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Las empresas perdieron, en parte, su poder para fijar salarios
Investigaciones académicas sobre política monetaria, Consejos de Salarios, distribución del ingreso, riqueza, agricultura y delincuencia se presentan en las Jornadas de Economía del BCU
Las empresas más informadas llegaron a posponer subas de precios como reacción ante un “engaño” creíble acerca de que el Banco Central (BCU) daría un giro brusco en la política monetaria buscando contener la inflación. Por otro lado, los sueldos aumentaron a pesar de que la productividad del trabajo disminuyó y luego se mantuvo bajo el marco de los Consejos de Salarios.
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La temática de este evento —realizado entre el miércoles 17 y el viernes 19— es amplia, desde restricciones al comercio internacional de productos agrícolas, innovación en la producción, salarios, inflación hasta delincuencia, una cuestión crecientemente abordada por la disciplina económica en Uruguay. El cierre será con un panel sobre un tema central para las actuales autoridades uruguayas: las reglas fiscales y los commodities.
En una de las investigaciones relativas a los precios de la economía, titulada Noticias de deflación y expectativas de las empresas: nueva evidencia causal, Martín Caruso, Miguel Mello y Jorge Ponce testearon cómo incide sobre lo que esperan los empresarios el darles determinada información privada sobre el accionar del BCU.
Crearon un “engaño” creíble a través de un falso comunicado del organismo para que un grupo de firmas creyera que daría un giro brusco en la política monetaria e implementaría una reforma para hacer caer el nivel de inflación, junto con el nivel objetivo, fomentando un mayor uso de la moneda nacional. Determinaron que, dentro del conjunto de empresas seleccionadas para esta prueba, aquellas que estaban más al tanto de las noticias de política monetaria respondieron con mayor intensidad a la información recibida, alterando aún más sus expectativas y llegando a posponer subas de precios. La evidencia sugiere que de informar una menor tasa de inflación esperada las expectativas de los agentes informados serán de forma temporal menores a las de los restantes agentes de la economía. También se observó que al disminuir la inflación esperada cae el crecimiento previsto por los empresarios para el año en curso, pero crece a partir del siguiente.
En otra línea de investigación, Serafín Frache, Rodrigo Lluberas, Mathieu Pedemonte y Javier Turen presentan un trabajo preliminar titulado Transmisión de shocks de política monetaria internacional sobre las decisiones y expectativas de empresas. Observaron algunos de los efectos que producen los cambios abruptos de política monetaria en Estados Unidos sobre economías pequeñas y abiertas como Uruguay. Movimientos contractivos provocan una caída de las expectativas de inflación y de costos para las empresas uruguaya. Sin embargo, esto cambia según la estructura de endeudamiento de las firmas en cuestión; si está endeudada en dólares, su inflación esperada será mayor a la de una empresa con pasivos en moneda nacional. Asimismo, su expectativa de costos crece junto con el tipo de cambio esperado provocando un aumento de la demanda de importaciones en el corto plazo, en un intento de evitar esa suba de costos.
Salarios.
Carlos Casacuberta y Néstor Gandelman estudiaron los efectos de la negociación salarial sobre el margen precio-costo (tasa mark-up) de las empresas y la relación entre el salario y el producto marginal bruto del trabajo. Hallaron que en Uruguay los sueldos crecieron a pesar de que la productividad del trabajo bajó y luego se mantuvo, lo cual provocó un aumento de la masa salarial (al contrario de lo ocurrido en países desarrollados). Según los autores, esto obedece a las instancias de negociaciones salariales; para las empresas uruguayas creció su tasa de margen precio-costo, lo cual a primera vista resultó contradictorio con el aumento salarial observado en el período analizado (2005-2015) y aún más al tomar en cuenta la caída de la tasa mark-down de salarios (la diferencia entre el producto marginal de trabajo y los salarios) observada en el mismo período. Esto se explicó por un mayor crecimiento del producto marginal del trabajo respecto al crecimiento de los salarios.
La hipótesis de Casacuberta y Gandelman es que los Consejos de Salarios y las subas salariales provocaron una pérdida de la capacidad de fijar sueldos por parte de las empresas, aunque de todos modos pudieron transferir gran parte del aumento de los costos (laborales) a los consumidores.
Al mismo tiempo, la caída de la tasa mark-down salarial implicó que los salarios en Uruguay tendieron a igualarse con los sueldos de competencia perfecta. Los autores sostienen que no queda mucho espacio restante para que se pueda disminuir la desigualdad en el país a través de políticas en el mercado laboral.
Distribución de la riqueza. En otro estudio, Gandelman y Rodrigo Lluberas derribaron el “mito” de que el Uruguay es el país de América Latina con mejor distribución de la riqueza; es Chile. Sin embargo, eso no quita que Uruguay sea el país con la mejor distribución del ingreso en la región. La suposición —lógica— de que a mayores ingresos (lo que un individuo recibe en cierto tiempo, como un mes o año) mayor es la riqueza (lo acumulado hasta la fecha o a lo largo de su vida) es la raíz de esa confusión.
Por el peso de las herencias sobre la riqueza total de los hogares en la región, los autores observaron que aquellos con acceso a herencias tienden a endeudarse en un mayor porcentaje de su riqueza total (20%) que las demás (5%). También señalan que los individuos se endeudan a partir de que empiezan a trabajar hasta que llegan a cierta edad (en Uruguay, los 50 años), pero luego sus deudas se saldan o sus ingresos crecen de forma considerable, haciendo caer el peso de las deudas sobre sus ingresos.
Gandelman y Lluberas entienden que la desigualdad en América Latina es mayor que en otras regiones como consecuencia de las dificultades de acceso al crédito para los hogares más pobres y con un solo jefe de hogar. Esto surgió tras observar que en España el peso de las deudas de los hogares sobre sus ingresos es cuatro veces mayor que en América Latina.
Agro y ambiente.
Augusto Souto, Francisco Rosas y Miguel Carriquiry presentarán hoy, jueves 18, el trabajo titulado Evaluación del impacto de la intensificación agrícola en la contaminación del agua: un modelo integrado de evaluación de la cuenca del San Salvador en Uruguay, donde muestran cómo las decisiones de los agentes al incorporar tecnología y usar ciertos insumos impactan sobre la calidad de un recurso natural como el agua.
En primer lugar, observaron que el efecto del uso de fertilizantes y de una mayor irrigación hace crecer los rendimientos de los cultivos, aunque no tuvo un impacto tan relevante sobre los beneficios netos. Estos crecieron 6,3% cuando el uso de fertilizantes fue “bajo” y, en la medida que aumentó su empleo, los beneficios netos cayeron por su elevado costo, a pesar de producir un aumento en el rendimiento.
Además de analizar esos efectos económicos, los investigadores también estudiaron la contaminación del agua a través de las concentraciones de nitrato y de fósforo. Concluyen que el uso de fertilizantes eleva las concentraciones de nitrato, llevándolas a “valores excesivamente altos” y por encima del umbral establecido por el Ministerio de Ambiente en la mayoría de los días observados. Para el caso del fósforo, constataron una menor concentración que la del nitrato, aunque relativizaron esa conclusión debido a limitaciones metodológicas.
Según Souto, Rosas y Carriquiry, el uso de mayor irrigación de los campos genera beneficios económicos, aún mayores si se toma en cuenta la disminución en el riesgo de la producción agrícola. Sin embargo, ese tipo de práctica deteriora la calidad del agua, incluso cuando el uso de fertilizantes es bajo.
Delincuencia.
Algunas investigaciones que se presentarán en estas jornadas exceden las cuestiones estrictamente económicas.
Bruno Cabrera, Martín Cicao y Emiliano Tealde analizaron los impactos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) sobre las rapiñas, robos y delitos asociados con las drogas. El PADO se implementó en 2016 con el objetivo de disminuir la incidencia de tales crímenes en los determinados “puntos calientes” (zonas donde se registra un elevado número de crímenes de forma reiterada), desplegando allí mayor número de operativos. En los primeros meses del programa la incidencia de las rapiñas cayó 23% aunque, por otro lado, se detectó un aumento de entre 45% y 50% de la duración de las penas para las rapiñas (de 24 y 28 meses más, en promedio). Sobre este último hallazgo, los investigadores interpretan que las penas más prolongadas responden a una mayor presión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, incidiendo en la toma de decisiones de los jueces.