En 2019, algunos temas relacionados con la vejez ocuparon párrafos en los programas partidarios y minutos en los discursos de campaña.
En 2019, algunos temas relacionados con la vejez ocuparon párrafos en los programas partidarios y minutos en los discursos de campaña.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáPor fuera de los planteos para reformar la seguridad social, el frenteamplista Daniel Martínez aseguraba que, si era electo presidente, subiría las jubilaciones mínimas y restablecería el aguinaldo a los pasivos, una propuesta propia del “realismo mágico” y sin sustento fiscal en opinión de su rival, Luis Lacalle Pou. El postulante blanco, respaldado por sus socios de la coalición multicolor, también hacía promesas: si llegaba al despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva bajaría el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), algo que Mario Bergara, presentado como ministro de Economía de un eventual gobierno del Frente Amplio, tildaba de “demagógico” porque buscaba “dar un mensaje a una población que electoralmente es importante, como son los pasivos”, pese a que no iba a “efectivizarse”, sostuvo en la diaria pocos días antes del ballotage.
Lacalle Pou ya había cuestionado el IASS cuando aspiró a la presidencia en 2014, pero entonces hablaba directamente de derogarlo por considerarlo injusto con los “abuelos que agacharon el lomo. Lamentablemente, todos conocemos a gente que por jubilarse sufre que sus ingresos bajen a la mitad, justo en la edad en la que se necesitan más cuidados y más remedios”, alegó en un mitin de campaña en Minas.
En 2019, el documento Compromiso por el país, el acuerdo programático firmado por él y por Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novik (Partido de la Gente), enuncia lo siguiente: “En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS”. Empezando el anteúltimo año de su presidencia y con las elecciones del 2024 despuntando en el horizonte, Lacalle Pou comunicará hoy, jueves 2, cómo se implementará aquella promesa de campaña. En eso vienen trabajando desde hace algunas semanas en reserva los técnicos y jerarcas del área económica del gobierno en consulta con el mandatario; además del alivio para los contribuyentes alcanzados por las franjas más bajas del IASS, el presidente informará rebajas en el IRPF (que grava las rentas de los trabajadores activos) y probablemente alguna medida tributaria adicional. Las autoridades creen que, por su contenido, será un anuncio con impacto en la opinión pública.
El IASS nació con una ley (18.314) votada en 2008 por el primer gobierno de Tabaré Vázquez, después de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional gravar las pasividades con el IRPF.
Son unas 750.000 personas las que anualmente cobran pasividades. Pero, en 2021, casi tres de cada cuatro (74%) estuvieron exentas del IASS porque no llegaron al mínimo imponible, establecido en 96 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC, hoy en $ 5.660); eso son, actualmente, $ 543.360 anuales o $ 45.280 mensuales.
Los pasivos que por superar ese piso de ingreso pagaron el tributo fueron 197.611 en 2021, surge de datos entregados a Búsqueda por la Dirección General Impositiva (DGI) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
El impuesto grava los ingresos por jubilaciones, pensiones y prestaciones independientemente de su naturaleza contributiva o no pagadas por instituciones públicas y privadas en el país (el Banco de Previsión Social —BPS—, las cajas paraestatales, los servicios de pasividades de militares y policías, etcétera). A cuenta de la liquidación anual, se hacen retenciones de los anticipos mensuales aplicadas sobre tres franjas determinadas en función de las BPC. Superado el ingreso por pasividad que está exento, las tasas son las siguientes: por más de 96 y hasta 180 BPC ($ 1.018.800, que son $ 84.900 al mes), 10%; por encima de las 180 y hasta 600 BPC ($ 3.396.000 al año, $ 283.000 mensuales), 24%; y lo que supera las 600 paga una alícuota de 30%.
Según los datos informados por la DGI, fueron 120.391 los contribuyentes alcanzados a la tasa de 10%, 74.865 al 24% y 2.355 al 30%. Las proporciones fueron similares en dos años anteriores a 2021 (ver cuadros).
La franja gravada al 24% es la que más recaudación generó: fueron $ 11.619 millones en 2021, en un producido global por el IASS de $ 15.355 millones (incluido el adicional creado temporalmente para financiar gastos ante la pandemia de Covid-19). Este monto total equivale a US$ 353 millones convertidos al tipo de cambio promedio de ese año. Significó 3% de lo que recaudó la DGI por la totalidad de los tributos.
El anuncio que hará hoy el presidente ante la Asamblea General fue precedido de discusiones políticas y técnicas acerca de la oportunidad desde el punto de vista de la situación fiscal de dar rebajas tributarias y, por otro lado, si el gobierno debiera priorizar a los niños en vez de a la tercera edad gravada con IASS (y a los trabajadores alcanzados por el IRPF).
Según la medición por el método del ingreso hecha por el Instituto Nacional de Estadística, las personas mayores de 65 años eran el 2,1% de los pobres, es decir, aquellos que no podían solventar una canasta básica de bienes y servicios cuyo costo (la “línea de pobreza”) mensual rondaba los $ 12.800 en diciembre de 2021. El 38% del total de pobres en Uruguay —cerca de 380.000— eran niños de entre 0 y 12 años.
El ingreso mínimo mensual por pasividad a partir del cual en 2021 se pagó el IASS ($ 39.771) triplicaba aquella “línea de pobreza”. Dicho de otro modo, no hubo pobres —por este método— entre quienes efectivamente tributaron el impuesto. Además, 2.355 jubilados y pensionistas llegaron a pagar por el tramo más alto de su ingreso (por encima de los $ 283.000 mensuales) la alícuota máxima de 30%.
Otra información entregada por la DGI fue la cantidad de perceptores de pasividades —de cualquier monto— por instituto; figuran en esa estadística como “contribuyentes”, aunque, como se dijo, la gran mayoría estuvieron exentos, ya que su ingreso fue inferior a $ 39.771 al mes. Siempre refiriéndose a 2021, la oficina cobradora de impuestos también indicó cuánto fue lo recaudado por IASS a través de cada uno de esos organismos previsionales: $ 6.660 millones provinieron del BPS, $ 3.063 millones, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, $ 2.203 millones procedieron de la llamada “caja militar” y $ 1.902 millones, de la Caja de Profesionales Universitarios (ver cuadro).