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Las tobilleras electrónicas son unánimemente aceptadas por todo el sistema político y las organizaciones sociales como una de las herramientas más fiables para reducir los ataques de género contra las mujeres. Desde que comenzó a funcionar en 2013 ninguna mujer que formó parte del programa fue asesinada, lo que determinó tanto al gobierno saliente como al entrante a ordenar la adquisición de más tobilleras para 2020.
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Pese a la efectividad de la iniciativa, una evaluación de impacto realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sostiene que en el largo plazo las tobilleras no logran disuadir los actos de violencia en un porcentaje mayor al que lo hacen otras medidas de seguridad alternativas que se disponen contra los agresores de género. “A partir de los resultados obtenidos, se confirma que la colocación de la tobillera en sí misma no es suficiente para generar un cambio conductual en el victimario. Estos resultados permiten constatar que hay determinados perfiles de victimarios en los cuales el programa cumple su efecto de muy corto plazo de evitar el acercamiento, pero es necesario prever otro tipo de tratamiento para el mediano y largo plazo, porque es altamente probable que luego de finalizada la medida reincidan”, indica parte del informe al que accedió Búsqueda.
El estudio fue publicado en enero por el Área de Gestión y Evaluación de la OPP, que tomó como período de análisis los años 2014, 2015 y 2016. Dentro de las conclusiones sobre su efectividad a largo plazo, plantea la necesidad de identificar el perfil del agresor de forma temprana, lo que puede contribuir a asignar un tratamiento y un acompañamiento adecuado para el victimario, ya que el programa de tobilleras establece su reeducación mediante reuniones con equipos técnicos especializados en violencia doméstica y de género. Este apoyo psicosocial apunta a lograr cambios conductuales más profundos que puedan mantenerse luego de que se le quite la tobillera, que en promedio se coloca por 180 días.
“En Uruguay no hay un perfil único y, por lo tanto, tampoco la conducta posterior es la misma. En los hechos hay ofensores que reinciden, otros que reenfocan su agresión hacia otra u otras personas y algunos que dejan de agredir”, afirma el documento. Entre los perfiles de agresores se identifica uno en particular, definido como “negador rígido”, en el cual es inviable producir un cambio de conducta. “En este tipo de perfiles no es esperable encontrar impactos en cuanto a desistimiento de la violencia a partir del programa. Si bien no se logró una estimación exacta respecto al perfil de ofensores identificados como negadores rígidos, se puede decir que es un perfil para el cual el pasaje por el programa probablemente no tenga un efecto disuasorio de nuevos hechos de violencia, como sí podría tenerlo para otro tipo de perfiles. Por lo tanto, son casos en los cuales se sugiere repensar la estrategia, dado que poner la tobillera por dos o tres años, si bien evita el contacto con la víctima, no parece actuar sobre el origen del problema”.
La única herramienta
Conocido oficialmente como Tecnologías de Verificación de Presencia y Localización de Personas en Caso de Alto Riesgo de Violencia Doméstica, el programa de tobilleras electrónicas plantea la colocación de este dispositivo en el agresor, lo que impide su acercamiento a la víctima al alertar a la Policía si incumple las ordenes de restricción dictadas por la Justicia. La dirección policial que lo gestiona se encuentra en el Centro de Comando Unificado (CCU), que, ante el incremento de los dispositivos que deberá monitorear, a comienzos de año inició un proceso de cambios internos para aumentar los recursos humanos y el espacio físico donde funciona, en la sede de la Guardia Republicana.
En la actualidad, el área, con 120 empleados, se ocupa de alrededor de 1.200 tobilleras relacionadas con violencia doméstica —hay otras destinadas a sentencias de prisión domiciliaria— arrendadas durante la administración de Tabaré Vázquez a través de licitaciones públicas y compras directas a Surely S.A., una empresa argentina que provee soluciones de seguimiento y monitoreo de delincuentes. El costo total fue de US$ 8,8 millones.
Esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que destinará al Ministerio del Interior una partida de US$ 4 millones para el arrendamiento, software y personal de monitoreo de un nuevo lote de aproximadamente 300 tobilleras. “Nos escucharon hablar de forma reiterada de la necesidad de tener más pulseras electrónicas para las víctimas. Se han ido comprando, pero siempre resultaron insuficientes. Para nosotros esta es la única herramienta que hasta ahora ha funcionando de alguna manera, en términos de prevención”, indicó la vicepresidenta Beatriz Argimón el lunes 9 durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.
Junto con la vicepresidenta estuvo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien resaltó la importancia para el gobierno de apoyar la Ley Nº 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género. “Entendemos que es una prioridad. Hay una emergencia nacional que inquieta a toda la sociedad y hay un compromiso del gobierno para destinar los fondos necesarios”, dijo.
