Cumpliendo con una promesa electoral, a los pocos días de asumir, en marzo del 2020, el Poder Ejecutivo decretó un recorte presupuestal y limitó el llenado de vacantes de personal. Esas y otras medidas de ahorro se pusieron en práctica al mismo tiempo que se produjo un suceso inesperado: el Covid-19 llegó a Uruguay y se declaró una “emergencia sanitaria” que trastocó el funcionamiento de la economía, así como del Estado y su extensión, los organismos que operan como figuras del derecho público no estatal.
El efecto del decreto 90 —que estableció un tope de gasto del 85% respecto al ejercicio de 2019— y las consecuencias de la pandemia están reflejados en los estados contables auditados del 2020 de varias agencias, institutos, fondos, cajas paraestatales, centros y comisiones honorarias de diversa índole analizados por Búsqueda. De los informes contables presentados, cerrados en general al 31 de diciembre del 2020, registraron por ejemplo menores gastos en materiales de oficina al haber adoptado el trabajo remoto u otros que antes no figuraban —como licencias para la plataforma de comunicación Zoom— y el recorte de las plantillas en muchas de estas personas jurídicas de derecho no estatal: en conjunto, a fin del año pasado tenían 6.200 empleados , 266 menos que al cierre de 2019. Esa baja de 4,1% fue mayor a la que hizo el conjunto de la administración central (1,1%), surge de datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Ahorro y pandemia
Un caso paradigmático de cómo sobrellevaron las personas jurídicas de derecho público no estatal el decreto de austeridad fiscal y la emergencia sanitaria puede ser el del Impo (Impresos y Publicaciones Oficiales). “Si bien se preveía una baja en la facturación” de los servicios de campañas de información pública, gestión de impresiones oficiales o la creación de bases institucionales para dependencias estatales ante el “ajuste presupuestal del gobierno”, no “esperaba que dicha reducción alcanzara los niveles a los que llegó”, superiores al 40%. Publicó menos avisos, libros, separatas y ejemplares al comparar con 2019. Para “atenuar en parte el desequilibrio generado por esta baja en los ingresos”, el organismo cortó el pago de partidas flexibles al personal relacionadas con la actividad y el desempeño, a la vez que redujo en cerca de 80% los costos al completar la automatización de ciertos procesos para la edición del Diario Oficial, consta en el informe contable. “Si bien en el corto plazo las actuales circunstancias seguirán teniendo un impacto financiero en las cuentas del organismo, se espera que la evolución de esta situación se revierta y no se afecten de forma significativa los resultados acumulados y las reservas”, añade el documento firmado por su cúpula gerencial. La plantilla del Impo se redujo de 76 en 2019 a 73.
Institutos
El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) tiene la segunda mayor plantilla entre las personas de derecho público no estatal y el año pasado, con 851 vínculos laborales, tenía 15 menos que en 2019.
Para ese organismo, el adicional del cuatro por mil del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) es uno de sus ingresos clave, también porque el Estado debe reforzarle el presupuesto con un aporte equivalente a esa recaudación. Pero en 2020, si bien percibió un 38% más de lo presupuestado por el plus al Imeba (debido a cobranzas del año anterior), la contribución desde Rentas Generales bajó 21%. En su informe indicó que lo último recibido fue “el pago parcial” de la partida de diciembre de 2018, “debiéndose gestionar un desequilibrio en las finanzas”.
En aplicación del decreto 90, el Ministerio de Ganadería autorizó para el Instituto Nacional de la Leche (Inale) una transferencia de $ 22,5 millones en 2020, menor a la del ejercicio anterior; esa partida de Rentas Generales es el ingreso principal de ese organismo. El Inale bajó gastos operativos en el marco de la emergencia sanitaria, por ejemplo, en viajes y locomoción al interior, y en limpieza de sus locales. También en el rubro de personal, pese a que cerró el ejercicio con 11 empleados más.
En el análisis de “riesgos”, el informe del auditor menciona la posibilidad de que el Inale incumpla con las metas acordadas en su compromiso de gestión con el MGAP y que la “subvención es vea afectada”. Una “comisión de seguimiento” fue creada a los efectos de “mitigar” tal situación.
Con su plantilla casi incambiada (34 en 2019 y 33 en 2020), el rubro de retribuciones virtualmente se mantuvo en el ejercicio pasado en el Instituto Nacional de Logística (Inalog). En cambio, redujo gastos en papelería, limpieza y mantenimiento, viáticos y pasajes, así como en “locomoción y estacionamiento”. Con ingresos estabilizados, el resultado positivo del Inalog se amplió al comparar con el ejercicio de 2019.
El superávit en el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) fue en 2020 una tercera parte del que había tenido el año anterior, en parte por menos ingresos operativos en el contexto de la emergencia por el Covid-19. Medidas como la suspensión del uso de salones para capacitación y otros eventos, o la reprogramación de jornadas de formación, fueron situaciones que “tendrán múltiples consecuencias, entre ellas económicas, que a la fecha no es posible cuantificar”, afirma el auditor externo de su balance.
Fondos.
Por la emergencia sanitaria hubo una “reducción significativa” en la cantidad de intervenciones médicas —en particular las cirugías traumatológicas— financiadas por el Fondo Nacional de Recursos, consigna CPA/Ferrere, que auditó sus estados financieros de 2020. En ese ejercicio la plantilla de esta institución bajó de 136 a 126 personas.
Entre las “contingencias”, el auditor del balance del Fondo de Solidaridad aludió a la emergencia sanitaria, si bien “a la fecha no se han observado efectos significativos”: una eventual disminución de los aportes, una mayor morosidad y un incremento de la solicitud de becas “dado el desmejoramiento en la situación económica de algunos hogares”.
Agencias y administración
Entre otras cosas, la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) gestiona el Sistema de Garantía de crédito para empresas reforzado ante la pandemia. Según el informe del auditor, aplicó el trabajo remoto del personal durante algunos momentos, pero la crisis por el Covid no tuvo “impactos significativos” en su actividad.
La Administración Nacional del Mercado Eléctrico (Adme) destinó $ 28,7 millones al rubro “remuneraciones” en el ejercicio pasado. De su informe contable surge que en junio del año pasado pagó un despido por más de $ 1 millón; las salidas de esa y otra persona achicaron la plantilla total, de 21 en 2019 a 19 en 2020.
Un rubro de gasto que recortó la Adme fue en la auditoría externa, que está obligada a realizar con una periodicidad no mayor a dos años. La adjudicación se pasó para los primeros meses del 2021, pero con un gasto de US$ 12.500 y no de US$ 25.000 como se había presupuestado primero. También redujo el gasto previsto en consultorías orientadas a mejorar los modelos y herramientas usadas para el análisis del mercado.
Otro “ajuste” al presupuesto de la Adme presentado al Ministerio de Economía en octubre pasado fue que dio “de baja” gastos en visitas a plantas participantes del mercado eléctrico en Uruguay, así como a administradores y operadores de países vecinos. Lo mismo pasó con partidas para capacitaciones en el exterior que estaban planificadas y en “gastos de representación”. También ahorró en limpieza contratada (ejecutó el 88% de los $ 265.998 presupuestados), ya que a partir de la declaración de la emergencia sanitaria y hasta el reintegro de su personal a las oficinas ese servicio estuvo suspendido. Y por el teletrabajo se trastocaron los números previstos en el rubro “comunicaciones y energía eléctrica”: gastó menos en electricidad y más en telefonía, a la vez que pagó $ 13.042 para usar la plataforma Zoom.
Los “gastos de oficina” en la Adme fueron “mucho menores” a lo presupuestado (desembolsó el 49%), pero hubo un incremento en locomoción debido a que usó más taxi, Uber o servicios de cadetería “por mayor seguridad” del personal. En la línea de “gastos varios” se destacó la compra de protectores faciales de acetato para todos los empleados por $ 6.222.
Por su lado, a fin del 2020 la Agencia Nacional de Investigación e Innovación —ANII— tenía trabajando a tres personas menos que un año atrás (baja de 77 a 74), si bien el gasto corriente en recursos humanos aumentó: fueron unos $ 127 millones.
Centros y Consejo
El Centro Ceibal hizo uno de los mayores recortes de personal el ejercicio pasado: de 516 en 2019 a 457 en 2020. Pese a eso, los gastos en retribuciones y cargas sociales aumentaron, y en parte por ello y a los mayores gastos de mantenimiento de sistemas informáticos, el resultado de su balance tuvo signo negativo. La nota al estado contable referida a los “hechos relevantes” del período alude a la emergencia sanitaria —como un desafío y oportunidad para “lograr fuertes avances en la inclusión de la tecnología al servicio de la educación en forma masiva”— y al decreto 90, que llevó a una “profunda revisión del presupuesto”. Ello derivó en un ajuste de las “líneas de prioridades” que “permitió abatir $ 357 millones en gastos de funcionamiento e inversiones” y redireccionar $ 31 millones.
El decreto de austeridad también afectó al Consejo de Capacitación Profesional (Cocap): la partida que recibe se redujo en 15%, a poco más de $ 6 millones. Además, sus finanzas sintieron el impacto de la emergencia sanitaria ante el “descenso significativo en la venta de los cursos” por la suspensión de las clases presenciales y un “incremento adicional de limpieza e higiene” para prevenir contagios del virus; en contrapartida, lo que ayudó fue una disminución en el rubro “sueldos” por el envío al “seguro de paro” del 63% de los empleados entre mayo y junio, enumera la contadora que auditó su balance del ejercicio pasado. La plantilla del Cocap bajó de 47 a 38.
Por fuera de la problemática que trajo el coronavirus, la suerte del Centro de Estudios Fiscales (CEF) estaba resuelta dentro del plan de ahorros del nuevo gobierno. Nacido en 2011 para asesorar, investigar y capacitar en materia de finanzas públicas, en junio del 2020 se les dio de baja a las seis personas que empleaba y pasó los activos al Ministerio de Economía para su liquidación.
