Ley de riego, bancarización y seguridad: tres iniciativas que buscan medirse en consulta popular con distintas expectativas

En los primeros meses de campaña el sindicato logró adhesiones decisivas. Una de las más importantes se concretó el 28 de febrero cuando la Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió sumarse a la recolección de firmas. Antes lo habían hecho también la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).

Los eventos multitudinarios son otra buena fuente de apoyos. En mayo, por ejemplo, buscarán sumar algunas miles de firmas en el acto del Día de los Trabajadores. En junio, con el mismo objetivo, estarán presentes en Florida durante la celebración de San Cono. Además, desarrollarán una amplia campaña publicitaria aprovechando eventos deportivos como el campeonato mundial de fútbol.

El dirigente señaló que también se siguen sumando nuevas organizaciones a la campaña. La semana pasada anunció su adhesión la Liga Federal, el sector del Frente Amplio que lidera el diputado Darío Pérez. También se han interesado por la campaña organizaciones que reúnen a pequeños y medianos productores rurales como la Mesa de Desarrollo Regional de Florida o la Mesa Departamental de Maldonado del movimiento Un Solo Uruguay.

En noviembre de 2017 la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo advirtió en un dictamen que la ley de riego podría “generar vulneraciones en derechos humanos fundamentales”, como el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la participación social.

Larrañaga y la seguridad.

Alianza Nacional resolvió acompañar la iniciativa de Jorge Larrañaga para recolectar firmas y recurrir a un plebiscito para hacer reformas sobre la seguridad en la normativa. Esto supone que se deben recoger adhesiones del 10% de los habilitados (unas 269.000 firmas) para que pueda plebiscitarse un texto junto a la elección de octubre de 2019. “Resolvimos ir a la gente. Vamos a proponer una reforma constitucional para asegurar cambios en seguridad. Vamos a acudir al mecanismo de plebiscito, a la democracia directa. Analizaremos un texto y lo trabajaremos con especialistas y luego con el resto de los partidos y referentes políticos”, explicó Larrañaga.

Y remarcó que ya se han realizado “todos los esfuerzos” para presentar ideas que luego no prosperan. “Las iniciativas no han salido porque una mayoría parlamentaria representada por el Frente Amplio las bloquea”.

Se trata de “un mensaje de cambio en la política de seguridad, un mensaje muy fuerte”, aseguró. “El país necesita orden, firmeza, respeto; esto nos parece vital y este proceso de reforma que pretendemos llevar adelante va en esa línea”.

Según dijeron fuentes de Alianza Nacional a Búsqueda, están analizando junto a los principales juristas del país un posible texto conteniendo las propuestas.

La idea de Larrañaga es incorporar a la Constitución al menos tres iniciativas. La primera es la creación de una Guardia Nacional como segunda fuerza pública que combata algunos tipos de delitos, integrada por efectivos militares. La base es un proyecto de ley de 2009 trabajado en aquel momento por el entonces senador y actual intendente de Colonia Carlos Moreira, el exministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, y el profesor de Derecho Público Carlos Delpiazzo.

Otra propuesta es la incorporación de una nueva pena: la reclusión perpetua revisable para determinados delitos. Larrañaga la propone para casos de violación de menores seguida de muerte, casos de sicariato y homicidas múltiples. Los penados accederían al derecho a revisión a los 30 años de prisión, y si no se acredita su rehabilitación, deberán continuar recluidos hasta tanto la misma no se acredite.

La pena máxima en Uruguay es de 30 años.

Otra iniciativa es sobre el cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos graves. En caso de homicidios calificados, secuestros, rapiñas, copamientos, violaciones, narcotráfico, se establecería que no serían de aplicación los distintos beneficios liberatorios y la pena original que estableció el juez debería aplicarse en su totalidad. La propuesta de Larrañaga despertó voces discordes en la propia interna blanca. Pero el senador Luis Lacalle Pou, líder de Todos, anunció que apoyaría una recolección de firmas.

Contra la bancarización, sin estructura.

Hay dos campañas para plebiscitar la ley de inclusión financiera. Una es impulsada por la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, que luego sumó el apoyo del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), la Confederación Empresarial y la Coordinadora Nacional de Jubilados del Uruguay. El objetivo es juntar las firmas correspondientes al 10 % del padrón electoral para modificar la Constitución y que no sean obligatorios los pagos que la ley establece a través del débito o dinero electrónico. Pero también hay otro plebiscito impulsado por el abogado Gustavo Salle que plantea que quede “prohibida cualquier forma de bancarización”. El precandidato blanco Carlos Iafigliola se embanderó con esta última causa que hoy parece lejana. Hasta ahora llevan juntadas más de 50.000 firmas de las casi 270.000 que se necesitan. “Estamos lejos. No se ha hecho una gran campaña por falta de recursos y de estructura”, admitió, al tiempo que anunció que aportará su “peso militante” para apoyar la propuesta de Salle. “Cuestionamos la bancarización obligatoria, que quita libertades. Terminamos enroscados en una dinámica del sistema financiero que nos controla. Somos un plástico”, dijo a Búsqueda. El precandidato nacionalista Lacalle Pou también había manifestado un encendido apoyo a un plebiscito contra la ley de inclusión financiera bajo el argumento de la pérdida de libertad de los individuos. Sin embargo, en los últimos meses le bajó el perfil al asunto. En el entorno del precandidato entienden que la campaña “se apagó” y “perdió vuelo”.