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Uno de los flancos que más atacan los críticos del gobierno es el crecimiento del gasto público, que a su juicio fue desmedido en los últimos años. Pero la peor parte se la suelen llevar los planes sociales, algunos de los cuales dan dinero en efectivo o mediante tarjetas para comprar artículos de primera necesidad a la población de bajos recursos y muchas veces son vistos como una forma de “comprar votos”.
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Con la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2005, las transferencias no contributivas de ingresos prácticamente se duplicaron en relación el Producto Bruto Interno (PBI); eso incidió en un 10% en la reducción de la pobreza, y también en un 16% y 23% en su intensidad y severidad, conceptos asociados a qué tan pobres son esas personas y cuán diferentes son sus niveles de ingreso entre sí. Los resultados son aun más notorios para el caso de los indigentes, según el estudio “Uruguay: evaluación de las políticas de transferencias”, realizado por Marco Colafranceschi y Andrea Vigorito para el Banco Mundial y publicado recientemente.
Desde la década de 1990 hasta la creación del Mides, en el primer gobierno del Frente Amplio, esos gastos sociales representaban cerca de 0,3% del PBI, y dicha relación fue en ascenso hasta alcanzar niveles cercanos a 0,6% en 2010, según esa investigación. Esa cifra se mantuvo el año pasado, calculó Búsqueda.
Pese al incremento, si se observa el monto total de transferencias del gobierno (incluyendo las contributivas) las mismas disminuyeron en los últimos años respecto al PBI, principalmente porque las jubilaciones y pensiones fueron menores en relación al Producto. Las transferencias totales eran entre 10% y 12% en la década de 1990, y en los años más recientes se ubicaron en 10% o levemente por debajo.
“Comprando votos”
“El plan Mides no está fiscalizado y el que se ocupa de esto (en alusión al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker) lo único que hace es pedir dinero y dar 30.000 planes Mides más”, se quejó el empresario agrícola Alberto Gramont, en una conferencia realizada el viernes 6 en el marco de la Expo Prado. En tono irónico añadió: “Y no podemos pensar que estén comprando votos. No, ¡qué esperanza!”.
Previamente a esto Gramont, que produce granos en Young (Río Negro), hizo severos cuestionamientos al gobierno porque el gasto del Estado “creció muchísimo”.
“El plan Mides me parece perfectamente bien. Pero un plan Mides fiscalizado”, indicó.
En algunas ciudades del interior, los empresarios son críticos con los programas de esa cartera, porque entienden que lleva a que los beneficiarios prefieran “quedarse en la casa” sin trabajar (ver Búsqueda Nº 1.728).
Desde la creación del Mides se puso en funcionamiento el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social, que dio dinero a las familias de menores ingresos sin necesidad de contrapartidas. Luego, a partir de 2008 ese programa se sustituyó por el actual Plan de Equidad, que otorga tarjetas magnéticas para la compra de alimentos y artículos de limpieza y tocador. También se amplió el sistema de Asignaciones Familiares, que obliga a la escolarización de los hijos de los beneficiarios.
El año pasado las Asignaciones Familiares abarcaron a unas 407.000 personas y se distribuyeron cerca de 65.000 tarjetas “Uruguay Social”.
En el proyecto de Rendición de Cuentas que tiene a estudio el Parlamento, el gasto social fue uno de los rubros a los que se dio prioridad dentro de un marco de mayor austeridad que en anteriores años. Si se aprueba, el Mides recibiría en 2013 un 10% de aumento real (por encima de la inflación de precios) en sus recursos para financiar planes como Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo o Plan 7 Zonas.
Incidencia
Uruguay atraviesa por un período inusualmente prolongado de crecimiento económico y también se registran altos niveles de empleo. En ese contexto, las mediciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) corroboraron un descenso en la cantidad de personas por debajo de la “línea de pobreza”, es decir que no tenían un ingreso suficiente para comprar un conjunto básico de bienes y servicios. En porcentaje del total, ese grupo pasó de ser casi 40% en 2004 a 13,1% el año pasado.
A su vez, entre 2006 y 2012 la intensidad o brecha de la pobreza —distancia de los ingresos de los hogares pobres a la línea de pobreza— cayó a casi la cuarta parte (de 8,4% a 2,2%), mientras que la severidad de ese fenómeno —que muestra la desigualdad entre los ingresos de las personas pobres— disminuyó de 3,8% a 0,9%.
Según Colafranceschi y Vigorito, las transferencias no contributivas “conducen a una reducción del 10% en la incidencia en la pobreza, del 16% en su intensidad y del 23% en su severidad”. Esto significa que si bien el 10% de los hogares logra traspasar la línea de pobreza, “muchos hogares acortan su distancia a la misma”, explican.
Dichas transferencias “ejercen fuertes efectos” también sobre la indigencia (64%, 96% y 137% respectivamente), agregan.
La contribución del Plan de Equidad “al alivio de la desigualdad es similar a la del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, pues ambas intervenciones conllevan la reducción de un punto del índice de Gini”, afirman.
Focalización.
En otra sección del documento señalan algunos sectores vulnerables sin cobertura, y poblaciones objetivo de este tipo de planes que a su entender se deberían “definir con claridad”.
Proponen la inclusión en las asignaciones de los hogares del 10% más pobre de la población sin menores de 18 años, elevar los montos de las transferencias e igualarlos entre los estratos de menores ingresos. “(...) Aún es posible realizar aumentos de cobertura y reducciones de pobreza e indigencia”, apuntan.
Por otra parte, hacen hincapié en que aspectos del bienestar tales como las condiciones de vivienda y los logros educativos de los hogares “muestran una evolución más lenta que la del ingreso”. A la vez que advierten que “los niveles de vulnerabilidad de los hogares continúan siendo elevados”, lo que “marca las precauciones que deben tomarse a la hora de establecer mecanismos para el retiro de las prestaciones”.
Según los autores, algunos hogares “deberían ser objeto de acciones de política pública permanente”.
