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La idea forma parte de un conjunto de medidas que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, le presentó al presidente Luis Lacalle Pou a fines de abril para reactivar la economía luego de la pandemia. Se trata de crear un proyecto de transporte público “masivo”, que optimice recursos y mejore la calidad del usuario en cuanto a experiencia y tiempos de viaje. Para eso, propone conectar varios puntos de la zona metropolitana mediante buses eléctricos y trenes del proyectado Ferrocarril Central que se instalará para la segunda planta de UPM.
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La propuesta de la Intendencia de Montevideo (IM), que incluye a las comunas de Canelones y San José, generó interés en la Cámara del Transporte del Uruguay (CTU), que la semana pasada definió oficialmente participar activamente del tema. Presidida por el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, la CTU mantuvo un encuentro con diversas empresas de transporte público metropolitano —Casanova, Coetc, Comesa, Copsa, Cutcsa, Tala Pando y UCOT— para “manifestar por unanimidad su disposición a participar como operadores en la prestación del servicio público de transporte que resulte de esta iniciativa”, según surge de una carta enviada a Cosse y firmada por Salgado.
La misiva también menciona la posibilidad de participar en “otros roles” que puedan surgir y donde la inclusión de los transportistas “contribuya a asegurar el éxito de la gestión”.
“Nos reunimos las empresas más relacionadas con este tema y evaluamos que para la ejecución de este proyecto es necesario que estas empresas sean las operadoras. Solo puede traer cosas positivas desde las empresas, desde la CTU, desde Cutcsa y desde una mentalidad transportista”, valoró Salgado consultado por Búsqueda. “Además, si se define que en la parte operativa se les va a dar participación a estas empresas, también se está involucrando a los trabajadores, mejorando la calidad de trabajo y la cantidad de puestos de trabajo. Un proyecto de estos, hecho a espaldas de las empresas de transporte, es sinónimo de pérdidas de puestos de trabajo”, argumentó.
Desde el punto de vista técnico, la iniciativa propone reordenar todas las líneas que circulan en los ejes viales de Montevideo, de forma de ofrecer una mayor racionalización del transporte. El “corazón” del proyecto estará ubicado entre 18 de Julio y Ciudad Vieja, desde donde se articulará toda la operativa. La red incluirá exclusivamente buses eléctricos y un sistema de paradas confortables; incluso, en los puntos con mayor densidad de población se implementará un sistema para marcar boleto antes de ascender a la unidad, como “un sistema de validación previa”, con el objetivo de mejorar el tiempo de los recorridos. Además, los nuevos buses tendrán puertas de ambos lados del vehículo, lo que permitirá colocar paradas en los canteros centrales de las principales avenidas.
El director del Departamento de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, dijo a Búsqueda que “están mirando” un modelo de bus eléctrico fabricado en Brasil que ya funciona en la ciudad de San Pablo, de la marca china ByD.
Otro aspecto será la incorporación de líneas de tren, al utilizar el recorrido del Ferrocarril Central entre Montevideo y Progreso, con 18 frecuencias de trenes de pasajeros, y otra línea hacia Pando.
El país se estaba debiendo
Salgado valoró de forma positiva que las intendencias se hayan comunicado con la CTU para recibir su aporte antes de definir los detalles del proyecto. Lo comparó con situaciones en las que, en anteriores administraciones, se enteraron de las propuestas cuando ya estaban en pleno curso. “En algunas oportunidades nos entregan un proyecto llave en mano que después tiene las complicaciones que tiene por no haber consultado por lo menos a la gente que tiene experiencia”, indicó.
El presidente de la CTU aseguró además que debido a la envergadura de la iniciativa, esperan trabajar directamente no solo con los gobiernos de Canelones, Montevideo y San José, sino también con el gobierno nacional. “No creemos que esto se pueda hacer sin que tenga carácter nacional e intervenga el gobierno nacional para otorgarle bases sólidas y fortalecer el tema laboral”, dijo Salgado.
El megaproyecto prevé ser financiado entre el gobierno nacional y las tres intendencias; las autoridades estiman que la inversión rondará los US$ 550 millones. Luego de que se logre llegar a un acuerdo entre todos los niveles de gobierno, el desarrollo “llevaría menos de un año”, mientras que las obras se realizarían en un plazo de cuatro años, indicó Oreggioni.
“No es comprar solamente el material rodante, sino que la propuesta también implica inversiones de movilidad significativas en términos de infraestructura vial. Y asociado a esta transformación, el sistema público se vuelve un atractor mucho más fuerte, lo que implica también procesos de calificación urbana”, agregó. Según el jerarca, más que a un corredor, el proyecto en sí refiere a una “red de movilidad pública” que permitirá “repensar” toda la movilidad metropolitana en un sistema “que el país se estaba debiendo”.
Oreggioni aseguró que la CTU ha participado activamente de todo el proceso y que “está convencida de que los procesos de transformación son favorables”. Afirmó que los representantes de las empresas están muy interesados en la concreción de este proyecto, “asumiendo que va a ser un diseño en conjunto y que no se van a lesionar los intereses de nadie”. Paralelamente, señaló que varios inversores privados también ven el proyecto con buenos ojos, debido al posible desarrollo urbano e inmobiliario que traiga consigo la iniciativa.
“Muchas empresas operadoras tendrán que reconvertir su operación y reintegrarse al sistema, recibiendo sus beneficios; hay empleo que debe mantenerse y empleo que se generaría durante la etapa de las obras —alrededor de 16.000 puestos directos e indirectos—. Existe una serie de equilibrios en los que hay que ser muy cuidadosos para rediseñar completamente el sistema de transporte”, dijo Oreggioni. Y agregó: “Es muy importante que estemos conversando y avanzando con el acuerdo de todos los actores que articulan y son parte del sistema, para generar los acuerdos que hagan posible su implementación, algo que en otras oportunidades ha hecho fracasar algunos proyectos de este tipo”.
“En un momento en el que estamos en una situación económica y social complicada, en la IM hay una obsesión por buscar maneras de generar empleo y esta estrategia, además de resolver problemas, pretende impulsar la actividad económica”, dijo el director.
