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Los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos con representación parlamentaria se comprometieron con la Suprema Corte de Justicia a cumplir con las sentencias judiciales y a buscar cómo pagar el aumento salarial que los jueces reclaman al Estado.
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Según supo Búsqueda, los cuatro presidenciables, que en los últimos días visitaron la sede de la Suprema Corte de Justicia, escucharon a los ministros de la corporación y transmitieron su voluntad de cumplir con todas las sentencias que emitan los órganos jurisdiccionales del país, incluidas las de inconstitucionalidad que habilitaron el reclamo salarial de más de 400 magistrados.
A instancias de la Corte, los candidatos Tabaré Vázquez (Frente Amplio), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente) visitaron el Palacio Piria acompañados por sus compañeros de fórmula o asesores.
El diferendo salarial entre los magistrados y el gobierno, uno de los principales temas en discusión, se ocasionó cuando se aprobó el presupuesto de la administración de José Mujica para el período 2011-2015. La ley incluyó una disposición que equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores. Eso trajo aparejado una serie de aumentos no previstos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el de los jueces, ya que una norma de la Ley Orgánica de los Tribunales establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no pueden ganar menos que los ministros de Estado. El sueldo de los ministros de la SCJ se utiliza como tope de una escala salarial para el resto de los magistrados.
Tratando de enmendar ese imprevisto, el oficialismo aprobó dos leyes que fueron impugnadas por los jueces y declaradas inconstitucionales por la SCJ, integrada en ambas ocasiones por ministros de tribunales de Apelaciones. Eso dejó vigente la situación original de enganche salarial. La deuda estimada hasta ahora es de más de U$S 40 millones y el aumento mensual de los sueldos es de 21,6%.
Además de este aspecto, los ministros de la corporación entregaron a los candidatos una carpeta en la que incluyeron otros temas que querían destacar. En ese material, al que accedió Búsqueda, se señala que existe una “tensión” entre las “reformas legales” que se aprueban y los recursos que se destinan a la Justicia. Los magistrados recordaron que el Poder Judicial recibe un 1,20% del presupuesto nacional y que ejecuta un 98,09% de las partidas que se le asignan.
Los ministros advirtieron en el documento que la reforma del proceso penal (que cuenta con media sanción del Senado) plantea una cantidad de “desafíos” y que va a requerir cuantiosas inversiones. Por ejemplo, una consultoría externa de la Corte estimó en $ 1.000 millones el costo judicial de la reforma.
Ascensos y traslados.
Los ministros también señalaron a los presidenciables que más allá de los controles constitucionales a los que se ve sometida la corporación por parte del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la propia Corte ha introducido autocontroles en el ejercicio de sus cometidos. Por ejemplo, existe una comisión asesora para el traslado de los magistrados que también integran la Asociación de Magistrados, la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados. Además, recientemente aprobaron una circular para comunicar con anticipación a los jueces involucrados y al fiscal de Corte todos los traslados que se disponen, más allá de la propia disposición constitucional.
Señalaron que el Poder Judicial está embarcado en una política de “transparencia” y comunicación institucional, como parte de un plan estratégico para los próximos 10 años.
Los magistrados entregaron a los presidenciables una serie de indicadores internacionales realizados por el World Economic Forum que dejan bien parado al Poder Judicial uruguayo en comparación con la región.
Consultado por Búsqueda, el ministro Ricardo Pérez Manrique dijo que se trató de una experiencia “muy provechosa”.
“Fue muy bien acogida la invitación por todos los candidatos”, opinó. “Hemos recibido una actitud muy fuerte de respeto al Poder Judicial y a la Corte y buena disposición para sostener en el futuro un diálogo profundo sobre temas cruciales, como reforma del proceso penal”.
