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En los períodos de gobierno anteriores la Auditoría Interna de la Nación (AIN) compendiaba y publicaba en general una vez al año los informes de auditoría que realizaba en distintas reparticiones públicas. Esa práctica se cambió con la actual administración, y ahora esas auditorías se van divulgando cada pocos días o semanas, a medida que van completando su proceso de elaboración. Son una herramienta útil para los jerarcas involucrados para, a partir de una mirada externa independiente, identificar “riesgos” y corregir el rumbo de la gestión financiera y administrativa interna. Estos informes también son una contribución a la transparencia: le permiten a cualquier ciudadano interesado poder acceder, aunque sea de forma resumida, a los distintos hallazgos que hace la AIN en materia de falencias o incumplimientos normativos.
Durante la última campaña electoral se habló mucho acerca de las auditorías que se harían tras tres períodos de gobierno del Frente Amplio y, seguramente, algunos de quienes votaron a los partidos que hoy ocupan el poder lo hicieron expectantes de que aparecieran “cangrejos debajo de las piedras”. Lo cierto es que, pasados ya casi tres años de gobierno multicolor, los informes de la AIN, incluso los que abarcan períodos dentro de la actual administración, siguen reportando básicamente lo mismo que toda la vida. Por mencionar algunos de los más recientes, recogidos en la edición anterior de Búsqueda: que hay farmacias sin habilitación técnica y medicamentos sin custodia en dependencias del Ministerio de Defensa; que existen procesos de adjudicación de obras que llevan hasta más de 400 días; y que hay bases de datos desactualizadas e inconsistentes en programas del Banco de Previsión Social o del Plan Juntos. En el Instituto Uruguay XXI, una auditoría divulgada esta semana —de seguimiento de una previa realizada en el 2020— constató que solo se corrigieron parte de los problemas y que, por ejemplo, no hubo “avance alguno” en materia de información para poder evaluar el “impacto” de las acciones que persigue esta agencia de promoción de la inversión y las exportaciones. Otra publicada ayer miércoles constató que, el año pasado, útiles escolares que empezaron a ser distribuidos en febrero, recién le llegaron en julio a algunos centros educativos de nivel inicial y Primaria.
Podría decirse que, antes ni ahora, rara vez las actuaciones de la AIN detectan casos de corrupción que derivan en la Justicia u otros manejos irregulares escandalosamente graves. Lo que parece haber, antes y ahora, es un problema extendido de debilidades en la gestión pública que responden a múltiples factores. En cualquier caso, son ineficiencias que a corto o largo plazo pagamos todos los uruguayos, los asalariados y los empresarios, los frenteamplistas y los votantes de la coalición multicolor. Es un goteo de gasto público que, en definitiva, se solventa como todo en el Estado con los impuestos que recaen sobre los contribuyentes.
Por eso, está muy bien atacar las grandes causas del déficit fiscal, como los desequilibrios en las finanzas de una seguridad social que precisa, más temprano que tarde, reformarse. Pero también es necesario mejorar la eficiencia cotidiana dentro del Estado, en cada dependencia pública, profesionalizando la gestión y siendo severos con los que eluden los controles y las normas. Como dicen los expertos, la mejora de la gestión es una tarea continua y debe encararse con determinación. Es la forma de cuidar cada peso de los uruguayos, como dijo en la campaña electoral anterior alguno de los que hoy ocupan cargos jerárquicos.
