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Desde 2007 la seguridad social amplió su cobertura tanto de trabajadores activos como de pasivos, pero esa tendencia se cortó en los años recientes. Asimismo, si bien las jubilaciones y las pensiones ganaron poder de compra en ese decenio, en 2017 todavía 26,6% de las jubilaciones y pensiones eran insuficientes para adquirir la canasta básica de alimentos y servicios que define la “línea de pobreza”.
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Eso concluyen los primeros dos informes del Observatorio de Seguridad Social lanzado en abril por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) con el apoyo de dos administradoras de fondos previsionales (República y Sura), las cajas de jubilaciones y pensiones de bancarios, notarios y profesionales universitarios, además de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo. El equipo de investigación es coordinado por Fernando Lorenzo, exministro de Economía e integrante del consejo directivo del Cinve (Búsqueda Nº 1.952).
El primer informe analiza la evolución reciente de la cobertura por parte de las distintas instituciones que conforman el sistema previsional uruguayo: el Banco de Previsión Social (BPS), los servicios estatales (de retiros y pensiones de policías y militares) y las cajas paraestatales (bancarios, escribanos y la de los demás profesionales).
Destaca que la cantidad de trabajadores que hacen aportes (“cotizantes”) a la seguridad social creció “fuertemente” entre 2007 y 2014, se contrajo en 2015 y 2016, y volvió a aumentar durante 2017. Entonces llegaron a 1.475.974, un incremento de 316.678 respecto a 10 años atrás; fue sobre todo por la mayor cantidad de aportantes al BPS y, en menor medida, al resto de las entidades previsionales. Eso significa que la cobertura de los activos pasó de 77,8% de los ocupados en 2007 a casi 90% en 2017.
También hubo un incremento del número de personas de 65 o más años que percibía algún tipo de pasividad, salvo en 2016 y 2017. El total pasó de 415.830 en 2007 a 472.326 diez años después (aumento de 56.496), sobre todo por la mayor cobertura del BPS —en parte por la ley de 2008 que flexibilizó las exigencias para acceder al retiro— pero también de las “cajas” policial y militar. Esas cifras expresadas como proporción de la población de dichas edades pasaron de 91,5% a 95,5% en el período mencionado.
Son, de acuerdo con el análisis, “elevadas tasas de cobertura” del sistema en una comparación regional, particularmente de los pasivos. Subraya, sin embargo, que “no se debe ignorar” el descenso verificado en la cobertura de los trabajadores activos, que dejó de crecer desde 2014, y que cayó en los últimos dos años en la etapa pasiva.
Pobreza
El segundo análisis se enfoca en el “nivel y heterogeneidad” de las pasividades en el sistema, utilizando microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. En 2017 el ingreso medio declarado fue de $ 21.876 como jubilación, pero con asimetrías significativas; las más bajas son las del BPS ($ 18.540 corrientes) y las mayores, de la Caja Bancaria ($ 58.235).
Con el propósito de analizar la magnitud de las jubilaciones, el Cinve comparó las jubilaciones con la “línea de pobreza”: el 83,9% de las jubilaciones estaba por encima el año pasado. Eso supone una mejora respecto a la situación en 2007, en especial en el interior urbano y rural.
Por otra parte, el ingreso promedio por concepto de pensiones ascendió a $12.119 en 2017; las más elevadas eran las pagadas por la Caja Notarial ($ 42.422) y la menor, la del BPS ($ 10.632). El 54,3% de esas prestaciones superaba la “línea de pobreza”.
En promedio, una de cada cuatro (26,6%) de las pasividades resultaba insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios.
El informe aclara que esa comparación no busca determinar si una persona jubilada o pensionista es pobre o no, ya que no se están considerando todos los posibles ingresos que recibe. Tampoco se pretende determinar si el jubilado vive en un hogar pobre, dado que no se tiene en cuenta el número de personas con las que habita.
