• Cotizaciones
    martes 11 de junio de 2024

    Las transferencias de fondos a los gobiernos departamentales contribuyen poco a una “equidad fiscal” y a darles autonomía

    Hay “inercia histórica” de negociación política y faltan “fórmulas claras” para distribuir los recursos, según un análisis

    Entre los gobiernos departamentales existen “grandes diferencias” en el nivel de ingresos y gastos por habitante, lo que tiene implicancias en la cantidad y calidad de los servicios entregados por cada uno. En eso incide, en parte, una asignación de fondos desde la administración central ejecutada “con algunos criterios orientadores” pero que “distan mucho” de ser “fórmulas claras y técnicamente definidas”, y que está sujeta a un “grado implícito de negociación política importante”. Asimismo, “se puede señalar que la equidad fiscal no parece haber desempeñado un rol destacado en el régimen de transferencias intergubernamentales actualmente vigente en el Uruguay”.

    Eso sostienen tres docentes e investigadores del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en un artículo publicado en la edición de diciembre de la Revista de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). En su análisis utilizaron datos del período 2006-2014 para evaluar el “impacto ecualizador” o igualador del sistema de transferenciales de fondos a los gobiernos departamentales y, a partir de eso, contribuir en el “diseño óptimo de las estructuras fiscales subnacionales”.

    Constataron que existe una gran disparidad en cuanto a sus ingresos propios per cápita, de casi cinco veces superior, por ejemplo, de Maldonado respecto a Cerro Largo. También se observan diferencias relevantes en las transferencias del gobierno central, aunque de un orden de magnitud menor.

    Distribución

    En la ley de Presupuesto Nacional para 2001-2005 y 2006-2010 se incorporaron las reformas a la Constitución Nacional realizadas en 1996, estipulando que en cada período de gobierno debe distribuirse una alícuota del gasto presupuestal entre los gobiernos departamentales, que fue aumentando gradualmente (desde 3,18% en 2001 a 3,54% en 2005, para fijarse en 3,33% desde 2006).

    Una parte importante de esa alícuota es financiada por los programas de infraestructura municipal y mantenimiento de caminos rurales (ambos administrados por el gobierno central). Los fondos remanentes se distribuyen entre los gobiernos subnacionales en función de dos criterios. Uno se basa en indicadores de población, superficie, inversa del Producto Bruto Interno (PBI) regional y porcentaje de hogares con necesidades insatisfechas (25% cada uno). El otro criterio tiene en cuenta la distribución porcentual entre los gobiernos departamentales en el período gubernamental anterior. El resultado final de reparto de las transferencias se deriva de “algún tipo de promedio entre los dos criterios, aunque su distribución final no resulta para nada clara. A su vez, el porcentaje de fondos remanentes queda determinado por la negociación política entre el gobierno central y el Congreso de Intendentes”, señalan los autores, Leonel Munielo-Gallo, Pablo Castro y Joana Urraburu.

    Otro artículo de la Constitución regula las transferencias del Fondo de Desarrollo del Interior —FDI—, formado por una alícuota (cerca del 11%) de los impuestos que el gobierno central recauda de los departamentos del interior del país. Sin embargo, solo el 33,5% de la financiación del FDI se dirige directamente a los gobiernos departamentales y el 66,5% es ejecutado directamente por el gobierno central.

    En suma, entre 2006-2014 la asignación de transferencias intergubernamentales “estuvo compuesta por mecanismos poco claros, con algunos criterios orientadores pero que distaban mucho de ser de fórmulas claras y técnicamente definidas, y con un grado implícito de negociación política importante entre el gobierno central y los departamentales”. Al mismo tiempo, afirman que la mayoría de los criterios de asignación de transferencias —población, superficie e incluso PBI per cápita— “llevaban aparejado un componente de inercia temporal”, además de la consideración explícita de cómo se habían asignado los recursos entre los departamentos en el último período de gobierno anterior. “En este sentido, se puede señalar que la equidad fiscal no parece haber desempeñado un rol destacado en el régimen de transferencias intergubernamentales actualmente vigente en el Uruguay”, sentencian los investigadores del Iecon.

    Pese a que existe “cierto efecto ecualizador en términos de ingresos de los gobiernos departamentales, la igualación fiscal no forma parte de manera explícita y clara de la normativa que rige la distribución de las transferencias”, añaden. E insisten en subrayar la influencia en eso de una “inercia histórica en el ámbito de la negociación política”, que “no permite avanzar en procesos de mayor autonomía” departamental. Hay, además, “limitaciones técnicas importantes”, tanto en el ámbito del gobierno central como —principalmente—en el de los departamentales, que se ven reflejadas en la escasez de personal técnico y de bases de datos adecuadas con las cuales construir y actualizar los indicadores técnicos necesarios para diseñar un esquema de transferencias “objetivo y ecualizador”.

    Por otro lado, los autores identifican también un “comportamiento displicente en cuanto a la ejecución de recursos” por parte de las administraciones departamentales.

    Reforma

    Apuntando a un régimen de transferencias “ecualizadoras” —que todos los gobiernos subnacionales puedan proveer servicios de calidad similar con un esfuerzo tributario equivalente—, plantean como “opción de reforma” igualar la diferencia entre la capacidad de generar ingresos propios y las necesidades de gasto de los gobiernos subnacionales. Y como criterio de distribución, proponen establecer que los dineros entregados solo puedan beneficiar a los gobiernos departamentales cuya disparidad fiscal sea positiva.

    Con base en esto, ocho (Canelones, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Salto, Paysandú, San José y Cerro Largo) recibirían un monto mayor al que les toca actualmente. Del otro lado, Montevideo, Florida, Lavalleja, Rocha, Soriano, Durazno, Treinta y Tres, Río Negro, Colonia, Flores y Maldonado verían reducidas las transferencias (en particular los últimos tres, que tienen una capacidad fiscal relativamente alta). Esta propuesta, sustentada en “criterios objetivos ligados al valor de determinadas variables, permite reducir claramente el nivel de disparidades fiscales horizontales”, sostienen.

    Economía
    2020-01-09T00:00:00