Vergüenza. Grave. Horrible. Desastre. Espanto. Salvaje. Inhumano. Infierno. Los términos se pueden encontrar centenas de veces en las tantas advertencias desatendidas que el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, realiza sobre el complejo sistema penitenciario uruguayo. Con esa dureza, desde 2015 Petit describe las cárceles en informes oficiales, comparecencias legislativas y entrevistas. Esta semana fue el propio ministro del Interior quien apeló a esos calificativos.
Luis Alberto Heber estuvo media hora lamentándose en conferencia de prensa por la situación de un preso de 28 años que fue hallado desnutrido, severamente golpeado y abusado sexualmente en una celda de la Unidad Nº 4 Santiago Vázquez. “No salimos de nuestro asombro”, dijo.
El caso es el último de una saga de problemas que ha tenido el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y que demuestran la insuficiencia de las políticas adoptadas por el Ministerio del Interior para intentar resolver la realidad carcelaria. A pocos días de que el Frente Amplio interpele a Heber por la fuga de un recluso de la Unidad Nº 4, la población en las prisiones roza la cifra récord de 14.000 personas y es un boomerang para el ministerio, que tiene en las cárceles el flanco abierto de una gestión destacada por la baja en índices de delitos y la aprobación ciudadana respecto a la seguridad pública.
A semanas de iniciado el gobierno, el ministerio presentó el Plan Dignidad Carcelaria, con el que planeaba reformar el sistema con propuestas edilicias, educativas, laborales y sanitarias. Se agregaron nuevas plazas, se repararon otras, se iniciaron emprendimientos de producción agrícola, se inauguró una sede del Ministerio de Desarrollo Social en la Unidad Nº 4 para facilitar la reinserción social de reclusos y se realizaron requisas para quitar celulares, armas y drogas. Pero las fallas permanecen, especialmente en ciertas unidades de rehabilitación.
El agujero negro es la Unidad Nº 4, a la que años atrás se rebautizó Santiago Vázquez para quitarle el aura oscura que significaba el original Comcar. Fue apenas un cambio de nombre. El miércoles 15 un preso alertó sobre la situación de otro recluso en el módulo 11. El jueves 16 un funcionario penitenciario encontró en ese sector a un hombre de 28 años que por más de 30 días fue abusado física y sexualmente por al menos tres compañeros de celda. El periodista Gabriel Pereyra divulgó la información en Twitter el viernes 17 y al día siguiente el ministerio emitió un comunicado donde explicó que “la situación de esta persona se desconocía a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas”.
La investigación recayó en la Fiscalía de Flagrancia de 2º turno; también se inició una investigación interna de urgencia a cargo del INR. Por el momento José Alvez, director de los módulos 10 y 11, pasó a encargarse de los módulos 3 y 4. “No fue destituido ni sumariado y se espera el resultado de la investigación administrativa. Es una medida cautelar”, informó el ministerio. Además de Alvez, fuentes del caso señalaron que las responsabilidades se enfocan entre otros en Jorge Camargo, director de la Unidad Nº 4, y en Roberto Saporito, médico de guardia que atendió al recluso y comunicó que no era necesaria su internación. Los tres delincuentes responsables de las agresiones fueron derivados al centro de diagnóstico de la Unidad Nº 1 (Punta Rieles) para decidir su próximo destino.
La víctima fue trasladada el jueves al módulo 9 y finalmente internada el lunes 20 en el Hospital Maciel, donde todavía continúa. “Está realmente muy flaco y lastimado, pero confiamos en que se va a recuperar físicamente”, dijo a Búsqueda su abogado defensor, Gonzalo Ayré, parte del equipo de patrocinio de víctimas de delitos de la Universidad de Montevideo. Ayré alertó, sin embargo, que el estado psicológico “es muy malo, muy complicado”, por lo que solicitó al comisionado parlamentario que su defendido cumpla el resto de la pena —es delincuente primario por un delito de rapiña— en una chacra policial y no en Santiago Vázquez.
“Hay un Comcar que rehabilita y otro que nos da vergüenza por cómo están recluidas las personas privadas de libertad”, afirmó Heber el lunes en conferencia de prensa. 2.800 de los más de 4.000 presos que hay en Santiago Vázquez se alojan en los módulos 3, 4, 10 y 11, los peores de los 11 que hay en la prisión. “La situación de estos presos es salvaje, totalmente inhumano. En estas condiciones es imposible rehabilitar a alguien”, admitió el ministro.
Aunque extremo, el caso del módulo 11 no es aislado. En sus informes, Petit ha advertido sobre la peligrosidad de ciertos sectores de Santiago Vázquez en donde suelen recaer delincuentes primarios, pobres, sin familia y por ende sin visitas. En muchas ocasiones son víctimas de compañeros de celda que les roban vestimenta, los obligan a limpiar la celda y a cuidarla cuando se van al patio, y les quitan la comida que dos veces al día los rancheros colocan en los tuppers de los reclusos. “Recién llegué al Comcar. Estoy lavando la ropa para los porongas de la 3. Ya saben, para lo que quieran estoy acá”, se ve en un video que en 2018 un integrante de la banda Los Chingas le obligó a grabar a un prisionero.
“La situación en las cárceles es muy complicada hace décadas. Nos va a llevar muchos años tratar de cambiarla”, indicó Heber. Para abatir la sobrepoblación anunció la construcción por US$ 60 millones de barracones para delincuentes primarios en Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres, y de tres nuevas cárceles en el predio del penal de Libertad, lo que deja por el momento descartada la construcción de una única cárcel de máxima seguridad.
Además del hacinamiento, otras de las complicaciones es la falta de personal, porque más allá del presupuesto pocos desean trabajar en un ambiente tan complejo como el INR: en un año el ministerio no logró llenar un llamado para 200 vacantes. El objetivo próximo para el módulo 11, que alberga a 750 presos, es que haya ocho policías de día y cuatro de noche; actualmente hay cuatro y uno. Otra de las medidas es cambiar el sistema de vigilancia para que una vez por semana las celdas se abran y médicos de ASSE revisen a cada persona privada de libertad. Actualmente se realiza la “visita de reja”: en cada cambio de turno un policía solo hace el conteo de los presos y el estado de situación de las rejas a través de una mirilla en las celdas.
El lunes el director del INR, Luis Mendoza, debió recorrer toda la Unidad Nº 4 junto a Camargo y la subdirectora técnica nacional del INR, Lourdes Salinas, para asegurarse de que no hubiera más personas abusadas dentro de la cárcel.
Fugas
El Instituto Nacional de Rehabilitación ha sido la dependencia del ministerio con mayores temblores. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios se ha quejado de la “actitud soberbia” y la falta de diálogo con Mendoza y con Santiago González, asesor penitenciario y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En octubre renunció como subdirectora técnica nacional Milena Más, quien denunció irregularidades y maltratos por parte de Mendoza y González.
Marcelo Espina, director de la Unidad Nº 11 (Cañitas, Río Negro), fue relevado en mayo por Tony Lafurcades; a Martín Quiró, director de la Unidad Nº 6 (Punta Rieles) se lo reemplazó en abril por Omar Vera, luego reemplazado en setiembre por Marcio Alfonso; en setiembre también asumieron Carlos Díaz en la Unidad N° 3 (Libertad) y Alejandro Chaves en la Unidad N° 5 (Colón). El objetivo de estos últimos nombramientos fue “mejorar la gestión” y “profundizar la implementación del Plan Dignidad”, según informó el ministerio en un comunicado de prensa.
En junio falleció en la Unidad Nº 4 un recluso de 20 años con problemas psiquiátricos, luego de que dos enfermeros lo medicaran en su celda y lo dejaran acostado arriba de un colchón. Semanas después el comisionado parlamentario comenzó a llevar un registro informal de abusos policiales en las cárceles, para presos con miedo de denunciar ante el INR. Recientemente el gobierno comenzó a discutir soluciones ante la saturación de plazas para mujeres con hijos, tras un aumento en la cantidad de condenadas por delitos de narcomenudeo.
En el debate político y la opinión pública, de todas formas, el tema más discutido es el de las fugas. En 2020 hubo 45 y en lo que va de este año 16, cifras en línea con lo sucedido en el gobierno anterior: 23 fugas en 2016, 35 en 2017, 45 en 2018 y 29 en 2019, según datos de la División de Planificación Institucional del INR a los que accedió Búsqueda. Sin embargo, la comunicación en torno a las fugas es lo que generó inconvenientes al ministerio.
En agosto escapó de Santiago Vázquez un delincuente con antecedentes por narcotráfico. Fue recapturado 12 días después y Heber se contradijo públicamente respecto a si era un gran o pequeño narcotraficante y si se había fugado disfrazado por la puerta o por un agujero en el alambrado perimetral. Desembocó en una fricción con el Ministerio de Defensa —encargado de custodiar los perímetros de las prisiones con militares— y en un pedido del presidente Lacalle Pou a Heber y al ministro Javier García de superar el tema, durante un encuentro que los tres mantuvieron a inicios de mes en Anchorena con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
El jueves 16 el ministerio decidió informar en Twitter acerca de la fuga de un recluso en la Unidad N° 13 (Las Rosas, Maldonado). El aviso supuso un cambio respecto a lo sucedido hasta ahora, donde generalmente no se informaba sobre las fugas, a diferencia de la gestión anterior que publicaba nombre, fotografía, delito del fugado y teléfonos para contactar a la Policía. “No escondemos nada”, señaló Mendoza a Búsqueda. Desde el ministerio agregaron que las fugas son advertidas a las autoridades correspondientes y que la cartera se destaca por su transparencia de información a la población.
Información Nacional
2021-09-23T01:56:00
2021-09-23T01:56:00
