“Algo hay que hacer”.
El viernes 13, después de que se conocieran los primeros datos del golpe en la capital francesa, el Poder Ejecutivo convocó a una comisión interministerial.
El gobierno decidió “pisar el acelerador” para crear una “estrategia nacional de lucha antiterrorista”. El Poder Ejecutivo venía trabajando a “ritmo lento, con el paso burocrático típico de Uruguay”, pero “los últimos episodios como los atentados en París y las exigencias en materia de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la OCDE” aceleraron los procesos, señalaron fuentes del gobierno.
La urgencia por avanzar en el tema provino también de que 1º de enero Uruguay ocupará un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Antiterrorista del organismo exige que todos los países tengan una “estrategia nacional” para combatir el tema.
Después de los atentados del viernes, a instancias de la Cancillería, se fijó una reunión con los organismos involucrados en el combate al terrorismo. El encuentro se desarrolló ayer miércoles con la participación de los subsecretarios Jorge Vázquez (Interior), Jorge Menéndez (Defensa), José Luis Cancela (Relaciones Exteriores), representantes de la Dirección de Aduanas, de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la Dirección de Migraciones, inteligencia policial y un coronel.
La reunión buscó “acelerar” los trabajos, conocer qué está haciendo cada dependencia y lograr “coordinar” los esfuerzos, explicaron a Búsqueda participantes del encuentro.
Las autoridades consideran que la reunión “fue muy oportuna” porque el “marco internacional” exige que Uruguay tome medidas. Pero además “en mucha gente cayó la ficha de que algo hay que hacer porque nadie está libre del terrorismo”, dijo uno de los consultados.
Uruguay ya cuenta con una evaluación sobre el estado de situación elaborada por el Comité Antiterrorista de la ONU. Representantes de ese organismo visitaron el país entre el 2012 y el 2014 (la última vez fue en mayo del año pasado) y se entrevistaron con responsables de varias áreas del Estado. El Comité presentó recomendaciones al gobierno uruguayo para que ajuste su legislación y sus políticas en la materia. Entre otras cuestiones, el país está retrasado en la aprobación parlamentaria de tratados internacionales vinculados al terrorismo. Además, la legislación uruguaya, según el Comité, no tiene una definición clara acerca del terrorismo.
Otro punto en el que Uruguay debe mejorar es en el control del financiamiento del terrorismo y en la capacidad de congelar las cuentas sospechosas de financiar esas actividades.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, confirmó a Búsqueda que “hay que cambiar la tipificación del delito de terrorista, para que todas las conductas que Naciones Unidas determina como terrorista queden incluías en el tipo penal”.
Otra falencia es que respecto a las resoluciones que toma el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son obligatorias para el país, “no existe en nuestro ordenamiento jurídico un mecanismo establecido por el cual esas resoluciones pasen al derecho interno”.
Díaz considera que “los fiscales y jueces tienen que estar preparados para saber qué hacer” y para ello “hay que preparar protocolos de actuación”.
“Acá tenemos la tendencia a pensar que nunca pasa nada hasta que pasa. Si no pasa nada mejor que mejor, y hay que prevenir, pero también hay que estar preparado por si algún día pasa” opinó el fiscal de Corte.
A partir de la aprobación de la Ley Orgánica Policial, en febrero, la Policía quedó a cargo de “combatir el terrorismo”, algo que antes estaba en manos del Ejército. Ese cambio provocó malestar en filas castrenses.
Un país “muy vulnerable”.
Ya en 2007, dijeron a Búsqueda fuentes de inteligencia, un informe de Naciones Unidas desnudó el estado de seguridad del aeropuerto de Carrasco.
Las fuentes indicaron que apenas con pocos minutos de inspección en la terminal aérea, los expertos confirmaron que la situación era “muy vulnerable” debido a la falta de coordinación entre la Policía Aérea Nacional (PAN), que depende de la Fuerza Aérea, Migraciones (Interior) y Aduana (Ministerio de Economía).
El gobierno de José Mujica hizo esfuerzos para avanzar tanto en la profesionalización de las fuerzas de seguridad como en los servicios de Inteligencia.
Mujica designó al ex tupamaro Augusto Gregori como primer coordinador de Inteligencia, un cargo que luego de su cese, en agosto de 2013, quedó en manos del general del aire retirado José Bonilla y que hasta ahora Vázquez no lo ocupó.
Tanto Gregori como su sucesor Bonilla buscaron aprobar una ley de Inteligencia, que hasta ahora aguarda turno en el Parlamento. Otra meta fue mejorar la coordinación y capacidad técnica de la comunidad de inteligencia local formada por más de 12 agencias que dependen de los ministerios de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía y del Banco Central.
Con formación y experiencias profesionales diferentes, Gregori y Bonilla intentaron que el presidente tuviera productos de inteligencia para la toma de decisiones en temas estratégicos “calientes” como la contaminación del agua, el puerto de aguas profundas en Rocha, el campeonato de fútbol y las olimpíadas en Brasil o la búsqueda de petróleo en la plataforma submarina, indicaron las fuentes.
El mayor obstáculo —explicaron— fue lograr que las agencias confiaran en que el coordinador y su equipo de asesores emplearían la información en beneficio nacional y no corporativo o partidario.
“Sin plan”.
Además de escasez de recursos humanos y materiales que lo hace demasiado dependiente de agencias extranjeras, Uruguay enfrenta otro problema a la hora de hacer prevención antiterrorista: la frontera seca con Brasil.
En Uruguay operan servicios estadounidenses, rusos, cubanos, venezolanos, españoles pero sobre todo brasileños y argentinos con capacidades que a menudo les permiten un conocimiento del país más profundo que las propias agencias locales, explicaron los informantes consultados por Búsqueda.
La Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), que depende de Defensa y la Dirección General de Información e Inteligencia (DGII), del Ministerio del Interior —indicaron las fuentes— cuentan con departamentos de Exterior pero estos en la actualidad son poco robustos.
A pesar de que el Ejército tiene una Escuela de Inteligencia, creada en 1976, durante la dictadura, son pocos los oficiales y agentes con conocimientos de informática, inglés, árabe y en general de la cultura musulmana como para lograr productos de inteligencia del nivel exigido.
Aunque el ministro Fernández Huidobro dijo que “los especialistas en el tema están trabajando” y luego a “la diaria” que “solo refuerzan los que estaban distraídos”, otras fuentes consultadas por Búsqueda explicaron que a diferencia de Argentina y Brasil, en Uruguay no existe un plan de inteligencia que permita una recolección de información con objetivos permanentes y ocasionales y que además tampoco hay en la comunidad de inteligencia local “una cultura de equipo”. Otro de los problemas es que las agencias no logran reclutamiento de universitarios, como otros países, porque falta la motivación adecuada para competir con otras empresas publicas y privadas.
La inteligencia en Uruguay está asociada en el imaginario a la represión y eso se acrecienta porque tampoco existe una información pública que explique los objetivos generales. En Argentina, por ejemplo, un documento de 400 páginas, disponibles en Internet, explica la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el organismo que reemplazó a la vieja SIDE.
Contratapa
2015-11-19T00:00:00
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