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En lo que va de 2022 se tramitaron un total de 17 denuncias sobre violencia, acoso y discriminación. De ellas, tres se encuentran “en trámite” —lo que implica que están “en proceso de ejecución”— y 12 “informadas” —ya se culminaron las tareas y el informe se envió a la facultad o al servicio universitario—. Otras dos están “cerradas”, porque la persona denunciante formalizó la entrega del formulario ante la unidad, pero antes de finalizado el proceso desistió de continuar el trámite.
El promedio mensual de denuncias por violencia, acoso y discriminación en 2022 es de 1,9. En 2021 fue de 4,8; en 2020 de 2,7 y en 2019, de 4,3.
El servicio universitario con mayor cantidad de denuncias tramitadas este año es el Hospital de Clínicas, con un total de cinco; seguido por Veterinaria (tres), Química y Humanidades (dos por facultad), mientras que Enfermería, Artes, Derecho, Centro Universitario Regional Este (CURE) y el Centro de Información Universitario, tienen una denuncia.
La mayoría de los denunciantes pertenecen al área de los funcionarios (10 en total, tres de ellos del Clínicas), cuatro docentes, dos estudiantes y uno de gestión universitaria, categoría que incluye a cargos como el de rector, prorrector, decano, director general y presidente.
Otro dato significativo es que el promedio temporal de aplicación de cada trámite de denuncia bajó de 265 en 2019 a 40 días durante este año.
Según la actual ordenanza, el plazo de tratamiento de la denuncia en una primera instancia no podrá superar los 30 días hábiles, contado desde el día siguiente al de presentación del caso. Si la investigación no concluyó en ese lapso, podrá prorrogarse por igual período, debiendo informar la Unidad Central o el equipo técnico al denunciante y al denunciado.
Las mujeres son quienes más denuncian y los hombres, a su vez, los más denunciados. “Es imprescindible reconocer y comprender que hay violencias, abusos y discriminaciones que las sufren mayoritariamente las mujeres para lograr intervenir preventiva y asertivamente”, dice el informe.
Del análisis de las denuncias y consultas también surge que quienes tienen menor jerarquía funcional, menor capital cultural y educativo, y menor disponibilidad de recursos para acceder a asistencia letrada o terapéutica tienen “mayor riesgo” a padecer vulneraciones.
“Desconocimiento”
Entre las hipótesis explicativas de la caída de las denuncias, aunque no concluyentes, los autores del informe destacan una mayor eficacia y respuesta institucional. Hablan de un abordaje “más asertivo” de las consultas que ha hecho que las eventuales víctimas descarten iniciar el trámite de denuncia como primer camino posible.
Además, indicaron que ahora las denuncias son presentadas y procesadas directamente por los equipos técnicos contratados por los distintos servicios, y hay menos trámites acumulados. Antes eran recepcionadas por la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación, hoy transformada en la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación, que cuenta con más recursos.
También señalaron la divulgación y conocimiento público de casos o situaciones de violencia, acoso y discriminación que adquirieron relevancia mediática como factor que “podría haber generado reparos y desconfianza” sobre los procedimientos, las garantías y la efectividad de satisfacer expectativas y llegar a ciertos resultados.
Apuntaron que existen situaciones de abuso que los universitarios aún no reconocen como tales. Y a eso sumaron “la complejidad” de definir, interpretar y demostrar mecanismos, sistemas y formas “más sutiles e invisibles” de violencia con las herramientas normativas disponibles.
Finalmente, los autores remitieron a los resultados de la Primera Encuesta de Prevalencia de Situaciones de Violencia, Acoso y Discriminación, divulgada en 2021, que dan cuenta de un “importante desconocimiento” de la población universitaria sobre los mecanismos de actuación para denunciar.
Entre miedos, reserva y “todo es acoso”
Desde abril de 2021, la institucionalidad de la Udelar tuvo distintos ajustes para el abordaje de estas situaciones de abuso. En los últimos meses se han formalizado contrataciones y designaciones en diferentes servicios universitarios. Sin embargo, aún hay ámbitos y regiones que no cuentan con referentes ni equipos técnicos.
El martes 15, en la sesión del CDC, el rector reconoció que faltan mecanismos de articulación y coordinación así como criterios de trabajo comunes. Dijo que la Udelar se encuentra en un “proceso de aprendizaje” sobre estos temas y con problemas de definición de espacios físicos para tramitar denuncias en algunos casos.
Ana Laura Mello, representante por el orden de egresados, pidió que se dé seguimiento a las situaciones de denuncias de los servicios que no llegan a nivel central para tener una idea de lo que pasa cada institución. Además, sugirió que se incluyan en los cursos introductorios o en las páginas oficiales enlaces directos para que los estudiantes tengan referencias claras para saber cómo y dónde denunciar.
El decano de la Facultad de Agronomía, Ariel Castro, respaldó que en los servicios se establezcan mecanismos de denuncia específicos. Agregó que la Udelar aprendió “mucho” sobre los informes técnicos en “el largo proceso de discusión del ‘caso Sambarino’”, en referencia al matemático Grado 5 de la Facultad de Ciencias Martín Sambarino que en 2019 fue denunciado por una exalumna y cuyo caso fue resuelto este año.
Gregory Randall, consejero por el orden docente, mostró preocupación por el limitado alcance de la información sobre los mecanismos de denuncia. Hay varios servicios en los que “ni siquiera está nombrado un referente” y “muchas personas” desconocen los modos o “no tienen confianza en las formas de proceder” ante estas situaciones”, dijo el también exprorrector de Investigación de la Udelar.
El decano Fernando Bertolotto (Enfermería) también aludió al “déficit de información”, a “una necesidad de cierta pedagogía” y sostuvo que “hay mucho miedo” a denunciar. “Todos somos parte del problema”, añadió Jorge Xavier (Ciencias Económicas) y relató una situación “triste” de acoso que trató el Consejo de su facultad contra una consejera estudiantil a través del uso de redes, que incluyó amenazas.
“Esperamos haberlo cortado a tiempo, pero estamos llegando a límites que realmente son insostenibles”, dijo.
En cambio, Carmen Midaglia (Ciencias Sociales) contó que en su facultad sucede que “cualquier discusión es acoso”.
“Hemos llegado a una laxitud de lo que significa acoso”, que consideró una “falta empíricamente difícil”. Y se explicó así: “En las discusiones acaloradas del Consejo, una persona dice ‘me estás acosando’, cuando estoy discutiendo… Me asusta esta falta de discriminación que empeora el vínculo”.
Midaglia demandó un “acompañamiento psicológico” de las víctimas potenciales, al referir a una experiencia reciente que, dijo, “no se resolvió pese a haber aplicado todo protocolo”. Opinó que “ahí queda un agujero”, porque “no toda discusión es igual a acoso” y adjudicó este fenómeno a “una nueva agenda”.
Por su parte, Mariana Seoane (Odontología) alertó sobre la gran dificultad para atender estos problemas en su facultad, donde “la reserva es muy difícil de mantener”, aseguró.
El CDC encomendó al Pro Rectorado de Gestión coordinar acciones con los distintos espacios dedicados al tema para darles curso a las propuestas sugeridas. Aparte, solicitó a la Comisión Sectorial de Enseñanza incorporar instancias de sensibilización e información sobre las políticas vigentes.
