—Sí, enseguida se lo planteó a Pablo Mieres y obviamente fue un enorme desafío y un gran honor. Sobre todo, tratándose de un área a la que le he dedicado toda mi vida profesional. Así que, como tuve varios meses para imaginarme cosas y para ir preparando cosas, me dediqué a ello en buena parte del verano y, probablemente, eso también me haya podido jugar una mala pasada, porque venís con mucha ansiedad de cosas que te fuiste imaginando, de cosas que leíste. Y a veces es natural que vos entres en organizaciones donde los cambios tengan que ocasionar cierto consenso. Ahora, de todas maneras, fueron unos meses de trabajo intenso de concebir un modelo de gestión de medios públicos. Y sobre todo de ponerlos al servicio de los cometidos legales y al mismo tiempo de perspectivas artísticas, de comunicación periodística, y hasta filosóficas, acordes con este nuevo tiempo político.
—Pero en el medio de esto siguió incursionando en la política y en una campaña electoral rumbo a la Intendencia de Montevideo.
—En realidad no fue en el medio…
—¿Cómo fue?
—Cuando empezó la campaña decidimos de algún modo que yo no asumiera el cargo.
—Dejó todo en stand by.
—Dejé todo en stand by, asumió Carlos Muñoz, que sigue estando porque es parte del equipo. Esa fue una decisión política, que por suerte él estaba cerca y tiene absoluta idoneidad, por lo tanto, fue resolviendo muy bien un montón de cosas. Por ejemplo, la comunicación de las restricciones por la emergencia sanitaria, que la verdad fue para todos un debut muy brusco. Esto fue antes de que se desatara la pandemia y antes de que el presidente decidiera que asumiera en los medios, porque la perspectiva de que hubiera elecciones departamentales… se hablaba del año próximo.
—¿Ahí entonces se bajó de la carrera por la Intendencia?
—No, recordemos lo que fueron esas primeras semanas: incertidumbre total. Y entonces fue, bueno, dale, asumí en los medios públicos, y después veremos. Cuando sea que ocurra lo de la campaña seguramente tomemos una decisión similar, o al menos inspirada en los mismos principios de transparencia y garantías por los cuales se suspendió mi designación.
—¿Y cuál sería esa decisión?
—Me lo han preguntado, no es que quiera eludir la respuesta. La verdad es que todavía no sabemos cuál va a ser la decisión concreta. Lo que sí podemos asegurar es que va a ser acorde a los valores que estuvieron en juego cuando se suspendió la designación. Y los valores son: aunque no haya restricciones legales, hay restricciones por cuestiones de sensibilidad ética. Que quien dirija los medios públicos no haga campaña o quien haga campaña no dirija los medios públicos. Pero no te puedo decir a través de qué vía…
—Una de las posibilidades que se manejó es que pida licencia, pero en los hechos pedir licencia es como decir “ya vengo”. Sigue siendo el jefe…
—Claro, estamos en un escenario que la legislación no prevé y que tampoco lo preveía la sensibilidad en temas de transparencia. Es que se proclama un candidato, comienza una campaña, se suspende sin perspectivas ciertas de retomarse, hay que aplicar políticas, tienen que volver los jerarcas a sus cargos, y después algún día volver al estadio anterior. Entonces, en ese marco de relativa incertidumbre las decisiones fueron obviamente respetuosas de las leyes —bueno sería que no fueran—, pero además le agregaron un plus de dar señales de que jamás se van a utilizar los medios públicos en beneficio ni del director ni del partido del director.
—Pero con una decisión de licencia no salva del todo esa transparencia.
—Sí, es probable. Es una valoración aceptable. Podríamos discutirla, pero entiendo que pueda verse de esa perspectiva. Lo que quiero decir es que hoy, porque también hay temas jurídicos, no puedo saber cuál va a ser la decisión. Sí sé que va a dar testimonio de que aplicamos criterios de transparencia suficientemente razonables.
—Hay un tema que se cruza con esto y es que la suya es una designación política.
—Sí, es un cargo político.
—Un cargo político que forma parte de la distribución de socios de la coalición, entonces es un político a cargo de los medios públicos.
—Sí, todos los que han estado acá lo han sido, de algún modo.
—Ahí no hay diferencias con los gobiernos anteriores.
—No, porque ese es el marco legal.
—Pero el marco legal dice que la elección es del Poder Ejecutivo, pero podría elegir a alguien 100% técnico.
—No importa; quien sea que ocupe este cargo va a ser un político. Es un cargo político. Puede ser que tenga una alta tradición política o que tenga cero. Pero seguro va a ser un cargo político.
—Pero si tiene cero vinculación política puede ser visto como un profesional de los medios contratado para ese cargo.
—El vínculo con el poder político es exactamente el mismo. Depende del Ministerio de Educación y Cultura y al ministro lo designa el presidente. En este caso, obviamente, la visión y la convicción del presidente fue que lo ocupe un técnico. Lo que vio el presidente fue un cargo político que lo ocupa alguien que tiene una larga trayectoria profesional y que, de última, si bien pertenece a un partido político, tampoco es que se lo vincule principalmente.
—En su despedida de Radio Carve dijo: “Una vez que pasás para el otro lado, algo se rompe, no se puede emparchar”.
—Absolutamente.
—Ya no es un técnico.
—No, técnico sigo siendo hasta que me muera o que me venga el Alzheimer.
—Tiene conocimientos técnicos pero es un político.
—Claro, absolutamente. Pero creo que el presidente vio la oportunidad de esas dos cosas juntas.
—¿Cuáles cree que son las condiciones que vio el presidente en usted para ofrecerle este cargo?
—Suelo tener una mirada muy poco compasiva conmigo. Y trato de no calificarme porque suelo incurrir en uno de los dos extremos: expresarme de una manera muy positiva o flagelarme. Entonces dejemos que cada uno lo juzgue. La pregunta la tendrá que resolver el presidente, no yo.
—¿Y con qué cabeza entra a los medios públicos?
—Bueno, celebro que hablemos de este tema, porque se han ensombrecido un poco los objetivos. Y los objetivos pasan por el cumplimiento de los cometidos que te da la ley con relación a generar contenidos que apunten a darle a la gente material audiovisual que le permita desarrollar plenamente su condición ciudadana, a tener una perspectiva real, profunda, sobre los grandes temas de la vida política, social, económica, cultural. Y eso hacerlo con una programación que, además de tener la suficiente calidad, responda a parámetros profesionales que traten de replicar las más altas exigencias avaladas por el mundo de los medios públicos. En esto venimos con un atraso de muchas décadas, tanto en el plano de la explicitación de los principios, prácticas y procedimientos como en la evolución de la institucionalidad de los medios públicos. En los países de democracia plena, los medios públicos no dependen directamente del poder político, se busca que no haya incidencia. Y tienen compromisos públicos que le permitan a sus profesionales saber en qué marco se mueven, a quienes controlan desde lo institucional, saber cuándo se está cometiendo una falta y cuán grave es. Y lo más importante de todo, le permite a la sociedad saber a qué tiene derecho respecto a esos medios que le pertenecen y en la medida que son cuestiones claramente explicitadas cualquier persona puede pedir explicaciones o tratar de incidir en corregir algunas prácticas que traicionen aquel compromiso. Estamos muy lejos de eso. Pero hay cosas en las que podemos avanzar sin que haya modificaciones legales —que las va a haber— y quizás eso pueda explicar parte de la polémica. Porque lo que estamos haciendo es explicitar algunos principios, de manera que todos sepan cuáles son los requisitos mínimos y fundamentales para que se conozca nuestro compromiso con la ciudadanía y también con los actores sociales potencialmente involucrados en nuestros contenidos. No creo que estemos refundando nada ni inventando la pólvora con esto.
—De ahí viene la polémica con el comunicado, ¿era tan necesario explicitar eso?
—Bueno. La respuesta es sí. Era necesario. Y yo acepto y entiendo las críticas. La forma en cómo se explicitó pudo causar dudas innecesarias o que se pudieron haber evitado. Pero también es cierto que uno tiene que tomar decisiones sobre la marcha y de la manera más rápida y contundente posible para evitar que con el paso del tiempo se relajen los comportamientos.
—¿Uno de los comportamientos fue la larga entrevista que le hizo el periodista Fabián Cardozo al político español Juan Carlos Monedero?
—Sí, pero la perspectiva no fue esa, porque una larga entrevista no es motivo de advertencia ni de preocupación.
—Pero formó parte del proceso de este comunicado.
—Lo que pasa es que fue la segunda cobertura consecutiva que se hizo sobre la situación en España, entrevistando a diputados del mismo partido en un país que tiene un bloque oficialista y otro opositor. No debió haber pasado que en la primera cobertura hablara solamente un diputado de Podemos y menos que en la segunda hablara solamente un diputado de Podemos. Esto despertó quizás una alarma excesiva. Porque los sindicatos de la radio y la televisión me dijeron que ya trabajan con estos estándares y estos principios. El comunicado puede llevar a la idea de que es una práctica generalizada hacer cosas que van en contra de estos principios y eso no es justo ni es real. Les pedí disculpas. La idea no es controlar, la idea no es pasar por un filtro, no es decir esto va y esto no. Eso no se va hacer nunca. Si se constata que los equipos periodísticos tienen internalizados estos principios, mejor. En el periodismo, que tiene tanto de creativo, intuitivo, y también de procedimientos profesionales, si vos le decís tenés que obedecer, lo peor que te puede pasar es que te obedezcan. Entonces decime vos de qué tengo que hablar. Es el fin, tenés que cerrar. Esto es la excepción, sean creativos, sean libres, busquen fuentes, pero asegúrenme que se cumplan los principios básicos de los medios en un Estado democrático.
—Pero todo esto parece contradecir el comunicado, donde usted pone a alguien de su confianza a controlar lo que salga.
—Ese fue otro aspecto que me plantearon los sindicatos. Y por suerte tenemos todos la convicción de que no hubo ninguna intención de censurar a nadie.
—Suena a censura previa.
—Entiendo. Pero, una lectura lineal de lo que dice el comunicado, dice lo contrario. Dice “en orden de garantizar esto, hagan esto”.
—Por eso llama la atención que la garantía de que eso se cumpla sea reportar los contenidos a una persona de su confianza.
—Entiendo, sí, pero ¿cómo era hasta ahora? ¿A qué políticas editoriales respondían hasta ahora? ¿A qué procedimientos respondían hasta ahora? ¿Quién sabe dónde está escrito, si es que está escrito en algún lado, cuál es la política? ¿Cuál era el contrato funcional entre la dirección de los medios públicos y los coordinadores? ¿Y cuál era el contrato con el público? Acá hay una nueva dirección, que, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, donde el director de los medios públicos —lo ejerciera o no— tenía un poder absoluto sobre los contenidos informativos y periodísticos, este director dice yo no voy a intervenir porque no creo que sea conveniente. Lo que voy a hacer es establecer los criterios de política editorial garantizando los valores de imparcialidad y voy a designar a una persona que sea la responsable de cumplir con eso, un cargo que no existía. En todo este lío desaparecieron esas dos innovaciones.
—¿Pero es un cargo de su confianza?, ¿no se podría haber hecho un llamado para ese puesto?
—Lo que pasa es que finalmente se hubiera elegido… ¿Un llamado con base en qué criterio? ¿Trayectoria? Bueno, la persona que está tiene suficiente trayectoria. Es decir, estamos en una situación en que el estatus legal debilita la posibilidad de que se garantice la transparencia en el manejo de los contenidos de los medios públicos que con el actual cuerpo legal queda librado a la más absoluta discrecionalidad del director. O incluso del ministro. O incluso del presidente. Eso en otras partes del mundo se resolvió dándole mayor autonomía a los directores y pasando su designación por el Parlamento.
—El gobierno envió un proyecto de “ley de medios” al Parlamento para remplazar la que se aprobó durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Incluye estas ideas?
—Sí, hasta donde yo sé, sí. Se está trabajando en eso.
—¿Su objetivo sería que esto esté contemplado en el proyecto?
—Yo digo lo que creo sería lo ideal, porque es a donde han evolucionado los países de mayor calidad democrática, como Uruguay. Que los medios estén lo más lejos posible de la política. Y que haya una guía de principios y procedimientos que sea conocida por todas las partes y por la ciudadanía. Hasta ahora las prácticas en los medios públicos eran absolutamente opacas, inauditables. No estaban escritas en ningún lado, ¿entonces qué podíamos exigir? El poder, la discrecionalidad de los directores de los medios era absoluta. Tomamos la decisión, unilateral, de terminar con esa práctica. Porque para respetar normas de ética no precisás una ley. Para asegurarle a todas las partes involucradas en una cobertura periodística que va a ser respetada su versión, que se van a escuchar todas las voces y van estar balanceadas, no hace falta una ley. Alcanza con la voluntad de este director, que va en línea con el talante de transparencia de este gobierno, y es ese el camino que estamos transitando. No hay otro camino en el mundo, todos los demás nos llevan o a la censura, o a la tiranía, o a la discrecionalidad y arbitrariedad en la que vivíamos.
—Pero lo ideal sería que esto se reflejara en una ley, que no dependiera solo de la honestidad del director de turno.
—La respuesta es sí. Lo hablamos con el ministro de Educación. Y uno de los temas que comentamos con cierto grado de asombro es el enorme poder que este estado de cosas le da a él y a mí. Los dos creemos que es una situación que está lejos de ser la ideal. Una potestad de quien dirige los medios públicos de cambiar contenidos, priorizar enfoques, promover ciertas coberturas…
—¿Y eso era lo que estaba pasando?
—Bueno, si no pasaba, por lo menos podía pasar. Y formalmente los directores, de manera explícita, no dijeron que no podía pasar, que es lo que estoy haciendo yo ahora. No va a pasar que haya información que responda a intereses particulares, que no incluya a todas las voces necesarias o que sea parcial.
—¿Usted era consumidor de la televisión estatal mientras era periodista?
—(Ríe). Yo soy un consumidor de medios muy digitalizado. Obviamente, algunos contenidos veía. No soy un gran televidente, eso es verdad.