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Los dos hombres viajaban en el automóvil con cuatro niños. Cerca de la medianoche del jueves 22 se detuvieron en una casa de Pinar Norte, bajaron por unos minutos y al regresar al vehículo fueron interceptados a balazos desde otro auto y una moto. Murió uno de ellos y uno de los niños, su hijo de dos años. Otros dos niños, de seis y ocho años, terminaron heridos. Los adultos tenían antecedentes penales relacionados a receptación, rapiña y estupefacientes. La casa donde frenaron funcionaba como boca de venta de droga. La madre del niño muerto cumple prisión domiciliaria por un delito de tráfico. Para la Policía, pruebas suficientes de que se trató de una disputa por drogas, pese a que —según dijeron fuentes de la investigación a Búsqueda— ninguna de los partes involucradas está identificada por el Ministerio del Interior dentro del listado de alrededor de 50 organizaciones criminales que operan en la zona metropolitana del país.
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“Estamos muy conmovidos por este hecho, que reviste características especiales. Me preocupa la participación de niños. Hay que preguntarse por qué esos niños estaban a esa hora en ese lugar”, afirmó en conferencia de prensa la fiscal de Ciudad de la Costa de 2º turno, Sandra Fleitas, a cargo del caso.
Horas después un niño de 10 años y su padre de 49 fueron heridos de bala tras un ataque a su casa en la ciudad de Rivera. A diferencia del hecho de Pinar Norte, donde la ráfaga solo incluyó armas cortas, aquí se usó un fusil.
Las razones detrás de ambos episodios son comunes en el contexto de seguridad pública de Uruguay: “Ajustes de cuentas/conflictos entre criminales”, de acuerdo a la terminología del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Estas causas ocasionaron más de la mitad de los 382 homicidios ocurridos el año pasado. Lo extraño de estos dos ataques, las “características especiales” que describió Fleitas sobre Pinar Norte, fue la participación de niños.
La situación determinó que el Ministerio del Interior convocara para el martes 27 a una reunión urgente con el Ministerio de Desarrollo Social, la Fiscalía General, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Previo al encuentro el ministro Nicolás Martinelli consultó al director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, sobre las declaraciones realizadas en Canal 10 por la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, quien afirmó que algunos adictos, sin dinero para costear la droga, dejan a sus hijos a los vendedores “a modo de garantía” hasta saldar la deuda.
“No nos consta”, fue la respuesta, luego de corroborar con distintas unidades policiales que esa práctica no forma parte del modelo de negocio narco, que no hay denuncias al respecto y que en los allanamientos a bocas de expendio nunca se encontraron niños ajenos a los propietarios. Sí está demostrado un modus operandi narco mencionado por la fiscal Fleitas: el uso de niños —hijos o sobrinos, por ejemplo— para disfrazar la actividad ilícita. “Aquí y en el exterior los niños son objetivo de las organizaciones criminales para bajar la guardia, para bajar los niveles de control de las agencias estatales de seguridad”, afirmó.
Además de analizar las conductas criminales, en la Policía Nacional también se revisaron las cifras de homicidios anuales de menores de 12 años y concluyeron que el número elaborado por el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad se mantuvo “relativamente constante” en los últimos años: dos asesinatos en 2023, ocho en 2022, tres en 2021 y cuatro en 2019. El máximo de la última década fue 15, en 2016.
Más allá de las estadísticas oficiales, el Ministerio del Interior prepara una Encuesta Nacional de Victimización que recoja datos más detallados de delitos, como los intentos de homicidio, parte de la cifra negra que escapa a las denuncias, y los asesinatos consumados, que se registran administrativamente por el ministerio.
Otra de las medidas apunta a mejorar el relacionamiento de la Policía con la población que reside en los barrios más violentos del país, en especial con los consumidores de pasta base. Fue la primera de las siete iniciativas que se acordaron tras la reunión interinstitucional del martes 27. “Fortalecer el trabajo de funcionarios policiales con poblaciones vulnerables” y “dotar de herramientas a los policías para que puedan trabajar mejor con población con uso problemático de drogas”, resumió el comunicado de prensa emitido por el Ministerio del Interior tras el encuentro.
“Es la primera medida porque resume el sentido de la convocatoria”, indicó a Búsqueda el subsecretario del ministerio, Pablo Abdala.
Consiste en sensibilizar a los agentes policiales respecto a problemas como situación de calle, salud mental y consumo problemático de alcohol y drogas a través de la incorporación de talleres específicos a los planes de estudio de la Dirección Nacional de Educación Policial. Los talleres incluyen la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para enseñarles a los policías a manejar “situaciones de riesgo y violencia que implican una interacción y relacionamiento”, ya que “respuestas policiales de control y represión podrían evitarse con la ayuda de herramientas y técnicas adecuadas, así como a través de la colaboración operativa entre funcionarios policiales y técnicos sociales”.
Además de esta iniciativa, en el Ministerio del Interior confían en los resultados del programa Barrios sin Violencia, el nombre local con el que se anclará el sistema para disminución de homicidios que elaboró la ONG estadounidense Cure Violence y que financia el Banco Interamericano de Desarrollo.
Se aplicará a partir de marzo en Casabó, Casavalle, Cerro Norte, Las Acacias, La Paloma, La Teja, Manga, Marconi, Peñarol, Tres Ombúes y Villa Española. Allí equipos comunitarios integrados por referentes del barrio, trabajadores sociales, expresos y personas con conocimiento del mundo criminal intervendrán en las bandas rivales de microtráfico para mediar en sus conflictos interpersonales y evitar venganzas y represalias.
Mientras el programa es observado con optimismo desde la jerarquía política del ministerio, en algunos estamentos policiales hay cierto escepticismo sobre su funcionamiento, ya que no incluye involucramiento de la Policía ni conocimiento de la información de la que dispondrán los “interruptores”.
