Mientras las rapiñas tuvieron un aumento sostenido, en el caso de los homicidios el comportamiento fue distinto. El incremento era leve hasta que en 2012, sobre todo en Montevideo, hubo un salto; si antes había alrededor de 110 asesinatos en la capital, la cifra rondó los 165 ese año.El gobierno atribuye ese crecimiento al aumento de los enfrentamientos entre criminales; incluso ese año consideró que había comenzado una “guerra” entre narcos y preveía que las cosas empeorarían. En 2015 los “ajustes de cuentas” representaron, de acuerdo a los datos oficiales, el 37% de los 289 homicidios cometidos ese año. La Policía dice que eso ocurre, en parte, porque el combate al narcotráfico fue exitoso y los criminales se disputan un mercado más pequeño. También porque se desarticularon organizaciones internacionales y muchos narcos extranjeros “enseñaron” sus métidos violentos a los uruguayos.
Bonomi dice que en 2005 la prioridad era la “emergencia social” generada por la crisis del 2002 y que por eso la coalición de izquierda no asumió el gobierno con una política de seguridad muy estudiada. El Frente Amplio consideraba que “grandes cambios económicos y sociales, con aumento de salarios y disminución de la pobreza, iban a llevar a la baja del delito”, afirma. Y agrega que la mayoría del oficialismo dejó atrás ese discurso porque se dio cuenta de que no es así. “Ese cambio se produce por la responsabilidad del gobierno y porque se da cuenta de que el discurso general no funciona, opera la realidad”, dice.
Mujica, su ex compañero del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), recurrió a Bonomi para que se encargara de la seguridad pública en el segundo gobierno del Frente Amplio. Para ese momento el tema era una prioridad de la administración y el asunto que más preocupaba a la opinión pública según todas las encuestas. El nuevo ministro eligió a Julio Guarteche como director de la Policía Nacional y lo integró a las reuniones del comando ministerial. Guarteche, hasta ese momento director de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, tenía un discurso que pronto prendió en los jerarcas políticos de la secretaría de Estado. Decía que políticos, policías, jueces, fiscales y periodistas debían tener una “percepción compartida de la amenaza” a la seguridad. En su opinión —y luego en la de todo el gobierno—, en Uruguay había un proceso de “feudalización” en barrios de Montevideo, Canelones y de los departamentos del litoral Oeste como Salto y Paysandú. Allí los delincuentes estaban ocupando el lugar del Estado, controlaban el territorio para operar con tranquilidad.
“Ahora sí”.
Bonomi dice que en su primer período en el Ministerio (2010-2015) se encontró con que la estructura policial no tenía la capacidad ni la estructura adecuadas para enfrentar el delito actual y que había grandes focos de corrupción en sus filas. A partir de ese análisis, sostiene, su administración inició una reestructura de la Policía: dividió a la Jefatura de Montevideo en cuatro zonas operativas, quitándoles la potestad de decidir sobre el patrullaje a las comisarías; eliminó Radio Patrulla; aumentó el poder de la Guardia Republicana; invirtió en tecnología para equipar a los efectivos y también para seguir sus desplazamientos con equipos de comunicación con GPS; instaló relojes biométricos para controlar que cumplieran la hora de ingreso y salida, y aumentó los salarios mientras reducía la cantidad de horas del servicio 222 que podían cumplir los policías.
“Se van cinco años de gobierno, prácticamente, con esas cosas”, dice Bonomi. “Pero se termina el período con una reestructura consolidada y se plantea para el siguiente gobierno que una de las prioridades sigue siendo la seguridad, pero que ahora tiene que haber resultados por todo lo que se ha hecho”.
Pese a que en la campaña electoral arreciaban las críticas de la oposición, el entonces candidato Tabaré Vázquez anunció que mantendría a Bonomi en el cargo. Además asumió un compomiso de reducir hasta 30% las rapiñas, lo que implicaba casi invertir la tendencia.
El objetivo de cortar con el crecimiento de los delitos e iniciar un proceso de descenso había sido planteado por el ministro ya en el período pasado. En setiembre de 2012, después de tres meses de baja sostenida, el subsecretario Jorge Vázquez anunció a través de la página oficial de la Presidencia que el gobierno aspiraba a que ese año no aumentaran las rapiñas en comparación con el 2011. En los años siguientes el Ministerio volvió a ilusionarse con esa posibilidad, pero los datos finales no les dieron la razón.
Bonomi dice que ahora sí, que el 2016 será el primero que registra menos rapiñas que el año anterior desde 1985. Ocurrirá, de acuerdo con el jerarca, por varios motivos, entre los que destaca el cambio en el patrullaje de las zonas más complicadas de Montevideo, el ataque a las bocas de expendio de drogas y la ley aprobada en 2012 que estableció que los adolescentes infractores que cometen delitos violentos deben cumplir al menos un año de reclusión antes de salir en libertad.
A partir de abril, el nuevo director de la Policía, Mario Layera, instrumentó el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), un plan incluido en la ley de Presupuesto que involucra a 1.000 policías que reciben una paga especial por alta dedicación. La estrategia, que continúa actualmente implica distribuir a 500 efectivos del Grupo de Reserva en Montevideo, 200 en Canelones y 50 en San José. Además, 250 de la Guardia Republicana en barrios como Cerro Norte, Marconi, Casavalle, Piedras Blancas y Las Acacias. El programa se concentra en el área metropolitana porque es donde, en promedio, se cometen el 94% de las rapiñas en Uruguay, la mayoría de las cuales, además, son por montos inferiores a $ 2.000. Por ahora implica patrullaje intensivo en 28 “micro territorios” que representan el 8% de Montevideo, pero donde vive 27% de la población (360.000 personas) (Búsqueda Nº 1.886).
En 2011 el gobierno había intentado otro tipo de intervención en esos barrios, los denominados “operativos de saturación”, que implicaban una fuerte presencia policial momentánea de la Policía en algunos barrios donde las tasas de homicidios están a niveles de Centroamérica. Aquellos donde operan los señores feudales y los patrulleros, en ocasiones, son recibidos con lluvias de piedras. El despliegue iba a estar acompañado de “políticas sociales” que nunca llegaron.
Bonomi espera que en octubre de este año, cuando se cumplan seis meses del PADO, los datos de todo el país muestren un descenso de las rapiñas superior al 2%. También bajarán los homicidios, agrega. El ministro dice que ahora sí se van a ver resultados y que van a mejorar incluso el año que viene cuando estén en marcha otras medidas: el PADO se replicará en otras zonas, habrá una “instalación masiva” de cámaras de seguridad y se aprobarán leyes como la que restringe el beneficio de la libertad anticipada a los reincidentes.
Críticas.
La gestión del Ministerio está en el centro de las críticas desde hace años. “Unos me pegan por mano dura y otros me pegan por mano blanda”, dice Bonomi.
Uno de los que le “pega” es Guillermo Maciel, director del Observatorio de Seguridad de Fundapro, una organización vinculada al Partido Colorado. Las administraciones frenteamplistas y sus gestiones en materia de seguridad pública, arrojan “números escalofriantes”, afirma. Y agrega: “Pasaron de ser preocupantes a ser alarmantes”.
“Hay un rotundo fracaso en la gestión de seguridad pública, lo dice la gente en la calle, con cualquiera que hablás o lo robaron, o lo rapiñaron, le asesinaron a un conocido. Las encuestas de opinión pública en los últimos años vienen marcando que la seguridad es la principal preocupación de la gente.(…) Los datos oficiales te marcan que hoy tenés un promedio de una rapiña cada media hora, un homicidio cada 30 horas”.
Maciel, ex director de la Secretaría General del Ministerio del Interior, dice que antes el ciudadano “festejaba que no lo robaban, hoy festeja que lo robaron pero no lo mataron”. Añade que aumentaron los delitos y la violencia de los criminales porque “hay impunidad”. El Frente Amplio “no ha podido exhibir resultados positivos”, mientras que el ministro “no ha tenido la grandeza de dar un paso al costado, ni tampoco sus jerarcas de turno, ni Vázquez ni Mujica han amagado a pedirle la renuncia”, dice.
Pero al ser consultado por Búsqueda, a Bonomi parecen molestarle más los ataques que le llegan “por izquierda”.
La organización no gubernamental Proderechos presentó un documento al Diálogo Social convocado por Vázquez en el que denuncia que la política de seguridad que aplica el Frente Amplio “desfavorece directamente a las personas más vulnerables”. Y pregunta: “¿Por qué seguimos apostando a las mismas políticas cuando se ha evidenciado ser ineficientes? ¿Por qué gran parte de la sociedad pide que se apliquen este tipo de políticas? ¿Por qué no se intentan otros caminos que han resultado más exitosos y menos costosos?”.
El sociólogo Luis Eduardo Morás, grado 5 de la Facultad de Derecho, dice que el Frente Amplio “no ha construido un relato alternativo, creíble, defendido con convicción acerca de las causas del delito y del malestar”. En cambio, poco después de que llegó al gobierno asumió “la interpretación de los sectores conservadores” y “la respuesta” a la que recurre es la misma: “un complejo policial carcelario que se expande, se expande, se expande y se expande”.
Para Morás, lo peor de todo es que pese a ese crecimiento y a un presupuesto que supera los U$S 800 millones, los resultados han sido malos. “En definitiva, está renunciando a la batalla cultural, a una batalla cultural y queda cautivo de un dispositivo policial carcelario que termina expandiéndose no solo ideológicamente sino también presupuestalmente. Sin ofrecer más que matices pero no una política alternativa en comparación con los sectores conservadores”.
Cuando escucha ese tipo de críticas, Bonomi se enoja. Dice que va a los barrios más complicados y los vecinos le piden más Policía, más protección. Si fuera por los sectores que lo critican, dice, su respuesta a los pedidos de la gente trabajadora de esas zonas debería ser: “Loco, esperá, mirá que ya vamos a cambiar esto con las políticas sociales, en ocho o nueve años se cambia. Aguantate, no seas discriminador”.
“¿Ese es el discurso?”, se pregunta. “Están absolutamente equivocados, es una política elitista la que llevan adelante”.
