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Uruguay, como otros países de la región, está precisando endeudarse, ya no solo para financiar su déficit fiscal sino también los gastos —médicos y de apoyo a sectores sociales y económicos afectados— que trajo la pandemia de Covid-19.
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El gobierno uruguayo ha recurrido a fuentes combinadas de fondeo: préstamos de organismos internacionales y emisiones de bonos en los mercados, tanto del exterior como locales. Las autoridades entienden que se ha tomado deuda a un costo razonable; el Ministerio de Economía colocó el martes 13 Notas del Tesoro con vencimiento en 2030 por 333,5 millones de unidades indexadas a la inflación, equivalentes a US$ 37,2 millones. Fue más de lo que había ofrecido inicialmente y a una tasa interna de retorno de 2,48% anual, la más baja del año para esta serie 25.
Desde el exterior, algunos inversores financieros expresan confianza en Uruguay.
La tasa de rentabilidad que ofrecen los bonos del gobierno es la más baja de su historia. Según Fernando Díaz, economista de Citi Research para el Cono Sur y Ecuador, eso “refleja el contexto global, en el que después de que las diferencias de precio entre la compra y la venta de los títulos aumentaron mucho “en marzo-abril la situación mejoró bastante rápido para las economías emergentes más estables”.
“Lo que vimos fue que las tasas volvieron a los niveles previos al choque” por la pandemia, añadió en diálogo con Búsqueda. Según él, “los acreedores están bastante cómodos prestándole a Uruguay”.
Citi, con sede en Nueva York, fue, junto con Itaú y HSBC, agente colocador contratado por Uruguay para la última operación de emisión y recompra de bonos.
El interés de inversores extranjeros por invertir en deuda pública del país tomó fuerza ya desde el año pasado, según el analista. Dijo que Uruguay tiene una economía que crece a ritmo lento, pero en la que se puede notar algo de capacidad ociosa. “Es un país que no tiene grandes desequilibrios y que las condiciones para que la rueda empiece a girar de vuelta probablemente estén, y estén más al alcance que en otros países que cambiaron de orientación macroeconómica, donde los desequilibrios eran mucho más grandes y por ende los resultados no fueron los deseados”, opinó.
Díaz se refirió a la situación de Argentina, que atraviesa una crisis económica, y a sus posibles impactos. Por un lado, podría haber una gran salida de capitales que quizás lleguen a Uruguay. Pero podría haber también un impacto negativo en el sector turístico uruguayo; ahí el vínculo “sigue siendo relevante, entonces es muy difícil saber qué efecto primará”.
Los números que proyecta Citi Research para la economía uruguaya para este año y los siguientes son algo distintos de los que estimaron las autoridades económicas. El gobierno proyectó una contracción de 3,5% en 2020, mientras que para el banco estadounidense el porcentaje sería de 4,5%. “Es un poco mayor a la que trae el gobierno, pero en este contexto diría que no es una diferencia supersignificativa”, acotó Díaz.
Para 2021 las estimaciones sobre la evolución del Producto Bruto Interno son más parecidas: 4,3% según el gobierno y 4,5% en las proyecciones de Citi.
En cuanto a la inflación, la baja será “bastante lenta”, comentó el analista. El alza de precios minoristas sería de 9,5% en 2020, 8,5% en 2021, 7% en 2022 y 6,5% en 2023.
Ratificación y dudas
Otra visión desde el exterior llegó a fines de la semana pasada y provino de FitchRatings, la calificadora de riesgo que le asigna a la deuda soberana uruguaya la nota más modesta —el escalón más bajo dentro del grado de inversión no especulativa o investment grade— entre las agencias principales. El jueves 8 Fitch ratificó la calificación “BBB—”, con perspectiva “negativa”.
La “hábil gestión de la pandemia” reafirmó las “fortalezas institucionales de Uruguay” y favoreció un mejor desempeño económico que países con calificación de riesgo similar. Sin embargo, Uruguay atraviesa por una recesión que es “anterior a la crisis” sanitaria, a pesar del proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, “lo que refleja problemas estructurales persistentes”, señaló la agencia.
Fitch proyecta que el PBI del país se contraerá 4,6% este año y se recuperará 2,8% en 2021 y 2% en 2022; eso es un desempeño peor al estimado por las autoridades económicas.
La agencia prevé que la ya “elevada” relación entre la deuda pública y el PBI aumente bruscamente y se desvíe aún más de la mediana de los países pares en 2020 a pesar de una menor expansión fiscal. Eso dado el “alto punto de partida del déficit fiscal y una deuda dolarizada sensible a las variaciones del tipo de cambio”. Acota que la administración de Lacalle Pou apunta a una rápida consolidación fiscal después de 2020, pero esto “podría ser difícil de lograr” si la expansión de la economía resulta menor a lo que se espera.
La calificación de Uruguay está respaldada por una “sólida liquidez externa, prácticas prudentes de gestión de la deuda y un crecimiento económico estable (aunque bajo). Estas fortalezas se ven contrarrestadas por una alta inflación y dolarización”, así como una baja intermediación financiera, que reducen el alcance de las políticas anticíclicas, aunque las autoridades han establecido planes para abordar estos problemas en los próximos años”.
FitchRatings explicó que la perspectiva “negativa” que ratificó para la nota de la deuda soberana uruguaya refleja el “deterioro en el crecimiento y las finanzas públicas que se ha visto agravado por el impacto del coronavirus y los riesgos para los planes del gobierno de detener estas tendencias”.
