Las ineficiencias y desprolijidades en la gestión en diversas áreas del Estado causan un imperceptible goteo de recursos públicos

Esa dependencia del Ministerio de Economía elige las áreas que audita en función de un mapa de riesgos y a veces lo hace a pedido de los propios jerarcas; desde el año pasado exige planes que corrijan las fallas detectadas y los equipos auditores vuelven al tiempo para hacer un seguimiento. No todos cumplen.

Tarjeta.

Al evaluar los trabajos en la Dirección de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) relacionados con la tarjeta “Uruguay Social”, una auditoría comprobó que esa secretaría de Estado carecía de una base de datos “duros” propia, con “información sistematizada y consistente” para ser utilizada en todos sus programas, y constató “errores” en la información del BPS utilizada. Detectó que algo más de 29.000 personas (entre 217.000 menores o embarazadas de 89.000 hogares de bajos ingresos beneficiados por esa tarjeta) cobraban el subsidio sin que les correspondiera. Además, no se cuenta con criterios para realizar un seguimiento que permita asegurar que las personas continúan reuniendo las condiciones para ser beneficiarios.

Educación.

La gestión de su propia infraestructura edilicia que hace la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentaba varios problemas, según una actuación de la AIN. Detectó “debilidades en la supervisión” de la elaboración de los proyectos y “falta de coordinación” que generan “demoras” y la “reasignación de recursos”. También constató “obras realizadas sin evidencia que identifique la necesidad, careciendo de un informe técnico que identifique el objeto a licitar y lo cuantifique”, así como “pagos de cargas sociales superiores a los adjudicados”.

Mientras, la Dirección Sectorial de Infraestructura del Consejo Directivo Central no cuenta con un “registro confiable e íntegro de los locales, ni del estado edilicio de los mismos que brinde insumos adecuados para la planificación”, conforme con otra auditoría. Además, se constataron obras a cargo, por ejemplo, de comisiones de padres y Ancap, de las cuales el organismo no tenía conocimiento.

Cultura.

En torno al Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país, que funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura, una auditoría detectó “falta de evidencia” sobre los criterios aplicados al evaluar los proyectos que financia. Tampoco había un adecuado seguimiento de la ejecución de los seleccionados.

Ruta y peajes.

En el empalme de las rutas 54 y 55, en Colonia, la señalización en una obra a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad contaba con carteles “escasos”, “poco visibles” y en notorio deterioro, con lo que se incumplió con la normativa y derivó en una “alta probabilidad” de accidentes, según la AIN. También se registraron debilidades en los controles en torno a la calidad de la obra, que demandó una inversión de U$S 2.928.000 surgidos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur y otros U$S 1.443.000 del Estado uruguayo.

Funcionarios de esa misma Dirección conforman un órgano que supervisa la explotación de los peajes en rutas concedidas a la Corporación Vial del Uruguay, una sociedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Una auditoría constató que dicho órgano presenta “carencias en su integración” y también la “ausencia de un marco contractual” que contemple las condiciones para los peajes operados directamente por esa corporación (10 de los 13), lo que “afecta la calidad de los controles que debe realizar el Ministerio de Transporte”. Además se comprobaron “debilidades” en el área contable y en la seguridad de acceso a la base de datos, lo que impide garantizar que la información que emite el software sobre la recaudación y operativa de peajes sea “confiable e íntegra”.

Salud.

En la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se hallaron varios hechos que “impactan negativamente en la gestión presupuestal” de las partidas para salarios, al punto que no fue posible determinar “con seguridad razonable” si esa unidad ejecutora contaba en setiembre de 2011 con recursos presupuestales para poder financiar cargos vacantes, el objeto de la auditoría.

La División Fiscalización del Ministerio de Salud Pública (MSP) debe inspeccionar todos los prestadores de servicios dirigidos a la atención médica y hacer su seguimiento, pero otra actuación de la AIN constató que tres de cinco servicios seleccionados que estaban en funcionamiento no habían iniciado trámite de habilitación. De una muestra de 379 expedientes, casi la mitad de las solicitudes para habilitar servicios médicos tenía una antigüedad promedio mayor a 786 días. “El procedimiento implementado no garantiza el cumplimiento de la vigilancia sanitaria de todos los servicios de salud, incrementando la probabilidad de que se materialicen eventos que repercutan en el usuario, con la consiguiente responsabilidad directa” de la secretaría de Estado, alerta el informe.

La Dirección General de Salud, que realiza análisis confirmatorios de enfermedades infectocontagiosas, introdujo algunas mejoras en sus procesos, aunque un equipo auditor no vio seguridad suficiente de que sea eficaz su proceso de compras, de tramitación de exámenes y de control de calidad de reactivos.

Aduanas.

En la Dirección Nacional de Aduanas se inspeccionaron los procedimientos de control para el ingreso al país de automóviles con destino al Ministerio del Interior. Se constataron entregas anticipadas de vehículos no regularizadas e información insuficiente en las resoluciones del Ministerio de Economía para comprobar los coches exonerados de impuestos, entre otras debilidades.

Cancillería.

“Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emprendido acciones desde el año 2004 para subsanar los incumplimientos con la normativa laboral y de seguridad social aplicable a las contrataciones efectuadas por las Misiones Diplomáticas, aún se mantienen situaciones irregulares. A su vez, los controles vigentes no se evalúan como efectivos para prevenir futuros incumplimientos, por lo cual el organismo continúa siendo vulnerable frente a eventuales demandas”, sentencia una auditoría.

Paralelamente, en esa secretaría de Estado “no se han definido perfiles de cargo donde se establezcan aptitudes, formación y competencias para desempeñar la función, tanto a nivel local como en el exterior”, lo que configura una “debilidad” que “no asegura una adecuada selección de los recursos humanos acorde a la función” poniendo así en riesgo “la imagen y prestigio” de la Cancillería.

Además, si bien los jefes de las misiones reportan anualmente a la Dirección General de Secretaría una memoria con el detalle de las actividades realizadas, esa información no está sistematizada y se carece de indicadores para medir con objetividad la gestión, observó un equipo de la AIN.

Otra auditoría que hizo foco en la Dirección General de Asuntos Técnicos Administrativos de Relaciones Exteriores detectó que las compras no se planificaban sino que se hacían de acuerdo a las necesidades de cada momento (en 44% de las licitaciones se recurrió a adquisiciones directas del mismo bien o servicio), lo que entre otros “riesgos” acarrea el de pagar mayor precio. En Proveeduría no se controlaba que los bienes recibidos fueran los efectivamente adquiridos, tanto en calidad como cantidad, y para el 100% de los artículos recontados se verificaron diferencias de inventario con lo real.

La AIN también evaluó el proceso de compra de pasajes aéreos al exterior de funcionarios en misiones oficiales. Según su informe, la justificación del vuelo exigida por una circular se manifiesta con “expresiones formales y genéricas, que no constituyen un fundamento suficiente para motivar la causa” del viaje, y muchas veces se presentan a posteriori de la compra del boleto.

Cotizaron pasajes las mismas seis agencias de viaje y en algo más de la mitad de los casos analizados la que realizó la reserva fue la seleccionada para proveer el pasaje, lo que “desestimula la participación” de otras no vinculadas al sistema de reservas o que no son directamente invitadas. Así, “el Ministerio se expone al riesgo de no adquirir el pasaje más conveniente en la relación precio-ruta para sus intereses”. Además, el procedimiento de compras a través de agencias no le permite a la Cancillería beneficiarse de la acumulación de millas corporativas que brindan las aerolíneas, y con ello de comprar el pasaje más barato o mejorar la categoría.

El pago con retraso —entre dos y tres meses—debido a procesos burocráticos hace que varias agencias de viaje no coticen en el llamado de precios.

222.

El Banco República contrató el servicio previsto en el artículo 222 de la ley 13.318 de vigilancia especial para 40 dependencias en Montevideo. Una auditoría halló que los policías cumplían la tarea por encima del tope legal establecido y dichas horas no pueden ser liquidadas a los funcionarios, por lo que “podrían recurrir a mecanismos no lícitos para su cobro”. También identificó problemas de fiscalización de los supervisores y deficiencias de contralor de la información digital, entre otras fallas.

Otra investigación sobre la actuación de la Oficina de Coordinación y Contralor de la Jefatura de Policía de Montevideo determinó “ausencia de controles eficaces sobre el servicio contratado”, “deficiencia” en la validación y verificación de los datos ingresados al sistema de liquidación”, generando “errores y/u omisiones”, así como falta de documentación que respalde las condiciones de la prestación del 222 y de sanciones acordes a las irregularidades cometidas por los funcionarios.

Asimismo, en el marco de convenios entre organismos públicos o empresas privadas y las Jefaturas de Policía, se contrató personal que no cumple con lo establecido en la normativa respecto a la escolaridad y pericia sicológica, lo que según la AIN puede impactar “en lo económico, en la calidad del servicio y en la imagen de la institución policial”.

Legajo policial.

En la Jefatura de Montevideo se evaluó la integridad y confiabilidad de los legajos de su personal dependiente. La historia funcional del policía es “errónea, desactualizada e incompleta sobre destino, licencias, situación civil y/o familiar”, hay registros hechos con disparidad de criterios y también por un Departamento que no tiene la competencia para hacerlo.

Hospital.

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas atiende a 331 pacientes en promedio cada día. Su Dirección Nacional de Sanidad compraba alimentos con destino a usuarios que no se encuentran formalmente definidos como beneficiarios (como comedores para oficiales, subalternos, guardería, escuela de sanidad, una compensación en carne para 356 funcionarios con hijos menores de 10 años y, en determinadas situaciones, para acompañantes de pacientes internados). Además, no se realizaron revisiones de los datos utilizados para elaborar las provisiones ni el seguimiento de su ejecución, y los registros de consumo se hacen en planillas a mano que no permiten “asegurar la integridad, veracidad y exactitud de la información y ni contar con información centralizada para la toma de decisiones”. Según un informe de auditoría, los controles realizados sobre la documentación no eran suficientes para asegurar que los pagos a proveedores fueran “efectivamente por alimentos recepcionados”.

Farmacia policial.

Los medicamentos entregados por el Departamento de Farmacia Hospitalaria de la Dirección Nacional de Sanidad Policial no coincidían con los registrados, y el faltante de fármacos oncológicos llegaba al 20%, constató la AIN. Además, se entregan con recetas que no cumplen con los requisitos establecidos, entre otras debilidades en la administración de medicamentos.

Otra actuación halló “errores en las solicitudes mensuales de medicamentos”, además de pedidos de préstamos a otras instituciones y adelantos a proveedores, lo cual contraviene disposiciones en materia de adquisiciones públicas.

Fuerza Aérea.

De la evaluación de las compras realizadas por el Comando General de la Fuerza Aérea con fondos recibidos de las Misiones de Paz surgió que “no existen controles eficaces para la salvaguarda de los activos adquiridos”.

Otra auditoría apuntó a verificar que los pagos hechos con recursos provenientes de esas misiones de Naciones Unidas correspondan a gastos de funcionamiento y de inversión de la Fuerza Aérea. Eso no fue posible y se recomendó una investigación administrativa, porque el Comando no aportó documentación válida que respalde pagos realizados por U$S 527.471, el 14% del monto total de egresos analizados por los auditores.

Trabajo.

Los procedimientos que se realizan desde la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social son “prioritariamente detectivos y no preventivos”, y hechos a partir de denuncias que se registran de una forma que no permite asegurar su integridad y confiabilidad. Existía una superposición de tareas entre los inspectores y los asesores letrados, los que además son pocos para la cantidad de expedientes tramitados (9.315 para 17 abogados), surge de otro informe.

Inefop.

En el Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop) se constataron debilidades organizativas, un “uso ineficiente de recursos humanos”, “dualidad de mandos”, “superposición de funciones”, “tareas sin ejecutar”, falta de “planificación” del número, tipo de cursos a dictar por año y la cantidad de beneficiarios a atender, entre otros problemas. Y no había mediciones de resultados.

Ganadería.

La División Recursos Humanos del Ministerio de Ganadería (MGAP) presentó “debilidades que afectan la integridad y veracidad de la información contenida en los registros, lo que no permite validar los saldos actuales de licencia” del personal. La auditoría en el área encontró períodos de hasta cinco años sin datos sobre los días de vacaciones gozados, entre otros problemas.

Otra inspección de la AIN constató que en la División Laboratorios Veterinarios del MGAP se excedía la cantidad de horas extraordinarias (80 mensuales) que los funcionarios están habilitados a realizar a pedido de los usuarios y pagos por estos. Algunos hicieron más de 400 horas bajo ese régimen y en 2011 seis de ellos cobraron entre $ 1 millón y $ 1,5 millones. Todo esto “desvirtúa el origen del cobro del servicio al usuario y el pago a los funcionarios, al utilizar estas partidas como mecanismo para obtener un complemento salarial”.

En Sanidad Animal había fallas de controles en el registro de horas extras y en el manejo financiero; además, la conciliación bancaria tenía un atraso mayor al año.

Otra actuación de la AIN en torno al servicio prestado por un consorcio que opera y mantiene el Sistema Nacional de Información Ganadera de trazabilidad vacuna constató que el MGAP carecía de instrumentos para evaluar la calidad del mismo y que existían “debilidades en los controles implementados para garantizar la seguridad de la información, (lo) que podrían comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información vinculados” a este sistema.

Anchorena.

Las ineficiencias trascienden el ámbito de los escritorios de oficina y están también en lugares lejanos donde el Estado tiene presencia. A pedido de la Secretaría de la Presidencia de la República, un equipo auditor llegó hasta la estancia oficial de Anchorena, en Colonia, donde comprobó que había una buena preservación de ese establecimiento de descanso de los jefes de Estado, pero también la ausencia de una “administración integrada” y de un “adecuado sistema de control y supervisión”.