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Entonces, quizá seríamos una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa; una que no deje a pata a quienes no tienen el instrumental económico, simbólico y hasta de calidad de vida para pelearle al Estado lo que, en realidad, es un derecho garantizado por la Constitución
Apenas unos minutos después de saberse que la Justicia obligaba al Ministerio de Salud Pública (MSP) a darle los medicamentos de alto costo que solicitaba el científico Gonzalo Moratorio, se supo que ese ministerio, siguiendo su protocolo habitual en estos casos, iba a apelar la decisión. Con lo cual, en vez de recibir los medicamentos en un plazo de 24 horas, tal como decidió la Justicia, la situación seguía abierta. Moratorio, que lleva meses peleando contra un agresivo tumor cerebral, deberá seguir esperando para recibir un tratamiento de comprobada eficacia para su problema.
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La única diferencia de este caso respecto a las decenas que se vienen sucediendo desde que el Estado decidió comenzar a cubrir los medicamentos de alto costo, allá por 2005, es la alta visibilidad mediática del afectado. Por eso, el tema tomó estado público. Se podrá decir que, si hay alguien que “merece” ser protegido por el Estado, ese es Gonzalo Moratorio. Pero la pregunta no es quién merece, sino la contraria: ¿existe alguien que no merezca ser protegido por el Estado? La respuesta que da la Constitución de la República es no, todos los ciudadanos merecen esa protección.
Según datos de 2025, el Estado uruguayo gastó US$ 152 millones en cumplir con las sentencias judiciales de amparo. De ese total, 117 millones se correspondieron a medicamentos de alto coste. El presupuesto del Fondo Nacional de Recursos (FNR) es más o menos esa misma cifra. Pero, mientras el presupuesto del FNR da cobertura a unas 13.000 personas, el cumplimiento de las sentencias de amparo solo cubrió en 2025 a 2.100 personas. No es solo que esos medicamentos sean caros. Es que al ser comprados como resultado de un proceso judicial y no estar incluidos en el presupuesto del FNR, el precio que se termina pagando es el de mercado.
Así, los medicamentos que sí están incluidos en el presupuesto del FNR son comprados por volumen tras obtener descuentos de hasta el 70% del precio que el MSP, en cambio, termina pagando en el caso de los amparos. Según datos de 2022 y 2023, la sola negociación previa de fármacos ya incorporados generó ahorros de casi 10 millones anuales. La mayoría de los casos de litigio son para obtener alguno de cinco fármacos que no están incluidos en el presupuesto del FNR. Si se incluyeran en el presupuesto y se compraran de manera planificada, el ahorro podría ser millonario.
Otro detalle a tener en cuenta: el Estado sabe que va a perder casi todos esos juicios, antes o después. De hecho, los pierde en nueve de cada diez casos. La apuesta, brutal, es que solo algunos, como Gonzalo Moratorio, se tomen la molestia y tengan los recursos para ponerse a litigar contra él. No existen estadísticas oficiales sobre cuántos ciudadanos no litigan, pero las asociaciones de pacientes denuncian la existencia de esa brecha. Que se abre por desconocimiento o por falta de recursos económicos. O por falta de tiempo: una parte de esos pacientes mueren antes de ganarle al Estado. Y ese detalle parece estar también dentro de los cálculos que hace el método actual. Eso, o simple inercia burocrática, en la que nadie parece incomodarse por: 1) establecer diferencias entre ciudadanos según sus recursos y capacidades, y 2) hacerlo a través de un mecanismo que asigna recursos de manera ineficiente. En todo caso, el argumento de que el aumento de litigios podría ser infinito es negado por la propia epidemiología: son casos raros.
No se puede decir que el sistema político no haya tomado nota de esta situación. En un tuit de 2021 la entonces diputada y actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, decía: “El acceso universal y gratuito a los tratamientos y a los medicamentos de alto precio a través del FNR debe ser una política de Estado”, y le reclamaba al gobierno de la Coalición Republicana que no alterara el modelo generado en los gobiernos del Frente Amplio. El problema es que una política de Estado difícilmente pueda considerarse tal si depende de cuántos recursos de amparo pierde el MSP para terminar pagando precios de mercado, sin planificación previa, tal como viene ocurriendo. Sería interesante saber qué piensa la ministra Lustemberg en este momento en que enfrenta, desde el otro lado del mostrador, la misma tensión que denunció años atrás.
Desde una perspectiva de gestión, la solución más racional es la inclusión en el presupuesto del FNR de esos fármacos (los cinco que aparecen en la mitad de los amparos) que se terminan dando igual al final de los litigios. Eso, además, permitiría al Ministerio de Economía y Finanzas proyectar el gasto en lugar de depender de sentencias judiciales aleatorias que van cayendo por goteo y que siempre implican un costo de medicamentos mayor que si se negociara de manera planificada. Una planificación que eventualmente podría llegar a ahorrar decenas de millones de dólares. Además de eliminar el problema que implica la actual de barrera de entrada que es el litigio para quienes no saben, no pueden o no les da la vida para hacerlo. Ahí seguiremos teniendo un problema de equidad no resuelto, por más que, de manera totalmente justa y moral (aquí sí, moral), Gonzalo Moratorio reciba los medicamentos que necesita. No como Gonzalo Moratorio, sino como ciudadano uruguayo.
Hasta ahora se ha hablado de eficiencia económica. Pero no se ha dicho casi nada sobre la clase de sociedad que somos cuando dejamos el acceso a la salud de miles de uruguayos librada a su capacidad individual de pelearle al Estado unos medicamentos caros. Incluso si, al eliminar el mecanismo del litigio, aflorara esa eventual población de gente que no recurre al amparo y que la cifra resultante de sus tratamientos superara el actual gasto en litigios, el resultado sería mucho más justo y la cobertura sería casi total. Y es que hoy, gastando 117 millones al perder el 90% de los recursos, solo se atiende a un par de miles de personas. Si se planificara el gasto y se negociara previamente con las farmacéuticas, se podrían conseguir descuentos como los que ya se han conseguido. Además, se atendería también a la población que no litiga, calculada en al menos el doble de quienes sí lo hacen, que hoy permanece desprotegida.
Entonces, quizá seríamos una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa. Una que no deje a pata a quienes no tienen el instrumental económico, simbólico y hasta de calidad de vida para pelearle al Estado lo que, en realidad, es un derecho garantizado por la Constitución. El caso de Gonzalo Moratorio sirve para ponerles nombre y apellido a todos esos compatriotas que se encuentran en su misma situación, pero no tienen la capacidad de proyectarse mediáticamente. Conociendo mínimamente a Gonza, como es mi caso, tengo claro que no le hace la menor gracia toda esta exposición en un momento tan delicado para su vida. Pero, justamente por conocerlo así, tengo también claro que esta es una batalla que de ninguna manera iba a dejar de pelear. Por si no había quedado clara su calidad humana en la pandemia, su tesón, su esperanza, su decidida apuesta por una vida mejor para todos, esta pelea —que también va a ganar— lo define en toda su dignidad. Por eso, gracias, Gonza, otra vez.
