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Austeridad en el Estado. Los hechos recientes como la movilización de sectores productivos y alguna decisión dentro del Estado para corregir abusos salariales podrían ser el comienzo de una nueva etapa.
Soy productor rural en el departamento de Treinta y Tres y docente de Historia en Secundaria. No hago militancia política partidaria, si bien familiarmente me une la tradición colorada. Partido que, en gran medida, fue responsable de promover y establecer las funciones que el Estado debe cumplir para el mejor desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, mi planteo no proviene de ninguna concepción liberal que pretenda retacear la importancia del Estado.
“Menos es más”, decía el famoso arquitecto Mies van der Rohe en los años 30 (siglo XX). Y aquello que era aplicable a los modernos edificios pienso que también le cabe hoy al Estado uruguayo, que ha crecido en tamaño pero no en eficiencia.
Solo voy a plantear el punto de inicio de un cambio que ha sido postulado por todos los partidos desde hace varias décadas (recuerden: “la madre de todas las reformas”).
El cambio tendrá que empezar desde arriba, reduciendo cargos y altas remuneraciones de la dirigencia política y administrativa.
No parece apropiado que una república democrática sostenga a los representantes del pueblo con retribuciones “aristocráticas”; que las empresas públicas (que pertenecen a toda la sociedad) deban mantener tantos cargos gerenciales (asesores incluidos) y con sueldos de primer mundo en un país en vías de desarrollo; que organismos del Estado paguen salarios que multiplican por 20 y por 30 el salario mínimo nacional.
Entonces, el Sr. Presidente de la República, primer mandatario (mandatado por el pueblo), debería ser el vértice de esta pirámide salarial y por lo tanto el tope a todas las retribuciones del Estado: 10 salarios mínimos (situado hoy en $ 13.430).
El mensaje de esta disposición sería, y no exagero, revolucionario.
La dirigencia política daría una señal de austeridad y republicanismo que seguramente marcaría un punto de quiebre para comenzar a revertir el desapego a la política que lentamente va ganando a la ciudadanía.
Sería ingenuo pensar que esta medida “revolucionaria” (va a afectar el órgano más sensible del ser humano: el bolsillo) no generará resistencias al más alto nivel.
Ya dirán que los funcionarios más calificados se irán a la actividad privada.
Uno podría preguntarse: ¿no sería deseable que aquellos que han visto al Estado más que nada como medio para acumular beneficios lo abandonen y vengan otros con menos experiencia pero con más ganas de servir a la sociedad?
El efecto multiplicador de una medida como la propuesta generaría en todo el Estado (comprendiendo los 300.000 funcionarios públicos) no solo un ahorro de cientos de millones de dólares (podría llegar al 30% del déficit fiscal) sino un cambio cultural que impactaría positivamente en la contracción al trabajo, la productividad y el servicio a la comunidad. Porque es bien sabido que cuando hay mucho “cacique” (mandos altos, medios, intermedios, asesores, etc.) el estímulo al trabajo de los funcionarios se debilita.
¡Sería un baño de republicanismo en todo el Estado!
La decisión está en manos de nuestros legisladores. La ley a aprobarse seguramente requiere mayorías especiales: ley constitucional o incluso reforma constitucional.
No tengan dudas de que el pueblo apoyará una transformación así.
Una república que se pretende ejemplar impulsa una reforma como esta en épocas de estabilidad (con una economía en crecimiento) y no cuando llega una crisis y se disparan: devaluación, inflación, desempleo, pobreza, restricción del crédito, etc. y el ajuste se hace impuesto por la debacle y de la peor manera.
Cualquier economista o dirigente intelectualmente honesto sabe que ha llegado la hora de ajustar al Estado.
Un verdadero ajuste debe abarcar a todo el Estado, comenzando desde arriba, y no caer en las viejas prácticas de emparchar algún sector o retocar aspectos menores para que al poco tiempo todo siga igual.
