Las empresas ven la regulación y los costos laborales como los “obstáculos” más importantes para desarrollar su actividad

Para dos tercios de los consultados, las condiciones macroeconómicas empeoraron en los últimos cinco años y más de la mitad (53%) estima que la situación desmejorará a futuro. A su vez, casi la totalidad consideró que la inflación se mantendrá en los niveles actuales o subirá en el corto plazo, en tanto que 77% dijo que el déficit fiscal aumentará.

Sobre las condiciones para producir, por ejemplo, el 61% de los empresarios señaló que los costos laborales son “altos” y que no es fácil contratar empleados con las destrezas que se necesita (58%). Además, casi seis de cada 10 indicó que la energía es cara.

Un tercio evaluó inadecuada la infraestructura física disponible (carretera, puertos, aeropuertos, ferrocarril) para las necesidades de la firma, mientras que casi siete de cada 10 se expresó conforme con los servicios de Internet y telecomunicaciones.

Al evaluar el futuro de sus negocios, 49% estimó que el nivel de actividad empeorará y 39% dijo que será igual. Solo 12% estimó que mejorará.

En materia de inversión, apenas el 9% proyectó un incremento, un tercio dijo que será similar a la que viene realizando y 58% previó que disminuirá.  Esa retracción de la intención de arriesgar capital se contradice con la valoración positiva que la mayoría de los encuestados hizo sobre la ley de inversiones y normas complementarias; la explicación puede estar en el hecho de que, en general, perciben dificultades para el crecimiento y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio a las cuales apostar.

Por ejemplo, sobre el nivel de competencia local, ocho de cada 10 afirmó que es intensa en la captación de clientes dentro del sector y 53% dijo estar muy expuesto a la competencia extranjera.

Sobre el nivel de demanda, la encuesta reveló que para seis de cada 10 el grado de sofisticación de los pedidos es un “incentivo para innovar y ser más competitivo”. Una proporción similar consideró que las compras del gobierno “no juegan un papel importante” en ese mismo sentido. Y la mitad opinó que los proveedores locales de servicios no son internacionalmente competitivos.

Políticas y trámites

Los encuestados por el Instituto de Competitividad de la UC también fueron críticos con las políticas públicas en materia de producción y el entorno institucional.

Para más de dos tercios de los ejecutivos el sector público no los involucra en los planes o consultas sobre el desarrollo sectorial y la mitad dijo que no se le proporciona los incentivos adecuados para innovar.

A su vez, 45% no expresó acuerdo ni desacuerdo sobre si la digitalización de los trámites implantada en algunas áreas de la administración redujo la burocracia.

Algo más de la mitad cree que los procesos de creación y de liquidación de una empresa no son eficientes.

Respecto a la contribución de las organizaciones gubernamentales para la mejora del entorno competitivo, los empresarios expresaron desconformidad. Por ejemplo, la mayoría entendió que no hay cooperación a nivel de gobiernos locales (63%), empresas públicas (60%), ministerios vinculados al sector de actividad (54%), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (67%), Agencia Nacional de Desarrollo (56%)  o del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (75%). La Agencia Nacional de Investigación e Innovación recogió el menor nivel de descontento: 31% dijo que no contribuye en “nada” a mejorar el entorno competitivo, 20% aseguró que lo hace “un poco”, 33% opinó que “algo”, 9% “bastante” y 7% “mucho”. 

Sobre la independencia del sistema judicial respecto a la política, las opiniones se repartieron: 31% dijo que no está de acuerdo, 40% lo puso en duda y 28% no emitió juicio en uno u otro sentido.

Y a la hora de opinar en cuanto a si la corrupción afecta el desarrollo normal de las operaciones de su empresa, la mayoría (55%) lo descartó, un quinto dio una respuesta afirmativa y una proporción similar no lo aceptó ni lo descartó.