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Como alguien que camina y camina pero haciendo un enorme círculo y, después de mucho andar, vuelve al principio. O que cambia de libro, de película, de canción y tiene la percepción de que siempre se repite lo mismo o que las variaciones son demasiado pequeñas como para detectarlas. O que repasa una y otra vez las noticias sobre un tema, siente una especie de déjà vu y vuelve a leer los medios de comunicación de hace años, o semanas o días, y se da cuenta de que es la misma historia. O que siente que todo da vueltas como un disco, pero rayado. Y que ese disco es del cantante catalán Joan Manuel Serrat y que la estrofa que se repite una y otra vez como un mantra es aquel verso del poeta andaluz Antonio Machado: “Todo pasa y todo queda”.
Así se siente el funcionamiento del Estado. Pasan los partidos políticos a cargo del gobierno, pero quedan casi los mismos desvíos y vicios. Pasan los nuevos líderes, los outsiders que intentan refundar la política, los anuncios de grandes reformas para terminar con el clientelismo y quedan los mismos mandos medios en toda la estructura estatal, esos que se encargan de que sea muy poco lo que realmente se modifique. Pasan los supuestos puntos de quiebre y refundaciones y quedan las realidades.
Ejemplos sobran. Lo que tienen en común todos ellos es que siempre ganan los mismos. Y no es porque los gobernantes de primera línea no tengan la intención, al menos al principio, de hacer los cambios necesarios para mejorar. Muchos de ellos la tienen y el actual gobierno se inició en esa línea. Pero hoy, a casi un año y medio de haber asumido funciones, esas ideas disruptivas, con ministerios claves ocupados por personas sin pasado político y con un amplio conocimiento técnico, quedaron por el camino. Primero pasó el colorado Ernesto Talvi en la Cancillería y después pasó Pablo Bartol en el Ministerio de Desarrollo. Pasaron también las acciones refundacionales de ambos y quedó la vieja política, esa que tarde o temprano se impone.
A priori no está mal, y quizás sus sucesores, Francisco Bustillo y Martín Lema respectivamente, logren concretar muy buenas gestiones. Pero es un hecho que esos cambios en el gabinete representan un triunfo de las estructuras más tradicionales. Y esas estructuras están sostenidas y se alimentan de una burocracia estatal que sobrepasa a los partidos políticos y que tiene la increíble capacidad de sobrevivir a los golpes más intensos. Todos pasan y ella queda.
Hay un caso emblemático al respecto: la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Allí se resume todo. ASSE es el segundo organismo más importante a nivel presupuestal del Estado uruguayo, después de la Administración Nacional de Educación Pública, y el primero con respecto a la cantidad de personas que involucra. Se atienden en sus dependencias 1.470.718 usuarios en todo el país y tiene 35.886 funcionarios y entre 640 y 660 cargos de designación directa o de confianza. “Es un monstruo”, como dijo en Radio Universal el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, quien informó además que a los cargos discrecionales “se suman 8.000 empleos por comisión de apoyo”.
Y en ASSE, al igual que en buena parte del Estado uruguayo, todo pasa y todo queda. Pasan escándalos que sacuden a la opinión pública y que tienen consecuencias en el corto plazo. Pasan sustituciones de jerarcas, investigaciones administrativas, debates en el Parlamento, denuncias judiciales y acusaciones cruzadas. Pero, después de un tiempo prudencial, quedan algunas de las prácticas más cuestionables.
Es cierto que toda la administración de la salud, y en especial la pública, estuvo durante el último año muy golpeada por la llegada de la pandemia, que dejó muy poco margen de maniobra. Pero eso no sirve de justificación. El problema sigue siendo otro y no tiene nada que ver con una cuestión coyuntural, por más grave que sea. El asunto de fondo es el excesivo manejo clientelar de ASSE y de gran parte de la estructura estatal uruguaya. Y eso involucra a todos los partidos que pasaron o están en el poder. Va mucho más allá de las autoridades puntuales.
ASSE fue uno de los tantos puntos débiles del Frente Amplio a cargo del Poder Ejecutivo. Durante todos sus gobiernos, y muy especialmente en el último, se registró una serie de irregularidades que provocaron extensas y muy buenas investigaciones periodísticas y de dirigentes de la oposición, denuncias judiciales y diversas instancias parlamentarias. La mayoría de la población quedó con la idea de que era el amiguismo o los intereses particulares los que mandaban en uno de los principales organismos del Estado, encima dedicado a atender la salud de los pobres. La administración de Tabaré Vázquez hizo algunos cambios a último momento, incluyendo las autoridades, pero ya era tarde.
Lo que cambió después fue el gobierno. La mayoría de los uruguayos se manifestó a favor de una rotación de los partidos a cargo del poder, entre otros motivos por lo que había ocurrido en lugares como ASSE. Pero un año después de asumida la administración de Luis Lacalle Pou Búsqueda difundió una conversación entre el entonces vocal de ASSE en representación de Cabildo Abierto, coronel retirado Enrique Montagno, y un exdirigente de su partido en la que confesó que había montado una “estructura gigantesca”, que ya llevaba colocadas a más de 100 personas y describió con lujo de detalles cómo la verdadera lucha interna en esa institución es por ver qué grupo político logra ocupar más espacios y desplazar a los otros.
Montagno fue sustituido y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, tomó la decisión de destituir a casi 40 funcionarios y dijo en el Parlamento que quiere poner punto final al clientelismo político que tiene la institución. Pero no está tan claro hasta qué punto esa es la verdadera prioridad. Ni de él ni de los demás representantes de los otros partidos políticos que participan en ASSE.
Cuando Cipriani declaró en El País del domingo 16 que discrepa con los resultados de algunos concursos para directores de hospitales porque a veces son elegidas personas no capacitadas, está dando la señal contraria. Lo mismo ocurre con los legisladores de la oposición, que se indignaron con los dichos de Montagno, anunciaron comisiones investigadoras y otras acciones, y después todo terminó en una tímida comparecencia en una comisión del Parlamento. Parece ser que a nadie le conviene que la forma de funcionamiento de la parte más sustancial del Estado cambie demasiado. Por eso es poco lo que se hace y mucho lo que no se hace. Demasiados intereses y demasiados involucrados.
