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Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) obligadas a cumplir con las normas antilavado identificadas por la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) son 583, y dentro de ese total, se destacan por su número las instituciones educativas, las de tipo social y las religiosas. De estadísticas entregadas a Búsqueda en respuesta a un pedido de acceso a la información pública surge que las que cuentan actualmente con un oficial de cumplimiento son 580.
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Las OSFL son sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos si superan los 4 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación en ingresos anuales (más de $ 23,5 millones o unos US$ 602.000 convertidos al dólar de los últimos días) o tienen al menos 2,5 millones de UI en activos ($ 14,7 millones o cerca de US$ 376.000).
Una nómina publicada en agosto de 2022 por El País incluyó a 279 organizaciones, de las cuales 44 eran empresariales o gremios profesionales; 16 asociaciones, sindicatos o federaciones de trabajadores —incluido el PIT-CNT—; 46 clubes, ligas o asociaciones deportivas; 95 instituciones, sociedades o fundaciones educativas; 30 son instituciones religiosas; y 48 entidades y fundaciones sociales. El diario difundió en ese momento un detalle de los ingresos y activos de las instituciones listadas en base a lo declarado por estas a la Senaclaft. El Fondo de Vivienda de Cutcsa, iglesias como la Católica y la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Club Nacional de Football, así como la Sociedad de Agricultores Unidos y entidades educativas como la Sociedad San Francisco de Sales o la Asociación Uruguaya ORT, figuraron entre las de mayores activos. El listado no incluyó datos sobre partidos políticos.
En su pedido de acceso Búsqueda requirió esos datos para los ejercicios más recientes, pero la Senaclaft se negó a entregarlos aduciendo que esa información está amparada en la reserva establecida en la ley 19.574.
El número de OSFL actualmente obligadas a cumplir con las normas antilavado dado su nivel de ingresos y activos son 583, de acuerdo con los datos que la secretaría proporcionó agrupando los sujetos obligados por tipos de institución: 120 educativas, 93 sociales, 75 religiosas, 60 deportivas, 53 culturales, 41 sindicales, 19 médicas, 17 cooperativas, 6 científicas, 4 partidos políticos, 2 internacionales, 1 agrupación política, además de 92 englobadas en la categoría “otras”.
Aunque se trata de entidades que no tienen como cometido obtener una ganancia, en general las OSFL tienen balances con resultados con números positivos o al menos equilibrados.
“En lo que respecta a las acciones tomadas para detectar posibles OSFL omisas, se informa que desde Senaclaft se realizan cruzamientos de información periódicos con el Registro Nacional de Personas Jurídicas —Sección Asociaciones Civiles y Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura—, la Secretaría Nacional de Deportes y el Registro de Beneficiarios Finales del BCU”, contestó ante la pregunta al respecto.
Oficial
Las OSFL fueron incorporadas a este tipo de controles porque, por sus características y objeto, pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Además de reportar ciertos datos relacionados con su actividad, la Senaclaft les exige designar un “oficial de cumplimiento” a cargo de revisar las políticas, procedimientos y controles implementados para cumplir con las disposiciones para la prevención del lavado de activos, así como detectar y reportar operaciones sospechosas al Banco Central, entre otras funciones. De la respuesta de la Senaclaft surge que cumplen con ese requisito 580 instituciones; las omisas son una deportiva, un sindicato y una agrupada en la categoría “otras”.
El oficial de cumplimiento tiene entre sus funciones, revisar periódicamente las políticas, procedimientos y controles implementados para cumplir con las disposiciones para la prevención del lavado de activos; proponer mecanismos de alerta así como medidas a aplicar a los fines de mitigar estos riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; colaborar en la elaboración de los reportes de operación sospechosas; coordinar planes de capacitación para el personal que corresponda.
