Cada seis o siete años, Uruguay se ha sometido a revisiones de su política comercial por parte de sus pares en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La última, concluida a fines de junio, ratificó que el país es relativamente abierto al mundo, elogió los esfuerzos por darle estabilidad y resaltó algunas mejoras sociales. Pero también hubo allí algunos señalamientos en tono crítico, como el hecho de que el Estado continúa teniendo fuerte presencia en la economía, sobre todo a través de sus empresas.
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El peso del Estado uruguayo —y, como contracara, el espacio que les quita a los privados— fue advertido no solo en el documento final de la revisión sino también durante su discusión por parte de algunos de los 164 países integrantes de la OMC. Hubo elogios a la apertura en el sector de servicios, pero varios miembros hicieron notar que la propiedad estatal continúa siendo significativa. “Las empresas públicas siguieron desempeñando un papel importante” operando en los subsectores de servicios financieros, transporte, telecomunicaciones, correos, electricidad, agua y saneamiento. En la energía, se “invitó” a Uruguay a continuar sus esfuerzos para diversificar las fuentes de generación, reseñó el presidente del órgano de revisión de políticas. El caso uruguayo fue discutido el 27 y 29 de junio en la sede de la OMC, en Ginebra.
El número de empresas públicas y las actividades que realizan casi no cambió desde la anterior revisión al país hecha en 2012; solo se liquidó Pluna en 2017, repasa el documento final. Como último dato disponible indica que en conjunto generaron aproximadamente 7,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2016; en 2012 esa cifra había sido estimada en 6,6% para 2010.
El nuevo documento agrega que las empresas estatales pueden tener subsidiarias en áreas donde el sector privado también participa y contabiliza una compañía bajo el Derecho Privado propiedad de AFE, lo mismo que para la ANP y el Banco de Seguros del Estado (BSE), tres del Banco Hipotecario (BHU) al igual que de OSE, siete de Antel, nueve de UTE, 10 del Banco República (BROU) y 14 de Ancap.
Luego profundiza en el rol de ciertos entes y servicios descentralizados, subrayando, en varios casos, su partipación “sustancial” en los respectivos mercados.
Al 30 de setiembre de 2017, el BROU y el BHU poseían 48,4% del total de activos bancarios (frente a 46% en 2010). “La importancia de los bancos públicos es aún mayor desde el punto de vista del valor neto: en setiembre de 2016 representaban el 61,2% del sistema bancario, y solo el BROU el 38,8%”, dice.
“Como en el caso de la banca, existe una alta participación del Estado en el mercado de seguros a través del BSE, que representó aproximadamente el 84,2% de los activos, el 87,6% de los pasivos y el 63,4% del patrimonio neto de las compañías de seguros en 2016”, agrega la revisión. Esa institución “todavía tiene un monopolio legal en el segmento de accidentes laborales (seguro obligatorio)”, es el único proveedor de pólizas de crédito a la exportación y seguros de vida relacionados con la seguridad social, aunque no existen restricciones legales que impidan a otras compañías ofrecer dicha cobertura, contextualiza.
Señala, asimismo, que cuatro administradoras gestionan fondos previsionales, pero es República AFAP, de propiedad estatal, la que maneja más activos y cuentas individuales (57% y 39%, respectivamente).
Y el Estado continúa desempeñando un papel “predominante en el mercado de la electricidad”, en el cual la UTE mantiene el monopolio de la transmisión y distribución de electricidad en el país. “Sin embargo —acota el informe—, la participación privada en la generación de electricidad ha aumentado considerablemente”, en especial a partir de fuentes renovables como la eólica.
Por último, apunta que la ley uruguaya pone el monopolio en la telefonía fija local y en la transmisión de datos fijos (incluidos los de fibra óptica) en manos de la compañía estatal de telecomunicaciones; los privados “pueden participar en la provisión de servicios internacionales de telefonía fija y de larga distancia. Aun así, Antel es el principal proveedor de ambos servicios”.
La economía.
El examen de Uruguay efectuado por la OMC analiza también el desempeño de la economía desde la anterior revisión. Su estructura por sectores experimentó cambios poco significativos en el período de análisis, afirma.
Por otro lado, resalta que en estos años el país “implementó políticas orientadas a garantizar la estabilidad macroeconómica” y logró un crecimiento de su PBI acorde con el nivel potencial (cercano a 3% promedio anual entre 2011 y 2017). Observa que, pese a dicha expansión, la tasa de desempleo aumentó en parte porque el dinamismo estuvo en sectores de actividad menos intensivos en mano de obra.
Además, señala que durante la mayor parte del período de revisión la política fiscal “ha sido expansiva”. Y acota que si bien los objetivos en esa área se establecieron con miras a reducir gradualmente el déficit fiscal, los mismos “se han incumplido”.
Finalmente, aunque la inflación pasó la mayor parte de los años analizados ligeramente por encima del rango establecido como meta por las autoridades, en 2017 se ubicó dentro del mismo, reseña el documento.
Comercio e inversiones.
La política comercial de Uruguay está estrechamente vinculada a su participación en el Mercosur, consigna la revisión. Agrega que las autoridades uruguayas consideran que la integración del país a los mercados internacionales “debería abordarse simultáneamente mediante negociaciones comerciales bilaterales, regionales y multilaterales”.
El informe resalta que durante el período examinado, Uruguay introdujo una serie de medidas para facilitar el comercio: habilitó el pago electrónico de aranceles e impuestos; instaló el uso del Documento Único Aduanero digital; creó el programa de Operador Económico Autorizado y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); estableció el control automatizado del acceso al puerto de Montevideo; introdujo el manifiesto electrónico de mar y aire.
La revisión hace un minucioso repaso de diversas disposiciones y prácticas que inciden sobre el comercio exterior uruguayo.
La estructura arancelaria estándar de Uruguay comprende 19 niveles que van de 0% a 35%. En 2018, los más comunes fueron los que están por debajo de 20%; alrededor de 55,3% de las líneas arancelarias se encontraban sujetas a un gravamen menor a 10% y, como en 2011, solo 0,9% del total tenía una alícuota superior a 20%.
El número de restricciones y prohibiciones a la importación disminuyó durante el período objeto de examen: de 652 en 2012 a 323 en 2017.
A la vez, el año pasado se exigían licencias de importación para 378 líneas arancelarias, de las cuales 371 tenían carácter automático. Uruguay las usa con fines estadísticos (textiles, calzado y aceites), para otorgar preferencias arancelarias a terceros (papel para publicaciones, vehículos) o para controlar el precio de las importaciones, explica el documento.
El país rara vez aplica medidas de defensa comercial. Durante el período objeto de examen, solo inició dos investigaciones antidumping y no las realizó compensatorias o de salvaguardia.
Con respecto al régimen de inversión de Uruguay, durante la discusión del informe los integrantes de la OMC señalaron que es “relativamente abierto” y que se otorga un trato igualitario a los extranjeros en la mayoría de los sectores con algunas excepciones, como la prestación de servicios de radio y radiodifusión, el cabotaje aéreo y marítimo y la pesca dentro de sus aguas territoriales. “No se requiere autorización o registro previo para invertir en Uruguay. Sin embargo, algunos miembros observaron que las corrientes de inversión extranjera directa habían fluctuado significativamente durante el período objeto de examen. A este respecto, (…) alentaron a Uruguay a seguir manteniendo un régimen abierto de comercio e inversión que, junto con la estabilidad jurídica garantizada en cuanto a los incentivos y derechos otorgados al inversor, la existencia de una fuerza laboral educada y la libertad de transferir capital, los beneficios y otras ganancias asociadas con la inversión, proporcionan un clima atractivo para la inversión extranjera directa”.
