Las más de 20.000 personas que pasaron por situación de calle en tres años reflejan una “calesita perversa” de exclusión social

“Quiere decir que hay un montón de gente que entra y sale del sistema, que no encuentra conexión con la sociedad y vuelve a caer. Siendo gráficos: las personas que estuvieron al menos una vez en la calle en los últimos años en Montevideo llenan una tribuna cabecera del Estadio Centenario. Eso refleja una suerte de calesita perversa de exclusión social”, dijo a Búsqueda Walter Ferreira, coordinador del Espacio Cultural Urbano, un programa gestionado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que trabaja para la inclusión social de poblaciones vulnerables.

—Ya van dos muertos por hipotermia y el tema resurge otro año con su impronta de emergencia. ¿Cómo explica esto?

—Las víctimas del frío son primero víctimas de la indiferencia y la negligencia de un sistema injusto que no protege de igual forma a todos los ciudadanos. Hay una violación sistemática de los derechos de la ciudadanía en situación de calle los 365 días del año. Y las víctimas son el resultado de esas violaciones. Las personas “en situación de calle” son ese “otro” invisibilizado y excluido de la categoría de ciudadano, que tiende a ocupar dos polos de la sensibilidad social, entre la piedad y la condena. Entonces, o son objeto de asistencia caritativa o son blanco de estigmatizaciones —delincuentes, drogadictos, locos, vagos—, como una cosa homogénea y molesta que se puede mover de un lugar a otro, una especie de quiste que se puede arrancar. Esa idea, que tiene mucho de fantasía, está instalada y naturalizada en la sociedad, y nos lleva a una aceptación resignada de ver como parte del paisaje urbano a ciudadanos durmiendo en la calle.

—“La cantidad de gente que en un momento está en la calle no permite entender el fenómeno. Hay que ver toda la película: ¿qué es lo que lleva a las personas a terminar en la calle? Y eso no se soluciona con medidas de shock¬´”, dijo el director de Evaluación del Mides, Juan Pablo Labat, a El País. ¿Cómo es “la película”?

—La naturalización del imaginario social se traduce en las políticas públicas, en justificar que hay sin techo en todas partes del mundo, y en decir que el Estado debe solucionarlo. Pero los que operamos en la calle vemos una realidad más difícil y compleja. Las soluciones simplistas ante este fenómeno no corren. Hay que dimensionarlo. Cuando se habla de 2.038 personas en situación de calle, alguien puede pensar que con una fuerte inversión esto se soluciona, y no. Porque esa es la foto de hoy. La película es que en tres años pasaron más de 20.000 personas por el sistema de refugios, en calle. Quiere decir que hay un montón de gente que entra y sale del sistema, que no encuentra conexión con la sociedad y vuelve a caer. Siendo gráficos: las personas que estuvieron al menos una vez en la calle en los últimos años en Montevideo llenan una tribuna cabecera del Estadio Centenario. Eso refleja una suerte de calesita perversa de exclusión social.

—¿Quiere decir que el problema es sistémico?

—Sí, pero además de la cantidad de gente en situación de calle, de los sin techo, está el llamado “sinhogarismo”, que es la falta de un hogar. En cualquier barrio vemos viviendas muy precarias donde la gente vive muy cerca de la situación de calle: cuentan con un lugar físico pero que tampoco reúne las condiciones mínimas para un digno desarrollo humano y social. De ahí, al poco tiempo, terminan en la calle; sobre todo las mujeres que sufren violencia machista y que se van de la casa con sus hijos. En estas situaciones extremas, el sinhogarismo hace más evidente el peso de la exclusión social.

—Según el Mides, la mayoría son hombres, de 38 años en promedio, muchos rompieron sus vínculos familiares, pasaron por la cárcel (69%) y/o por una internación psiquiátrica (40%). ¿Cómo se integran socialmente estas personas “solas” y “excluidas”?

—Las políticas sobre la realidad poscárcel, la violencia de género, las adicciones, la gente con problemas psiquiátricos graves deberían estar mucho más articuladas entre el Estado y la sociedad civil. Claro que si al que salió de la cárcel lo metemos dentro de la cosa homogénea que se lleva y trae, habrá exclusión social.

—¿Cómo se transita el proceso desde el lugar del “sujeto excluido” a “sujeto de derecho”?

—Está faltando una perspectiva de la propia gente que está en calle, de su realidad. Pero de manera compleja, tratados como ciudadanos, como seres sociales tan libres como uno. Esa concepción de ver a la gente sin hogar como cosa homogénea y sin derechos, que se lleva y trae, también está arraigada en los dispositivos que se generan desde las políticas públicas.

—¿Qué responde a quienes cuestionan que con estas políticas solo “se fomenta el pobrerío” y que hay “casos perdidos”, irrecuperables?

—No, de verdad no lo creo. Se puede trabajar hasta con quienes están más en el horno. Muchos dicen que son casos perdidos y cuando aparece un muerto dicen que era un adicto a tal cosa. Esa práctica discursiva y culpógena está sumamente instalada y funciona como un mecanismo de defensa de la gente: pone el énfasis en el lugar del déficit. El que no es pobre no quiere que existan. Pero eso habla de una concepción totalizadora. Por eso el Estado es el primer responsable.

—¿Por qué el Estado es “el primer responsable”?

—El Estado tiene una responsabilidad central. El problema es que el fenómeno es atacado desde las distintas instituciones estatales pero de manera fragmentada y ahí fracasan los nexos entre una política y la otra, no hacen conexión. Hay toda una corriente de responsabilizar al Mides. Pero si dejamos solo al Mides es imposible que logre cambios de fondo.

—Pero la atención implica a varios organismos, además del Mides, como el Ministerio del Interior, Salud Pública, la intendencia, el INAU. ¿Qué pasa en los hechos?

—La interinstitucionalidad falla ostensiblemente. Esa falta de éxito es un detalle gigante: hay un déficit evidente de las políticas de Estado. Pero no se trata solo de problemas del Estado. Además, hay un montón de actores por fuera del Estado que deberían hacerse cargo de lo que está pasando. La sociedad civil parecería que asume el rol de criticar y exigir que se solucionen los problemas, cuando ella puede ser parte de la solución. En la región hay experiencias exitosas de trabajo organizado con la sociedad. En Uruguay pervive un paternalismo histórico y todo lo hacemos pidiendo permiso al Estado.

—En 2013 se aprobó la llamada ley de faltas, que prohíbe “la ocupación indebida de espacios públicos” y establece que quien duerma o acampe allí será sancionado con horas de trabajo comunitario y hasta con prisión. ¿Qué cambió esa ley?

—Para quienes operamos en este contexto se trata de una mala ley, una forma encubierta de criminalización de la pobreza, porque busca invisibilizar a estas personas; provoca una situación estigmatizante y ocultadora del problema. Además, es de difícil aplicación y solo se habla de ella cuando llegan los fríos y empieza a morir gente. Esto, en cuanto a la sociedad, muestra algo perverso, muy delicado. La solución no es excluir a la gente de los ámbitos públicos ni la intervención compulsiva: echarlos de los shoppings, de los centros culturales, de las facultades… no resuelve nada.

—Hasta el año pasado las personas en situación de calle no habían entrado masivamente a una facultad. ¿Cómo observa el fenómeno de ese colectivo organizado en Ciencias Sociales?

—Está claro que la Universidad tiene otros roles, pero también tiene un compromiso con los problemas sociales, y ahora el propio objeto de estudio está dentro de la facultad. Es interesante cuando se aborda el fenómeno desde otra perspectiva, de trabajar con la gente y permitir que se organice, y no ir de frente con medidas de shock. En las macropolíticas muchas veces aparecen soluciones desde el lugar del confort. Nosotros trabajamos desde lo micro, con prototipos de nuevas experiencias, y esto no es de izquierda ni derecha. Hay que encontrar nuevas sensibilidades para comprender que delante hay personas que quieren sentirse un igual.

—¿Cree que es una experiencia replicable a otros ámbitos públicos?

—En eso estamos, en agosto veremos los resultados. En todo caso, el colectivo de la facultad es una muestra representativa de gente sin hogar, con problemas de adicciones, de violencia machista, de maltrato. No es una “selección”; no participan solo “los lindos ni los que tienen todos los dientes”, como dijo uno. Y luego usan las instalaciones —por la sala informática— unas 40 personas por día, con una paz que ya no es noticia. Este es un trabajo muy duro, poblado de fracasos. Todo el tiempo uno fracasa, fracasa, fracasa... Pero hay un posicionamiento humano. Los que logramos sostener una práctica durante mucho tiempo, fracasando la mayoría de las veces, nos manejamos con un horizonte de convivencia ciudadana mejor. Trabajamos para convivir en una sociedad más sana, por ejemplo, para mi hija.