Legisladores analizan implementar cambios “urgentes” para agilizar los procesos contra decisiones del Estado ante el TCA

Esta vez, senadores de distintos partidos respaldaron el proyecto de ley —presentado inicialmente a principios de 2018—, que también fue celebrado por el Colegio de Abogados (CAU) y por los ministros del TCA que asistieron a la comisión. Eso generó cierto optimismo en que, ahora sí, quizás logren concretarse al menos algunos ajustes “urgentes”.

“Estas iniciativas que apuntan a la mejora del sistema contencioso anulatorio son un desvelo para el colegio desde hace, por lo menos, dos décadas”, dijo el presidente del CAU, Diego Pescadere, en la comisión. “La jurisdicción en materia contencioso-anulatoria tiene el dudoso honor de ser el último código procesal aprobado en dictadura”, señaló, y recordó que hubo varios proyectos que presentó o apoyó el colegio para reformarlo.

“El control jurisdiccional de los actos administrativos del Estado habla un poco de la forma en que el Estado se maneja y autocontrola sus actuaciones”, advirtió.

Pescadere sostuvo que para el colegio la discusión actual es una “oportunidad” para avanzar en la revisión de un sistema “totalmente perimido”, y agregó que si bien es positivo implementar las modificaciones que propone el proyecto, no hay que “obviar la necesidad de encarar un cambio sustancial y de fondo”. En ese sentido, propuso que el proyecto de ley incorpore un artículo que cree una comisión para realizar una revisión profunda del proceso y la estructura del TCA, similar a las comisiones que trabajaron en las reformas del Código General del Proceso y el Código del Proceso Penal.

Que se instale por ley una comisión es “fundamental”, dijo Pescadere a Búsqueda, que insistió en que una reforma del TCA es “imprescindible”.

El senador frenteamplista Charles Carrera, el principal impulsor del actual proyecto a discusión, coincidió con la idea de “crear una comisión que estudie el tema en profundidad”, según dijo en la instancia legislativa. “Quizás acá estemos generando hasta una política de Estado, en la que estemos todos de acuerdo”, añadió.

Consultado por Búsqueda, Carrera dijo que con las pequeñas modificaciones que propone el proyecto se puede “agilizar mucho el proceso anulatorio del TCA” y, a la vez, se puede “generar un buen espacio de consenso” que siente “las bases de una reforma más profunda”. Hasta ahora, reconoció, “no existió voluntad del sistema político como existe hoy” para aprobar estas iniciativas.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que veía con “simpatía” el proyecto porque, “aunque no sea la solución perfecta, es un principio de solución”. También las senadoras del Partido Nacional Graciela Bianchi y Carmen Asiaín manifestaron su preocupación por mejorar el proceso ante el TCA y pidieron el apoyo del colegio para proponer soluciones legislativas.

La comisión del senado escuchó además a los ministros del TCA. La presidenta del organismo, Nilza Salvo, expresó que ven de manera favorable las modificaciones propuestas y también planteó la necesidad de ir más allá. Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de crear órganos secundarios o intermedios en otras regiones del país, lo que permitiría “un mejor acceso a la Justicia de un montón de administrados que no tendrían que necesariamente concurrir ante el TCA con sede en Montevideo”. Eso, además, “podría desagotar un poco la enorme cantidad de trabajo que tiene este tribunal”, añadió.

El proceso para presentar una acción de nulidad ante el Tribunal está regulado por leyes de 1984 y 1987, que a su vez remiten al Código de Procedimiento Civil de 1878. Ese código del siglo XIX fue sustituido en 1989 por el Código General del Proceso, que rige para todos los procesos no penales, con excepción de los tramitados en el TCA. El tribunal, al no tener órganos inferiores de primera y segunda instancia, no puede migrar a ese código más nuevo.

“Al poder no le gusta ser controlado”

“Se trata de una iniciativa positiva en tanto permitirá agilizar y mejorar algunos aspectos del trámite, ya que es imperioso ajustarlo y modernizarlo”, afirmó el abogado Carlos Delpiazzo, consultado por Búsqueda. El profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de la República y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica destacó que el proyecto “apunta a solucionar algunos de los múltiples problemas que plantea el vetusto proceso contencioso administrativo de anulación”.

Delpiazzo trabajó en la mayoría de las múltiples iniciativas que desde 1985 se formularon para modernizar el proceso. Consultado sobre por qué cree que hasta ahora no han tenido éxito, aun cuando todos coinciden en que las normas que lo rigen son obsoletas, Delpiazzo dijo que en su opinión —que le consta es compartida por otros— “la principal razón por la que no se aprueban estas reformas es porque al poder no le gusta ser controlado y las potestades del TCA son muy fuertes”. Es que el tribunal “puede anular los actos del poder”. Por lo tanto, “agilizarlo o hacerlo más eficiente conspira” contra sus intereses: “Si el juicio es largo, la sentencia recaerá en futuros administradores”, ejemplificó.

Sobre la propuesta de crear una comisión que estudie con profundidad el tema, opinó que “es una buena idea pero probablemente no solucionará a la brevedad los problemas que acucian a la justicia contencioso administrativa”.

“Quizás un camino útil sea aprobar estos cambios ahora y seguir adelante con el estudio de una reforma más profunda y actualizadora, que llevará su tiempo”, evaluó. Y añadió que si se instalara una comisión, “la finalidad debería ser acabar con el único ámbito de la Justicia que sigue regido por un decreto ley del período de facto y dictar un Código Contencioso Administrativo moderno y acorde a los demás códigos procesales que se aprobaron desde la restauración democrática”.

“A la vez, por la vía presupuestal, debería proveerse a la creación de tribunales subordinados al TCA para descongestionar su trabajo, acercarse a los ciudadanos y agilizar los procesos y la ejecución de las sentencias”, añadió.