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Hay más de una explicación histórica sobre el origen de la frase “los que cortan el bacalao”; la más recibida dice que surgió en España en el siglo XVI durante una hambruna. El bacalao seco y salado era barato y quien distribuía el alimento en la mesa familiar lo cortaba y lo repartía equitativamente, principio indiscutible de equilibrio y solidaridad. Con el paso de los años fue mutando para terminar por definir a quienes reparten el dinero y el poder según su conveniencia. Adiós ecuanimidad. Viva la hambruna.
La semana pasada, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez, sobria pero contundente, se refirió en Búsqueda al reparto presupuestal. No necesitó abundar en adjetivos: las asignaciones que se destinan al Poder Judicial son de total indignidad. La descripción de unas pocas situaciones es más que suficiente. Martínez advierte que se obliga a la Justicia a una “actitud mendicante” para pedir refuerzos presupuestales que antes les negaron.
“Esa necesidad de ir a pedir por favor porque no tenemos para pagar la luz, es una actitud poco digna para el Poder Judicial. Por más que te lo den, porque debo reconocer que cada vez que se fue a pedir se nos dio. Con bastantes exigencias de informes previos: ‘¿por qué necesitan la plata?’, ‘¿en qué gastan?’, pero al final te lo daban. Esa actitud de tener que ir a rogar para que te den la plata es totalmente indigna (…) afecta nuestra dignidad institucional”, dijo.
Imagino que por prudencia la ministra no lo expresó, pero obligar al Poder Judicial a actitudes mendicantes para que pueda cumplir su función a cabalidad parece ser una forma de recordarle quién manda en el reparto y, eventualmente, que haga buena letra si quiere más.
La actual debacle, reiterada con diferentes gobiernos, se acentuó en 2015. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un presupuesto sin aumentos para el Poder Judicial; ni siquiera consideró los requerimientos de la reforma del Código del Proceso Penal que fue impulsado en 2005 por este mismo gobierno y por el presidente Tabaré Vázquez. Entonces fue necesario apretarse el cinturón: el dinero no alcanzaba para pagar la luz o el agua; tampoco para comprar materiales de trabajo tan elementales como necesarios que son las hojas y la tinta para las computadoras.
Son actitudes ruines, esto es, de falta de generosidad y nobleza de espíritu. Es cierto que se afecta a la institución como tal, pero especial y fundamentalmente se lesiona y desprecia a los ciudadanos, los usuarios que terminan por ser los principales perjudicados.
Seguramente, algunos políticos tienen el convencimiento de que aunque se le destinara más dinero al Poder Judicial ningún voto les aportaría. Es probable que tengan razón. Pero ese razonamiento, además de ruin, es mezquino. En cambio meten la mano en la bolsa presupuestal para sumar empleados (desde 2005 crecieron los vínculos laborales con el Estado y Uruguay está entre los tres países de América Latina con mayor número detrás de Argentina y Venezuela), contratan decenas de asesores particulares que cuestan varios millones de dólares al año, inventan funciones para acomodar a correligionarios en declive, pero fieles, le adjudican a amigos servicios del Estado, usan arbitrariamente las tarjetas corporativas y malgastan en inútiles viajes al exterior disfrazándolos como obligaciones protocolares. Todo sale de nuestros bolsillos. En cambio, para darles un mejor servicio a decenas de miles de usuarios de los juzgados, limosna. Por eso es cada vez mayor la distancia entre la gente y los partidos políticos.
Martínez hizo notar la indiferencia del sistema político de consultar al Poder Judicial. Cuando se votó la ley contra la violencia de género no se definieron los juzgados para aplicarla pese a que la ley dice que fueron creados. El artículo 51 los cita pero en la realidad “no existen”. El Poder Legislativo ignoró (despreció, descalificó, ninguneó) al Poder Judicial y no lo consultó sobre esas necesidades. Pero claro, había que votar la ley como fuera para contemplar a los ruidosos grupos sociales y porque pueden dejar votos o evitar perderlos.
Queda claro que no existe un reparto presupuestal equitativo. Quienes cortan el bacalao se quedan con las mejores porciones del pescado y al judicial le tiran la piel y las espinas.
Ignoran —no por desconocimiento, sino por desinterés— que a través del embudo del Poder Judicial ingresan a los juzgados los conflictos y las miserias familiares, civiles, laborales y penales de todos los ciudadanos. Y cuando esas necesidades no se contemplan es porque algo se está descomponiendo en la sociedad y en el Estado.
Son frecuentes las manifestaciones públicas y declarativas para exigir una variedad de carencias o para denunciar irregularidades sociales, políticas, económicas o sindicales. Sin embargo, sobre esta cuestión impera un silencio cómplice.
¿Qué hacen las organizaciones sociales que no exigen que se contemple al Poder Judicial? ¿Por qué la Institución Nacional para los Derechos Humanos y otras organizaciones no se han plantado para exigir mayores recursos en beneficio de los ciudadanos? ¿Qué ha hecho en este terreno el PIT-CNT? ¿Por qué las mismas organizaciones que se movilizaron para que se votara la ley de violencia de género no reclaman ahora por la grave omisión de que no existan los juzgados correspondientes para aplicarla?
Probablemente porque es más cómodo hacer la plancha para evitar enfrentarse al poder y confrontar con los correligionarios aunque estos se sigan quedando con la pulpa del bacalao.
