Los viajes a Buenos Aires y los problemas por la incertidumbre en torno a la planta regasificadora

Portland y alcohol.

Con el fin de analizar la “situación financiera del negocio de portland y las alternativas para lograr” su “sustentabilidad”, aprobó la creación de un equipo de trabajo. Paralelamente, en una sesión posterior votó un memorando de entendimiento y compromiso de confidencialidad a suscribir con la Compañía Industrial Minerales.

Argentina.

Un acta de mayo da cuenta del viaje a Buenos Aires de la presidenta Marta Jara y dos abogados para reunirse con miembros del Estudio O‘Farrell “con el fin de realizar el seguimiento de causas judiciales en las cuales se encuentran vinculados los intereses de Ancap”.

Los traslados de Jara y otros jerarcas de la petrolera uruguaya a la capital argentina fueron frecuentes.

La situación de Carboclor —una petroquímica en Argentina en la que el ente participa a través de Ancsol SA— pasó por varias sesiones del Directorio de Ancap. Buscando evitar una reducción obligatoria de su capital, en mayo aprobó un aumento del capital social. Luego votó una capitalización por 10 millones de pesos argentinos ante las “dificultades operativas que atraviesa la sociedad” y las “consecuencias negativas que presenta para el grupo Ancap”. También se mandató a firmar un acuerdo para la retención del personal clave de Carboclor, una acción“fundamental para atender el período de crisis que atraviesa, así como su valor como activo en el proceso de venta del paquete accionario de esta en poder” del ente.

En setiembre el Directorio aprobó la venta de las acciones que Ancsol poseía en Carboclor. Y, finalmente, en diciembre se pidió su concurso.

Regasificadora.

Otra resolución de 2016 aludió a un complejo panorama en Conecta, la distribuidora de gas natural en nueve ciudades del interior y más de 5.000 clientes en la que Ancap posee 45% del paquete. En un acta se indicó que esa sociedad atraviesa por una “difícil situación económica, financiera, comercial y de abastecimiento” que se vio “especialmente agravada por el retraso y eventual cancelación del proyecto de la planta regasificadora”. Sus accionistas “han efectuado grandes esfuerzos económico-financieros para mantener la prestación del servicio, concretados en aportes de capital por más de U$S 40 millones en una empresa que nunca pagó dividendos” y “no ha alcanzado su punto de equilibrio, por lo cual requiere de continuos aportes de financiamiento para su operación del orden de U$S 3 millones anuales”, agregó. Ante la “dificultad para efectuar aportes de capital a la empresa manifestada por el socio mayoritario”, Conecta “se ha venido financiando mediante la no cancelación de facturas de gas de sus proveedores (Montevideo Gas y Ancap), todo lo cual lleva a pensar que “en algún momento, que parece no muy lejano, el Estado deberá hacerse cargo de sustentar y financiar este servicio”. Con ese panorama, el Directorio del ente petrolero resolvió aprobar lo actuado y la creación de un grupo de trabajo a los efectos de analizar las futuras acciones a tomar.

La incertidumbre en torno al proyecto de la planta regasificadora —que aún persiste— también generaba problemas en Gasoducto Cruz del Sur, una sociedad en la que Ancap tiene 20% de las acciones. Ante la “situación económico-financiera compleja” que atraviesa esa empresa, el Directorio decidió crear un grupo de trabajo y darle 60 días para evaluar los pasos a dar. En diciembre aprobó una reducción del capital integrado de la compañía, mediante un rescate de acciones.

Paralelamente, en abril el Directorio de Ancap aprobó un acuerdo para rescindir el contrato comercial pactado con UTE en 2013 en torno a la regasificadora, en función del “interés de ambas partes de dejarlo sin efecto dado los eventos posteriores” a su suscripción, consta en un acta.

Alur.

Ya encabezado por Jara, el Directorio de Ancap hizo caer una resolución urgente que había tomado la anterior Presidencia por la que se daba como adelanto U$S 3 millones a Alur por la venta de biocombustibles. Pero después, en agosto aprobó un adelanto por U$S 4 millones solicitado por esa subsidiaria.

También a pedido de Alur, Ancap votó un borrador de contrato de “fianza solidaria” con Citibank por U$S 9 millones en el marco de un plan para una nueva planta de Bioetanol y otra por U$S 1 millón con HSBC.

Algunas decisiones tomadas por Alur dispararon cambios internos.

En una sesión de agosto, el director Ignacio Berti planteó como un “tema grave” el preacuerdo con sindicatos de trabajadores de la caña de azúcar para el reajuste salarial alegando desconocer “qué autoridad dio la aprobación” y que hubo un apartamiento de las pautas dictadas por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, en setiembre el Directorio de Ancap mandató a sus representantes en una asamblea de Alur a no ratificar lo firmado; en la sesión siguiente se aprobó cesar al gerente general de esa empresa ante la “necesidad de contar con un nuevo estilo de gestión y liderazgo”.

En otra resolución Ancap decidió la “desafectación” de la reserva voluntaria por $ 96,5 millones de Ducsa para transferirla a sus resultados.