ENTRE BULLYINGS Y BOLAZOS. No queremos Fuerzas Armadas en alpargatas. Esta semana hemos asistido a la reafirmación más cruda de que el Uruguay está patas para arriba, entre otros temas, en el de la defensa nacional.
Desde el presidente de la República, pasando por el ministro de Defensa y el Consejo de Defensa Nacional hasta las instancias de instrumentación de la doctrina de empleo de las fuerzas militares, su organización, adiestramiento y equipamiento a través de la elaboración de las leyes orgánicas de cada fuerza, está claramente establecido el proceso ampliamente democrático y republicano que en su momento se adoptó para concebir a las FF. AA.
Siete años después, no solo no se conoce nada concreto de las leyes orgánicas mencionadas, Tampoco se tiene noticias de que después de tanto tiempo y más de un período de gobierno exista un plan de trabajo claro del Consejo de Defensa, lo que claramente significa que los mandos políticos no han hecho los deberes.
Lo que sí está claro y bien difundido es que, ignorando aquel proceso determinado por la ley, el mismo mando político de las FF. AA. propone en la ley de presupuesto partirlas al medio.
Inequidades, especificidades y un sinfín de epítetos manejados sin criterio o, peor aún, con mucha ignorancia del tema, conforman grotesca danza. Ahora se discute públicamente los falsos privilegios de los militares en su sistema de retiros, si merecen ser respetados en sus derechos o deben andar de bastón adentro de los cuarteles. ¡Total, no hay guerra!
Con estupor asistimos a estos debates, donde personas que nunca se han calzado una bota opinan sobre las misiones militares, esgrimen panfletarios mantras sobre los crímenes de la dictadura y cientos de desaparecidos de hace medio siglo (esperemos que no lleguen a los treinta mil que se decretó en la Argentina), sin que se llegue a ninguna conclusión que no sea revivir viejos espectros, alejarse cada vez más de las soluciones y agregar perlas al bulliyng sin fin que las FF. AA. están padeciendo hace casi medio siglo por errores del pasado.
Sugiero que apenas evaluemos estos dos pasos:
La participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas de la defensa nacional ha sido amplia. No se involucró quien no quiso y puedo asegurar que muchos de los que no lo hicieron en aquella instancia ampliamente difundida por el Ministerio de Defensa de la época, en este momento son los más entusiastas impulsores de la desarticulación de las FF. AA. a través de la reforma de su servicio de retiros.
Concluido aquel debate y aprobada la ley marco de defensa en el 2010, corresponde a las mismas fuerzas determinar su organización, composición, efectivos y equipamiento, encuadrados en lo que la Ley Marco de Defensa Nacional estableció.
Sus conclusiones constituirán los insumos profesionales esenciales para la Ley Orgánica de cada fuerza, cuyo proyecto debe ser elaborado por el Consejo de Defensa Nacional, presidido por el presidente de la República.
¿Qué avances se han logrado? ¡Ninguno!
El proceso se ha retrotraído a las instancias previas al paso 1, cuando ni siquiera existía ley marco. El gobierno hizo caso omiso al proceso que en ella se establece para definir sus fuerzas militares y, por el contrario, propone destruir los planes de carrera existentes desarticulando su sistema de pasividades.
No hay que ser muy perspicaz para deducir responsabilidades.
El presidente, ungido por el voto popular y reafirmado a través de la Ley Marco de Defensa Nacional como comandante de las fuerzas, es el único responsable por lo que se haga o se deje de hacer en las fuerzas. Es el mismo presidente quien deberá definir si está de acuerdo o no con cumplir la Ley Marco de Defensa Nacional o si por el contario, bajo el pretexto recaudatorio hacia los militares incluido en la Ley de Presupuesto, procura su disolución. ¿Dentro de la ley, todo…?
Desde el año 1998, cuando tomó notoriedad un trabajo del Centro de Altos Estudios Nacionales que predecía estas encrucijadas proponiendo la readecuación de las FF. AA. a los escenarios políticos del siglo XXI hasta la fecha, poco y nada se ha logrado.
Tampoco los mandos militares de la época han mostrado empatía con esas propuestas.
A duras penas y a los empujones se modificó el despliegue territorial y parte de sus estructuras organizacionales, pero la vaca sagrada que constituye el sistema de reclutamiento, clave de este debate sobre las pasividades, fue sistemáticamente soslayado.
Y no por casualidad. Hablar de Fuerzas Armadas profesionales y sustentables significa achicar costos superfluos y reasignar recursos mal empleados. Pero no recaudar.
Advertir que más del sesenta por ciento de su presupuesto se asigna a los magros sueldos de sus efectivos es elemental para comprender que hay que modificar su sistema de reclutamiento y tal vez reducir o ampliar algo.
Cualquiera de las opciones, que las hay, pasan por servicio militar obligatorio, voluntario o una combinación de ambos, pero en todo caso puede representar pérdidas de miles de puestos de trabajo, que más mal que bien llenan el ojo de las estadísticas de desempleo del gobierno. ¿Pero ese viaje quién lo agarra?
Entonces, ¿queremos verdaderamente solucionar el problema del presupuesto militar y reducir la asistencia social a la fuerza? Si así fuera, hace tiempo se habrían encontrado soluciones y las tres botas del par militar habrían sido realmente valoradas.
Terminemos con el verdadero bullying monumental a los militares y la sarta de bolazos sobre la profesión militar a que se está induciendo a la población civil.
El pueblo determinó que se precisan Fuerzas Armadas. ¡Entonces basta de bolazos!
Aquí y en todas partes del mundo los ejércitos son instituciones con especificidades claras. Nadie pierde el tiempo en esas discusiones. Su preparación profesional para asumir la defensa militar así las requiere. Pretender equipararlos a simples empleos públicos es ridículo y deshonesto.
Queremos soldados profesionales. Solo los necesarios pero profesionales.
Eso cuesta y hay que pagarlo. Así lo establece la ley.
Cnel. Arquímedes Cabrera
CI 1.696.931-3
