego cruzado
Una vez caída la propuesta, los colorados se sintieron “liberados” para analizar “jurídicamente” un tema que había sido incluido por Cabildo durante el tratamiento del proyecto en la comisión: un “Fondo de Vivienda para el Personal del Ministerio de Defensa Nacional”, administrado por la propia cartera. El artículo, dijeron desde el partido, no tenía fondos para el 2023 y su formulación jurídica tampoco convencía, en la medida que no dependía de Vivienda. Sin el apoyo colorado, la propuesta cabildante también quedó por el camino.
“Un lío que era entre colorados nos lo trasladaron a Cabildo”, describió un legislador cabildante, que aseguró que las relaciones con este partido pasan por su peor momento y están deterioradas con los dos sectores, tanto con Ciudadanos como con Batllistas.
La situación se da en paralelo a un debate sobre la renovación de los cargos de los organismos de contralor, que tiene a Cabildo Abierto enfrentado con el Partido Colorado por la integración de la Corte Electoral, con acusaciones de obstaculizar adrede el recambio.
El lunes, en una reunión de coordinación interpartidaria previa a la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian aprovechó la ocasión para insistir con la aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos. El representante de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo que no tenía problema en darle curso al proyecto siempre y cuando se renovara la integración de la Corte Electoral primero, lo que le permitiría a su partido tener un lugar en el organismo.
Lozano hizo referencia a un acuerdo que hubo anteriormente entre frenteamplistas, blancos y cabildantes para acelerar el tratamiento del proyecto de financiamiento de partidos, que fue rechazado por el Partido Colorado, y emplazó a esta colectividad política a cambiar su postura. Según dijo a Búsqueda, “no se puede resolver esto porque el Partido Colorado no resuelve su postura y aparentemente quiere cuidar su cargo en la Corte Electoral”.