Las AFAP se muestran dispuestas a financiar obras, aunque el proceso de evaluación de los proyectos puede demorar años

Ejecutivos de las AFAP consultados por Búsqueda dijeron no haber tenido comunicación con el gobierno sobre su posible participación en el emprendimiento.

“A cada rato sale el tema. Hay un poco de desconocimiento de los procesos de inversión”, opinó la gerente de UniónCapital y presidenta de la Asociación Nacional de Administradoras de Ahorro Previsional, María Dolores Benavente. Recordó que, previo a la crisis de 2002, se propuso que las AFAP compraran las vacas infectadas con aftosa.

“En una de las primeras emisiones que se hicieron en unidades reajustables (moneda en la que calzan las jubilaciones) el gobierno estaba convencido de que íbamos a comprar (los papeles) y no lo hicimos. Acá pasaron dos crisis, 2002 y 2008, y no pasó nada. Son propuestas que se hacen. Es desconocimiento”, agregó.

“Hemos visto un aumento del dinamismo del mercado de capitales, y todo de forma prolija. Las empresas públicas han tenido cuidado en seguir los mecanismos legales y regulatorios. Se han adaptado a las reglas de funcionamiento. Otra cosa es el discurso”, opinó la directora de República AFAP, Jimena Pardo.

Parámetros de inversión

La ley 16.713 creó el sistema mixto de seguridad social sobre la base de dos pilares: uno de solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social y otro en el cual las AFAP se encargan de invertir los aportes jubilatorios que hacen los afiliados en títulos bursátiles u otros activos, buscando obtener ganancias que redunden en mejores pasividades futuras de cada uno.

Desde el año pasado, según una ley que además habilitó la desafiliación a personas de ciertas edades, las AFAP organizan las inversiones en dos portafolios o fondos (acumulación y retiro) y no ya uno solo. Cada fondo tiene sus reglas: el de acumulación permite adquirir valores de empresas privadas o fideicomisos financieros, y el de retiro está pensado para los mayores de 55 años y contiene papeles (fundamentalmente del gobierno) con menos riesgo y plazo.

En junio las AFAP tenían 1,3 millones de afiliados y 8% estaban en el fondo de retiro (U$S 1.500 millones).

Según datos a esa fecha difundidos por el BCU, las administradoras tenían casi U$S 1.120 millones invertidos en títulos de deuda de empresas estatales y privadas nacionales, así como fideicomisos. Se trata de casi 12% del fondo de acumulación.

“No solo vamos a invertir en infraestructura sino que hemos invertido en forma contundente. (…) Todo lo que cumplió con los requisitos ha sido acompañado por los fondos, que compraron no menos del 90%”, dijo Ignacio Azpiroz, gerente de inversiones de UniónCapital. “Nos encanta y lo vamos a seguir haciendo porque calza perfectamente en riesgo, retorno y plazo con los fondos de pensión. En la medida en que haya oferta va a seguir pesando de forma importante. Ahora no es tanto porque todavía no hay oferta suficiente”, agregó.

La ley permite a las AFAP invertir hasta 50% del fondo en valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas; en certificados de participación, títulos de deuda o títulos mixtos de fideicomisos financieros locales, y en cuotapartes de fondos de inversión domésticos. A junio este límite era de U$S 4.761 millones.

“Si bien ese es el potencial del sistema, está lejos de ser el óptimo. Por más que vengan proyectos espectaculares no vamos a poder invertir 50% porque no sería saludable en términos de riesgo. En Perú, Colombia o Chile no se supera el 20% del portafolio. Estaríamos hablando de más de U$S 2.000 millones”, agregó Azpiroz.

“Simplemente se puso un tope alto para que no haya restricciones. Pero nadie hizo la evaluación de si hay que llegar al 50%, si eso es aconsejable”, explicó Juan Montero, gerente de inversión de la AFAP Sura. “Además se permiten diferentes tipos de inversiones. Hay bonos corporativos como Conaprole, Isusa, o Fanapel, que salen cotidianamente a bolsa. También acciones, si es que se desarrolla ese mercado en Uruguay. Se permiten fideicomisos, que generaron distintos instrumentos como renta fija en el caso de mutualistas, o mixtos u otros que son renta variable y son como acciones”, agregó.

Mientras que las tres administradoras privadas tienen un promedio de 8% en títulos bursátiles vinculados a proyectos de desarrollo productivo, en República (de capitales estatales) llega a 15%. Las AFAP privadas prefirieron no participar de algunos emprendimientos vinculados a tierras y actividad forestal por su elevado precio, señalaron fuentes del sector.

El fondo previsional está invertido en acciones en la terminal y shopping Tres Cruces, de Fanapel e Industria Sulfúrica. También en obligaciones negociables de Zonamerica, de Conaprole, del Aeropuerto de Carrasco, de la empresa explotadora del Hipódromo de Maroñas, del Hotel Conrad y la Corporación Vial del Uruguay, entre otros. Las AFAP participaron en los fideicomisos de Creditel, Casa de Galicia, Torres del Nuevo Centro, Asociación Española, Pronto!, así como los vinculados al transporte urbano y suburbano, la ampliación de Batlle y Ordóñez o los fondos lechero y arrocero, entre otros. Hoy jueves 23 se emite el fideicomiso CasasUru por U$S 16 millones vinculado a la construcción de viviendas de interés social, en el que las AFAP tienen interés en invertir.

De papeles públicos, las administradoras compraron títulos de UTE, del Banco Hipotecario, las Intendencias de Canelones y Rivera, y un fideicomiso departamental. Ayer, miércoles 22, tuvieron la aprobación del BCU para comprar las obligaciones negociables de Unidad Punta de Rieles, la sociedad que realizará una cárcel bajo el régimen de participación público-privada.

La mayor parte de los ahorros previsionales, sin embargo, están en títulos del gobierno, un sesgo alentado por la propia normativa. Poco más de 60% del fondo de acumulación y 83% del de retiro está invertido en Bonos, Notas y Letras de Regulación Monetaria. También se adquirieron papeles de organismos internacionales de crédito o de gobiernos extranjeros de bajo riesgo (12% en acumulación y 3% en retiro). Además, U$S 1,9 millones del fondo de acumulación está en lo remanente del fideicomiso Cerro Free Port que se creó en 2007 como una compensación del Estado a la empresa que iba a explotar el polo logístico de Puntas de Sayago.

Proyectos “afapeables”

Según la ley, para que un título pueda ser comprado por las AFAP — “afapeable” en la jerga del sector— debe cotizar en un mercado formal (en una de las dos bolsas locales), ser autorizado por el BCU y tener calificación de grado inversor. Según las fuentes consultadas, las operaciones pueden variar entre mínimos de U$S 10 millones a U$S 50 millones, con plazos mínimos de entre cinco y 10 años.

“Son productos que las AFAP se los van a quedar por 15 o 25 años. Son inversiones de muy largo plazo. La calificación de riesgo, la auditoría y los requisitos del BCU son costos que tiene el papel, lo que requiere que tenga cierto tamaño (monto) para diluirlos”, apuntó uno.

“Los títulos de deuda son sencillos. Los más complicados son los certificados de participación (en un fideicomiso) porque estamos comprando el 100% del riesgo de ese proyecto”, explicó uno de los informantes.

Así, que el Antel Arena se financie mediante la emisión de deuda (gubernamental, de un ente o de una empresa) o a través de un fideicomiso supondría un diferente análisis y tiempos de estudio para las AFAP.

Usualmente es el emisor (público o privado) quien manifiesta al departamento de inversiones de la administradora su intención de lanzar un título bursátil. Ya que los proyectos llegan “muy verdes”, allí se aclaran los requerimientos que deberían tener. Con áreas de inversión y de riesgo independientes, cada AFAP hace un análisis de la operación. Esto implica un estudio de los riesgos asociados, la rentabilidad, una evaluación legal y un informe técnico del área en la que se desarrolla el proyecto (inmobiliaria, eólica, forestal, etc.). Para los fideicomisos, por ejemplo, se estudia cuáles serán los ingresos y cómo estos variarán en el futuro.

Para analizar el fideicomiso que financió al parque de molinos de viento de UTE en la localidad de Pampa, por ejemplo, las administradoras contrataron a un experto internacional que les explicara los riesgos asociados a la energía eólica. La empresa estatal pasó menos de un año en conversación con las AFAP.

Con la PPP que financiará la cárcel de Punta de Rieles se mitigaron riesgos de construcción mediante avales bancarios y un estudio jurídico extranjero conformó las garantías que les permitirán a los inversores saber qué pasa, por ejemplo, si hay un motín. El proyecto de Punta de Rieles se trabajó con las administradoras desde mediados de 2014.

“Para analizar un proyecto necesitamos algo pensado. Que ya tenga borradores de contrato, flujos de fondos proyectados, un modelo financiero. Estudiamos si la moneda de denominación es adecuada, para que no sufran un descalce. Que haya una coherencia. Hacemos nuestros comentarios, se incorporan al proyecto y ahí avanza. Por lo general, ponemos mucho cariño a los proyectos, porque en el pasado no había ninguno. En los pocos que había queríamos participar, y la única forma es interferir en la estructuración para tener los resguardos convenientes”, remarcó una fuente.

“Son proyectos que tienen variables financieras, que conocemos y con las que nos sentimos cómodos, pero también tienen variables técnicas. Y no podemos saber de todas las áreas. No es fácil encontrar en Uruguay expertos capacitados y que sean independientes, y por eso a veces contratamos uno entre todos en el exterior. Otras lo hacemos de forma individual. No se trata de pasar información privilegiada, sino tratar de fortalecer el producto”, explicó Montero.

Sura, de capitales colombianos, consulta también con otras filiales. “Nuestros analistas tienen capacitaciones con los equipos de inversiones de México, Chile, Perú y Colombia porque no se trata de que uno invierta en productos muy caros o más flexibles que otros. Hay estándares mínimos y mejores prácticas a compartir en la región”, dijo el ejecutivo.