La repercusión internacional fue muy importante: “Times”, “The Economist”, radio Nederland y otros medios se interesaron en esta propuesta poco común.
El ex presidente Tabaré Vázquez, entrevistado por Canal 10 en Porto Alegre (Brasil) el jueves 21, tomó cauta distancia de la iniciativa, dijo que esta debería ser objeto de “un debate profundo” porque el tema “es controversial”, y opinó que debe ser discutido a nivel de Mercosur y Unasur.
Cuando las juventudes del Partido Socialista y la Vertiente plantearon el tema durante su gobierno, Vázquez no se expresó públicamente pero hizo saber que como médico está en contra de la legalización.
La ministra del Interior durante el gobierno de Vázquez Daisy Tourné y su suplente, el dirigente juvenil socialista Nicolás Núñez, integraron la comisión parlamentaria que venía analizando desde 2010 diversos aspectos de las drogas, legales e ilegales y de otras adicciones como el juego.
Núñez es partidario del autocultivo y milita para eso. Antes de subirse a una moto de baja cilindrada y abandonar, sonriente y con un porro entre los labios, la Casa del Pueblo, histórica sede del Partido Socialista en la calle Soriano, reconoció a Búsqueda que la propuesta del gobierno lo tomó de sorpresa, pero destacó que es un avance porque cambia el eje de la discusión. “La prohibición generó más daño que la propia sustancia” y ahora se trata de “ir acercando posiciones y no ahogarnos en un vaso de agua”, afirmó.
El secretario general de su partido, Yerú Pardiñas, sin embargo, fue más cauto y dijo ayer miércoles a “El País” que el proyecto del gobierno es “problemático”.
Pero no solo jóvenes “fumones” y políticos progresistas apoyan el uso del cannabis. El propio arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, dijo en abril del año pasado en Canal 4, que aceptaría la despenalización bajo supervisión médica si con eso ayuda a contrarrestar “la tremenda enfermedad” que representa la pasta base.
“Efecto góndola”.
El diputado canario Sebastián Sabini (MPP), con el apoyo de los legisladores de su bancada y del representante del Partido Independiente (PI) Daniel Radío, presentó a comienzos del año pasado un proyecto que modifica la ley 17.016 y habilita el autocultivo de marihuana para uso doméstico de hasta ocho plantas y 25 gramos de sustancia por persona.
Sabini, un profesor de historia y fumador ocasional de marihuana, aumentó su sensibilidad en este tema cuando conoció “Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina”, una investigación con financiación canadiense cuyo capítulo dedicado a Uruguay constató que entre 2006 y 2009, en pleno gobierno del Frente Amplio, 681 personas fueron procesadas a pesar de no tener más que algunos pocos gramos de marihuana en su poder, entre ellas uno de los 12 muertos por un incendio en la cárcel de Rocha.
La iniciativa, que aguarda un tratamiento parlamentario junto a otros 16 proyectos relacionados con adicciones, además de otros cambios en materia penal y de tratamiento a los adictos, mantiene la prohibición de plantación, cultivo y cosecha y comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes y otras sustancias que determinen dependencia física o psíquica, salvo tres excepciones: fines científicos, fabricación de cáñamo y “consumo personal o en el hogar”.
Sin embargo, el razonamiento que llevó al gobierno a realizar una propuesta diferente a la del autocultivo, radica en que esa medida podría aumentar el mercado negro y además que la inmensa mayoría de los consumidores quieren fumar sin tener que pasar por el paciente proceso de cultivar las plantas de marihuana.
En un artículo publicado en marzo de 2011 en el semanario “Voces”, Sabini argumentó a favor de la legalización: dijo que los que consumen marihuana quieren estar lejos del esquema del narcotráfico y sostuvo que esta “mejoraría la salud de los consumidores, en la medida de controlar la calidad de la sustancia” y además “la separación del mercado legal e ilegal aleja a los nuevos consumidores de marihuana de drogas más pesadas como la pasta base y la cocaína (según lo demuestra la experiencia holandesa)” y “los usuarios tendrían más acceso a la información y por lo tanto a tomar mejores decisiones”.
Ante la pregunta: “¿Porqué no legalizamos?”, el legislador oficialista respondió: “El prejuicio, los intereses económicos por mantener el statu quo y la cultura dominante basada en un doble discurso moralizante e hipócrita, parecen las razones más evidentes”.
Algunos de estos argumentos son compartidos también por la Junta Nacional de Drogas que dirige desde la salida de Milton Romani (designado embajador en OEA), el sociólogo Julio Calzada.
Entrevistado por Búsqueda el martes 26, Calzada explicó que el objetivo de la propuesta del gobierno es evitar el “efecto góndola”, es decir que los consumidores concurran a las bocas para comprar marihuana y en cambio sean tentados por sustancias más “pesadas”.
Sin embargo, para la Junta, la legalización tal como la propuso finalmente Fernández Huidobro, no estaba en los planes inmediatos.
Calzada, que integra el sector del presidente de Ancap Raúl Sendic, fue citado dos veces e informó al gabinete de seguridad acerca del panorama internacional y nacional de la sustancia, pero no participó en la toma de decisiones.
La Junta presentó hace pocas semanas una encuesta nacional que confirma al alcohol como el primer “consumo problemático” de los uruguayos. La opinión pública presta más atención a la pasta base de cocaína, pero esta es percibida por los expertos como un problema real pero también chivo expiatorio de diversos problemas de la sociedad.
“Pichicateados”.
“¿Quiénes son los que sacan rédito del modelo prohibicionista? No hay duda que Estados Unidos, los narcotraficantes y las burocracias. En este caso la DEA pero también el FBI, son los que sacan partido de esta política criminal internacional de corte prohibicionista”, argumentó el abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Diego Camaño, quien se definió como “legalizacionista absoluto”.
Camaño, uno de las decenas de expertos que aportaron su punto de vista a la comisión especial sobre adicciones que funcionó en la Cámara de Diputados en 2010 y 2011, recordó a los legisladores que, paradójicamente, la dictadura, que violó la Constitución y los derechos humanos, tuvo una legislación más liberal que otros países democráticos del continente.
Aunque en la izquierda la opinión favorable a legalizar es predominante, no todos la comparten. Fuentes oficiales confirmaron a Búsqueda que el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, ex presidente de la Junta Nacional de Drogas en calidad de prosecretario de la Presidencia de su hermano Tabaré, tiene una posición contraria a la propuesta, aunque ha hecho saber que no se expedirá públicamente en contra de una decisión del gobierno que integra.
Vázquez, que como su hermano es profesional de la salud pero que ha dedicado años a los temas de seguridad, indicaron los informantes, razona en la misma línea que el actual director de la Policía, Julio Guarteche y del jefe de brigada antidroga, inspector Mario Layera.
Otro que no está de acuerdo con Mujica es el cura salesiano y ex director del Interj Mateo Méndez. Este padre salesiano, muy ligado al ex presidente Vázquez, dijo el martes 26 que hay que coordinar con la región.
El actual prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, ahora de viaje en Estados Unidos, está entre los que alientan la despenalización.
El propio presidente Mujica, ante una pregunta del semanario “Brecha” el 25 de mayo pasado acerca de la despenalización pareció proclive a autorizar el autocultivo: “Yo no tengo una posición a favor, pero no tengo autoridad moral para parar a los gurises que están cultivando por todos lados, si yo he fumado tabaco toda mi vida… ¿Voy a estar de viejo conservador?”, aunque diferenció entre “fumar un par de porros” y “andar todo el día pichicateado”.
El informe presentado por el diputado Sabini en setiembre pasado con la firma de sus pares Julio Bango (socialista), José Bayardi (Vertiente) Carlos Coitiño (PVP), Felipe Michelini (Nuevo Espacio), Nicolás Núñez (socialista), Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) y Daniel Radío (Partido Independiente) destaca los beneficios de la legalización/despenalización en base a los argumentos mencionados por Sabini y agrega otros como la disminución de la corrupción “asociada a un negocio de proporciones mundiales” o la detención de “la construcción de un Estado paralelo en zonas de difícil acceso” e incluso la reducción de fuga de capitales “de un negocio sumamente lucrativo que no paga impuestos”.
No todos comparten esa visión tan optimista. Mientras el diputado blanco Luis Lacalle Pou elaboró a fines de 2010 su propio proyecto que habilita el autocultivo, dejando la cantidad máxima a criterio del juez, al tiempo que endurece las penas para el tráfico, la diputada del mismo partido Verónica Alonso presentó un informe en minoría en la comisión, donde criticó la actuación del gobierno en la materia. Consultada esta semana opinó que la propuesta presentada por Fernández Huidobro es “una mirada absolutamente miope” que “está basada en el consumidor y no en el bien común”.
Alonso dijo a Búsqueda que el proyecto de Mujica choca con la iniciativa de Vázquez contra el tabaco, que se basa en la reducción de la demanda.
Los colorados, cuyo órgano de dirección rechazó esta semana la propuesta, presentaron también un informe en minoría en materia de adicciones que apunta a una batería de medidas que no incluyen cambios en materia legal.
“La marihuana no es una droga blanda, al contrario, es 17 veces más cancerígena que el tabaco y produce en el hombre azospermia, disminución de espermatozoides”, opinó el médico Guillermo Castro, jefe de Psiquiatría del Hospital Británico, quien además advierte que también produce “trastornos depresivos de tipo mayor”.
Castro dijo que el tema en Uruguay “está ideologizado” y afirmó que durante una estadía en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) aprendió que el estudiante que repite dos veces tercer año de liceo “es un fumador de marihuana hasta que se demuestre lo contrario”.
“Desprohibir”.
El diputado del Partido Independiente (PI) Radío, también es médico pero tiene una opinión favorable a lo que prefiere llamar “desprohibir”.
Radío decidió apoyar el proyecto de ley presentado el año pasado por el Frente Amplio porque está convencido de que el camino prohibicionista no ayuda a mejorar las cosas y ve el autocultivo como una etapa intermedia.
Como médico sabe que ninguna droga es inocua y que puede tener efectos deletéreos si se producen vínculos patológicos y tóxicos, pero sostiene que eso puede pasar también con los juegos de azar y el alcohol y se debe educar para el libre albedrío. “Uruguay puede pasar a ser la Holanda de América”, dijo aludiendo a la política que lleva adelante ese país desde 1978.
Mientras la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad estatal, Susana Mallo, calificó la iniciativa de Mujica de “histórica” y “singularmente avanzada y valiente”, Radío dijo que la propuesta presentada es “un mamarracho típico del gobierno” y que con ello “se corre el riesgo de quemar el tema”.
Esa preocupación no solo es compartida en la oposición. Un destacado integrante del Poder Ejecutivo con militancia tupamara resumió la situación: “Esto es foquismo puro y puede ser como el asalto a la Financiera Monty, que puso al MLN en la cima de la popularidad, pero también puede convertirse en un desastre como el 14 de abril de 1972”.
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2012-06-28T00:00:00
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