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El avance del proyecto de ley presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez que establece la paridad entre hombres y mujeres en cargos electivos —ya sea de gobierno o partidarios— está generando discusiones en la interna de la coalición que involucran incluso aspectos constitucionales.
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El proyecto cuenta con una mayoría de votos para ser aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, Género y Equidad del Senado. Tiene la aprobación de la bancada del Frente Amplio (que aplica el criterio de paridad en sus listas desde las elecciones pasadas) y de la senadora colorada Carmen Sanguinetti, además de Rodríguez.
Pero lo que podría ocurrir una vez que el proyecto llegue al plenario de la Cámara Alta da lugar a distintas interpretaciones. El numeral 7° del artículo 77 de la Constitución sostiene que “toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones”, así como “toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara”. Esta mayoría, empero, solo regirá para las “garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales”.
Sin embargo, algunos legisladores de la coalición que respaldan el proyecto ven con simpatía un informe jurídico que desliza la posibilidad de que la iniciativa no esté alcanzada por dicho artículo. Por lo tanto, no requeriría mayorías especiales. Sin ese requerimiento, el proyecto tendría los votos necesarios para aprobarse en la Cámara Alta: a los 13 senadores del Frente Amplio se sumarían los votos de Rodríguez, de la vicepresidenta Beatriz Argimón y de Sanguinetti.
El informe fue realizado por la División de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Está fechado el 31 de julio de 2023 y fue dirigido a la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Equidad, Verónica Kaprielian. Si bien el informe no sostiene de forma tajante que el proyecto no requeriría una mayoría especial, sí realiza dos interpretaciones diferentes sobre el numeral 7° del artículo 77 de la Constitución. En una de ellas, la más “restrictiva”, solo el artículo 2° del actual proyecto de ley requeriría la mayoría de dos tercios, en cuanto es el único que “establece una modificación en la composición o elección de los miembros de las juntas electorales”, en donde también se establece el criterio de paridad. Esa lectura se basa en que la segunda parte del literal 7° “restringe lo dispuesto por la primera parte y, en tal sentido, debe interpretarse que la mayoría especial solo es exigible para los proyectos de ley relacionados con las garantías del sufragio y de la elección, la composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y de las juntas electorales”.
Esta interpretación, no obstante, no tiene el respaldo de la mayoría de los legisladores de la coalición ni de los del Frente Amplio. Varios legisladores de la oposición dijeron a Búsqueda que, a pesar de estar a favor del proyecto, por tratarse de una “ley electoral” este debería ser aprobado por una mayoría especial. Sanguinetti también dijo a Búsqueda que entiende que a su juicio el proyecto requeriría mayorías especiales.
La otra interpretación descripta en el informe, en consonancia con estas posturas, es la que “brinda mayores certezas y garantías constitucionales”. Se basa en que desde el punto de vista “doctrinario” el fundamento del artículo constitucional es “impedir que mayorías parlamentarias circunstanciales puedan favorecer sus posibilidades electorales”. Según esta visión, todos los artículos de la norma implicarían mayorías especiales de dos tercios, a excepción de los que regulan la elección de los integrantes del Parlamento del Mercosur.
La oficina que realizó el informe también está en tela de juicio para algunos legisladores oficialistas contrarios al proyecto, como los nacionalistas Graciela Bianchi y Jorge Gandini. Ambos dijeron a Búsqueda que la consulta debió realizarse a la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Esta es la que cuenta con las mejores potestades para expedirse sobre este tipo de casos, y no a la División de Estudios Legislativos, que depende de la presidencia de la cámara. “La primera irregularidad va en enviar el proyecto de ley a una comisión que no es la adecuada, porque se está cambiando el régimen electoral y entonces debería ir a la Comisión de Constitución y Legislación, pero la presidenta (Argimón) lo envió a Derechos Humanos, Género y Equidad”, sostuvo Gandini. Otro de los argumentos del senador es que la “ley de cuotas” que rige en la actualidad requirió mayorías especiales.
Algunos legisladores de la coalición le atribuyen a Argimón estar “detrás” del informe jurídico que, sostienen, no debería dar lugar a dos lecturas, dado que la normativa es clara respecto de que se trataría de una ley electoral.
En tanto, fuentes parlamentarias aseguraron a Búsqueda que las promotoras de la norma en la coalición —Rodríguez y Argimón— presentarán un nuevo informe jurídico en los próximos días que establece que el proyecto puede ser aprobado sin el requerimiento de mayorías especiales. La semana pasada, en la previa del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Argimón dijo que el proyecto de paridad posiblemente será votado en comisión en el correr del mes.
