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Las empresas públicas obtuvieron ganancias por US$ 25 millones de dólares en diciembre de 2019, lo que significa unos US$ 114 millones más que el mes anterior, que habían dado pérdidas por US$ 89 millones. En el acumulado anual (US$ —113,2 millones) el saldo para el conjunto de las estatales también mejoró respecto a 2018, año en que se había dado el peor registro desde 2015 (US$ —113,7 millones).
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El resultado global del sector público consolidado, en tanto, se ubicó en —4,7% del Producto Bruto Interno al cierre del año, empeorando respecto al mismo período de 2018. Este número se obtiene una vez descontados los ingresos extraordinarios por el Fideicomiso de los cincuentones, ya que desafiliadas estas personas de sus respectivas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, lo acumulado en sus cuentas se vierte a las arcas del Banco de Previsión Social, contribuyendo a disminuir el déficit. Sin embargo, llegará el momento en que estos flujos entrantes cesen y se conviertan en egresos.
Durante la campaña electoral, uno de los argumentos a los que recurrió la oposición fue la gestión de las empresas públicas. Desde la contienda de 2014, el manejo de las estatales estuvo bajo la lupa: la dirección de Ancap, por aquel entonces, y más recientemente la construcción del Antel Arena, fueron centro de discusiones.
En su momento, la administración de Tabaré Vázquez se propuso de cara a 2019 continuar con la meta de reducir 2% en términos reales las adquisiciones de bienes y servicios. Con el año ya cerrado, los números indican que las compras de las empresas públicas se redujeron 1,8% respecto a 2018 y descontando el efecto de la inflación, acercándose así al objetivo planteado. A su vez, también se avanzó en otra de las medidas establecidas: la reposición de dos de cada tres vacantes.
Si se consideran por separado, los entes tuvieron resultados disímiles. En los 12 meses cerrados a diciembre la mejora en el resultado total se debió en particular a la gestión de OSE, que pasó de tener un déficit de casi US$ 2 millones a percibir ganancias de US$ 11 millones. A estas utilidades se sumaron las registradas por Ancap y Antel, destacándose las percibidas por la petrolera (US$ 23 millones). En tanto, UTE volvió a posicionarse como la menos rentable de las empresas públicas —con pérdidas por US$ 136 millones en 2019— aunque en relación al mismo período del año anterior su balance resultó positivo, al disminuir su déficit en 10%.
Las transferencias netas con el gobierno (US$ 283 millones) fueron 64% menores que las realizadas durante el ejercicio anterior, siendo UTE y Antel las empresas que más contribuyeron, con US$ 183 millones y US$ 116 millones, respectivamente. De no haberse dado estas transacciones a Rentas Generales, el resultado de las empresas públicas habría sido superavitario (US$ 170 millones), aunque casi dos veces menor al de 2018 (US$ 330 millones). En particular, el saldo de UTE habría sido positivo en casi US$ 47 millones. Estos dividendos son motivos de críticas desde la oposición, por considerar que el Poder Ejecutivo busca reducir el déficit fiscal a través de las tarifas públicas.
El Uruguay de hoy
El ministro de Economía, Danilo Astori, se mostró molesto por las comparaciones con las finanzas públicas del Uruguay de hace 30 años: “Uruguay hoy es mucho mejor país, desde el punto de vista económico”. En entrevista el lunes 3 con Informativo Sarandí, el jerarca justificó sus dichos destacando ciertas características de la deuda pública. A su entender, el país tiene “95% de su deuda contratada a tasa fija de interés” y “43% en moneda nacional”, algo que estimó “muy importante” porque “elimina el riesgo” de una devaluación.
El jerarca estimó además que, en relación al producto, el pasivo del Estado se encuentra “en el nivel que tienen los países mejor calificados”: en términos netos —es decir, restando las reservas internacionales con las que podría cancelarse— la deuda “está hoy en 41 puntos (del PBI)”, algo “absolutamente sostenible”.
Sobre el resultado fiscal propiamente dicho, Astori volvió a reconocer que “quedan cosas por hacer y cosas que en algunos casos se hicieron mal”. Al respecto estimó que “mejorar la eficiencia del gasto en Uruguay es fundamental”, pero evaluó que “de ninguna manera” puede llamarle “despilfarro” –como “se ha dicho despectivamente desde el gobierno entrante”— a los “esfuerzos que hizo la sociedad uruguaya” tanto en materia de infraestructura como en equipamiento “para atender la seguridad pública” y en salud, o incluso a aquellos que “aún tienden a buscar mejores resultados en educación”.
El ministro dejó ver cierto acuerdo con la “idea de que tiene que haber instrumentos que permitan limitar el gasto público”, aunque discrepó en las formas. A entender del titular de Economía, la regla fiscal que busca implementar el gobierno electo encuentra su debilidad en la “rigidez”. Según opinó, este tipo de medida “es un peligro” en el caso de shocks externos, ya que no permite al gobierno de turno “reaccionar” frente a estos desajustes de la economía.