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    viernes 14 de junio de 2024

    Ley de género: cambios propuestos por Lacalle Pou provocan roces entre legisladores oficialistas

    La vicepresidenta Beatriz Argimón quiere que el proyecto modificativo se estudie en profundidad y se escuche a todas las partes, mientras que otros senadores blancos quieren darle un tratamiento “exprés”

    Cuando el asunto de los chats de Pablo Iturralde —en los que se evidenciaban presiones para que la investigación contra el exsenador formalizado por delitos sexuales, Gustavo Penadés, recayera en manos de una fiscal “amiga”— ardía en el debate público, una nueva noticia, adelantada por El País, sacudió la agenda: el presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto para modificar la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (19.580).

    La iniciativa sorprendió a propios y ajenos, ya que se ideó y redactó desde la Torre Ejecutiva, y referentes del gobierno en temas de género, como la vicepresidenta Beatriz Argimón o la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Bottero, no estaban al tanto. Las modificaciones propuestas provocaron un intenso debate público y fueron criticadas por el movimiento feminista y el Frente Amplio, que cuestionaron que se asuma en el proyecto la existencia extendida de “denuncias falsas”, entro otros aspectos.

    Ahora el debate se trasladó al Parlamento y ya empezó a causar roces, incluso dentro del propio oficialismo. Es que Argimón, que preside la Asamblea General, envió el proyecto a la Comisión de Equidad, Género y Derechos Humanos del Senado, ya que entiende que es la comisión que tiene mayor expertise para analizarlo, según confirmaron fuentes del Parlamento a Búsqueda. Su intención no es darle un trámite exprés, sino lo contrario. Prevé que la comisión lo estudie al detalle y reciba a delegaciones de especialistas de distintos ámbitos para que todas las partes sean escuchadas.

    La decisión de Argimón produjo molestias en parte de la bancada nacionalista, especialmente entre los senadores que integran la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara, dado que interpretan que el proyecto debería haber pasado por ese cuerpo, como sucedió con el proyecto original votado durante la Legislatura anterior. Según pudo saber Búsqueda, la intención de un grupo de senadores era que sea tratado por la Comisión de Constitución para que tenga un abordaje más “legalista” —y rápido.

    Legisladores nacionalistas intentarán realizar gestiones ante el presidente Lacalle Pou para mover el proyecto de comisión, ya que interpretan que la composición de la Comisión de Equidad y Género será más reacia a darle una rápida aprobación. En esa comisión se encuentra la senadora Gloria Rodríguez, que impulsó el proyecto de ley de paridad, a contracorriente de la gran mayoría de sus compañeros de bancada, y la colorada Carmen Sanguinetti, que también apoyó dicho proyecto y que si bien está de acuerdo con la actual iniciativa que presentó el presidente, tiene algún “matiz” con alguno de sus artículos, según supo Búsqueda.

    Los temas de género han dividido a la bancada oficialista y dejaron una herida con el proyecto de paridad, cuyo tratamiento en la Comisión de Equidad y Género había irritado a parte de los legisladores blancos. De un lado, Argimón y Rodríguez han tenido una postura más cercana a los movimientos feministas, mientras que de otro, senadoras como Graciela Bianchi o Carmen Asiaín, que integran la Comisión de Constitución y Legislación, han tomado posturas más resistentes. Además del proyecto de paridad, esto quedó en evidencia en el tratamiento del proyecto de ley de tenencia compartida, al que el movimiento feminista se opuso. El de Bianchi, de hecho, fue uno de los pocos votos en contra de la ley de género aprobada en 2017 a impulso del Frente Amplio.

    Denuncias falsas

    La propuesta de Lacalle Pou propone cambios en cuatro artículos de la ley aprobada en diciembre de 2017, que desde el inicio padeció de la falta de presupuesto suficiente para poder ser implementada a cabalidad. En la exposición de motivos del proyecto se fundamenta la necesidad de los “ajustes” en que la ley, si bien tuvo un “impacto favorable”, no logró los objetivos buscados, ya que las “consecuencias nefastas originadas en delitos de género” continúan. También se argumenta que son un “hecho notorio” las denuncias falsas por violencia de género y asegura que han tomado un “considerable protagonismo”, al punto que entorpecen la investigación de las denuncias de “verdaderas víctimas”. Por eso introduce cambios para dar más “garantías” a los denunciados.

    Este punto fue rápidamente objetado por voces del movimiento feminista, abogadas y especialistas, que advierten que no hay estudios o evidencias que permitan sostener que hay un número significativo de denuncias falsas. “Entiendo que se quiere dar respuesta a una inquietud bastante repetida. ¿Pero en base a qué elementos objetivos podemos decir que es así y merece que se legisle?”, planteó Bottero consultada por Búsqueda, quien aclaró que tiene reparos sobre algunos de los cambios propuestos pero comparte que la norma puede ajustarse. “Me daría pena que se le diera un trámite exprés”, dijo la jerarca. “Me encantaría conocer la opinión de todas las partes, que deberían ser invitadas a la comisión, desde los defensores públicos hasta la Suprema Corte y la academia, e incluso las voces de las personas que se sienten perjudicadas por la ley”.

    Información Nacional
    2024-05-30T00:47:00