Libertad para empresarios involucrados en caso de abigeato en Rocha reanudó debate sobre benignidad del nuevo sistema penal

Al mismo tiempo, en las redes sociales crecía la indignación por otro aspecto polémico del ya mediático caso: todos lo imputados quedarían en libertad y, si cumplían con determinadas condiciones, como devolver lo robado, no cargarían con antecedentes penales.

El tema no quedó en un debate mediático, sino que llegó a ser intensamente discutido entre los operadores del sistema de Justicia. De acuerdo a las consultas realizadas por Búsqueda, la interrogante que jueces y fiscales consideran que está en el fondo del asunto es si alcanza con reparar a la víctima o si ciertas conductas delictivas deben ser castigadas para reparar el daño que provocan a toda la sociedad.

El fiscal del caso, Leonardo Drugos, aplicó instrumentos que están previstos en el nuevo Código del Proceso Penal (CPP): el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En ambos casos los responsables admiten los hechos, con lo cual la Fiscalía evita ir a juicio, y reparan a la víctima. Si cumplen, se borran los antededentes.

¿Pero es la reparación de la víctima suficiente? ¿No merecen los responsables un castigo? Aunque el código impone límites, ya que no todos los delitos se pueden solucionar mediante vías alternativas, y la Fiscalía General fija pautas con las conocidas Instrucciones Generales, la evaluación del caso a caso queda en manos de los fiscales.

“La sociedad también juega un rol que hay que cuidar”, opinó el ministro de apelaciones en lo penal y presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, consultado por Búsqueda. “Cuando el delito no es menor, no es tan simple como que la víctima se fue contenta. El castigo en la Justicia penal también tiene una cuestión simbólica”, afirmó.

El fiscal penal Carlos Negro planteó una pregunta en su Twitter­ que avivó la discusión: “¿Si Ud. fuese víctima de un delito contra la propiedad sin violencia, qué solución esperaría de la Justicia? ¿Que se imponga prisión al autor aunque ello implique perder el dinero, o que el autor del delito le pague a Ud. los daños ocasionados a cambio de que se le suspenda el juicio?”.

“En el 99% de los casos, las víctimas lo que quieren es un resarcimiento”, dijo Negro a Búsqueda. “La sociedad dice que al delincuente le sale muy barato y reclama el castigo”, prosiguió. “Pero cuando hacemos eso no nos importa lo que quiere la víctima, que quiere que se repare. La gente opina con el bolsillo ajeno”.

Negro planteó también que el nuevo sistema penal reconoce el rol de la víctima en el proceso y le da un lugar para que participe. “¿Y después no la queremos escuchar?”, cuestionó.

“Lo que quiere la víctima es la resolución del conflicto. Si la empresa (que recuperó lo robado) está chocha y se va contenta, ¿quiénes somos los demás para decirle no, los queremos ver presos?”, agregó.

Para Reyes, sin embargo, no es tan evidente que haya que optar por castigar o recuperar los bienes. “¿No lo podría haber obtenido sin necesidad de acordar nada? Es válido plantearse eso. El interés de la sociedad no tiene por qué ser desplazado por el de la víctima”.

El ministro añadió que las normas que prevén las salidas alternativas condicionan su uso a la falta de interés público en la persecución del delito. En ese sentido, es importante su “dosificación” para no generar “incomprensión” en la población, opinó. En el caso del abigeato, “alguien podría decir que había un interés publico en la persecución penal por el tipo de delito del que se trataba”, dijo.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia Bernadette Minvielle evaluó que se trata de una decisión “muy difícil”. Por un lado, señaló que quiénes trabajan en el sector ganadero “están muy sensibles” respecto a los delitos de abigeato, porque el problema se ha agravado en el último tiempo, y dijo que en ese sentido entiende el reclamo de sanciones más severas. Pero por otro lado reconoció que si la reparación resulta “suficiente para la víctima”, la solución no es “descabellada”.

El especialista en Derecho Procesal Santiago Pereira Campos opinó que el punto inicial a debatir es cuál es el objetivo de la Justicia penal: “¿Es aplicar una pena o resolver un conflicto?”.

“La discusión está ahí. Y este CPP parte de algunas ideas básicas. Una, que el objetivo central es resolver el conflicto. La segunda es que es materialmente imposible llevar todos los delitos a juicio oral. Ni los países desarrollados pueden hacerlo. Y frente a eso se crean sistemas alternativos de resolución del conflicto”, explicó.

La discusión es “si los fiscales están aplicando bien o mal los institutos de vías alternativas. Si el objetivo es resolver el conflicto, lo están aplicando bien. Si se busca una pena ejemplarizante, entonces no es suficiente”, planteó.

Por otra parte, señaló que en el marco de los acuerdos los fiscales pueden imponer obligaciones no solo para satisfacer a la víctima, sino también a la sociedad. “El elenco de obligaciones que está previsto en la ley es muy amplio y se pueden incluir condiciones para reparar a la sociedad, como hacer trabajo social o reconstruir una escuela pública”.