Los menores son “clientes fáciles” para la Policía cuando necesita presentar sospechosos, sostiene un libro del Ministerio del Interior

Los hallazgos de la investigación están incluidos en el libro “De calles, trancas y botones”, presentado el jueves 12 en el Paraninfo de la Universidad de la República. “Para nosotros es absolutamente imposible encarar cualquier problema social si no es desde una aproximación científica, y es imposible buscar soluciones si no lo hacemos desde la propia sociedad”, explicó el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, quien fue el principal impulsor del proyecto.

Las opiniones de los autores están acompañadas de las anécdotas que les cuentan los entrevistados. “Cuando habló del maltrato que recibía a diario en los centros para adolescentes infractores, contó de un funcionario que cantaba la canción ‘Me late’ con otra letra: ‘él cantaba: Me late, me late, me late el corazón, pegarle a los menores es mi pasión’, y ahí nomás nos daba, pero ojo, nosotros no nos quedábamos atrás, yo mismo le rompí una silla en la cabeza”.

Incluso, concluyen que los programas del INAU suelen fallar porque no están pensados para la población que tienen que atender y porque “los técnicos de la mano izquierda del INAU suelen desconocer la existencia de la mano derecha, como si se tratara de algo ajeno y desagradable”.

Es que, según cuentan los autores, los funcionarios de la “mano derecha” son “llamados popularmente brazos gordos”.

“Clientes ‘fáciles’”.

Pese a que es una publicación del Ministerio, la actuación de la Policía no queda exenta de críticas. Fraiman y Rossal reivindican el trabajo de la “policía comunitaria”.

Hay “educadores del INAU que hablan de policías que azuzan a sus perros contra niños y adolescentes que duermen en la calle. Sin embargo, tienen buena opinión del trabajo de los policías comunitarios”, relatan.

Pero esa actitud no es general entre los efectivos. “Los jóvenes sin techo son clientes ‘fáciles’ para la Policía en sus indagaciones ante cualquier hecho policial que ocurra en la zona, de tal suerte que sus cuerpos están a merced del Estado cotidianamente”.

Para justificar esa afirmación, los autores citan el relato de Gerardo, un menor sin hogar. “El boliche ese de mierda, este que está a pocas cuadras... estábamos temprano sentados al solcito y caen un montón de milicos por todos lados y nos amarrocan tipo operativo, como si fuéramos los más buscados y marchamos todos para la tercera. Nos querían dar rapiña: como cinco años presos, supuestamente alguien nos reconoció; pero nada”, relató.

En el libro se cuenta que una práctica que ocurre es que los policías amenazan a los menores con que los van a “embagayar”, es decir, inventar causas penales en su contra y obtener pruebas fuera del procedimiento legal. Al respecto, agregan: “Una cadena de situaciones en las cuales el Estado, lejos de estar ajeno, está siempre presente: el discurso carcelario es un discurso producido en el marco mismo del Estado. ‘Vas a terminar barriendo y de mujer en el Comcar’, le dice el policía al joven sospechoso”.

Mercado laboral.

Los antropólogos advierten que frente a la “embestida del discurso de la inseguridad”, buena parte de los actores que reivindican las “políticas de infancia y adolescencia” terminan “renegando de las condiciones de existencia” de los menores en situación de calle.

En contraste con esa posición, los autores sostienen que la mejor manera de proteger a los menores del “discurso de inseguridad” que reclama penas más duras, es aceptando algunas de sus “estrategias de vida”. Porque son esos niños y adolescentes los que obtienen “la provisión para su familia”.

Fraiman y Rossal proponen una solución que va en línea con la adaptación al hecho de que esos jóvenes deben obtener ingresos para su familia: “Como en un tiempo la universalización de la escuela primaria significó la protección de un espacio legítimo, moralmente universal, para los niños menores de doce años, definiendo implícitamente la edad moralmente exigible para la provisión económica en los 12 años, las actuales políticas de Estado deberán extender hasta los 15 o 16 años la edad de ingreso al mercado laboral, en cualquier caso, luego de los nueve años de educación obligatoria”.