MSP enfrenta una demanda por la designación irregular como directora jurídica en 2016 de una abogada de confianza de Toma
El que era número dos de la dirección logró que el TCA revocara la decisión en 2020, y ahora reclama por lucro cesante y “daño moral”; las actuales autoridades reemplazaron a la jerarca, pero la nombraron adjunta al director
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Era agosto de 2016 y el cargo de director de la división Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) estaba vacante porque su titular, Feliciano Mauvezin, se había jubilado. El ministro de la época, Jorge Basso, tomó una decisión que hasta hoy complica a la secretaría de Estado: nombró de manera directa a una profesional que no podía ocupar el cargo.
Es que la designación como encargada de la dirección jurídica de Sandra Doldan, una abogada de confianza del entonces secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, fue anulada a comienzos del 2020 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y ahora un funcionario de carrera del MSP que pretendía ocupar el cargo demandó por casi US$ 1 millón al Estado por lucro cesante y daño moral.
Las actuales autoridades del MSP cumplieron con la resolución del TCA y remplazaron a Doldán, aunque la mantuvieron como adjunta a la dirección. En su lugar nombraron a Martín Thomasset, un funcionario que llegó a Salud desde el Ministerio de Economía en el período pasado.
“Ilegalidad manifiesta”
Ni bien el ministerio nombró a Doldán en sustitución del director renunciante, el número dos de la oficina, Mario Ceruzzi, presentó un recurso de revocación. Su planteo nunca fue respondido por las autoridades, por lo que quedó firme. Con esa vía interna agotada el funcionario recurrió en marzo de 2017 al TCA.
El tribunal resolvió por unanimidad anular la designación de Doldán porque no era una funcionaria del MSP, aunque trabajara desde el 2015 en la secretaría de Estado como asesora jurídica.
“Dicha circunstancia fáctica, esto es que la doctora Doldán no sea funcionaria pública, vicia de nulidad insubsanable (esto es nulidad absoluta) la encargatura dispuesta, debido a que para acceder a la referida encargatura como presupuesto indispensable se requiere tener la calidad de funcionario público, lo cual no se cumple en el caso, de esa calidad nace asimismo la vocación de ascenso al cargo a subrogar, lo cual no cumple tampoco la doctora Doldán”, dice el fallo, adoptado en febrero del 2020 y notificado al ministerio en mayo, ya con las nuevas autoridades en sus cargos.
El tribunal explicó que la vinculación de Doldán con el ministerio es a través de un contrato celebrado con una comisión de apoyo y agregó que “la Suprema Corte de Justicia en diversas sentencias ha categorizado a la comisión de apoyo como una persona pública no estatal”.
El TCA no le dio toda la razón a Ceruzzi, quien se jubiló en setiembre del 2019, meses antes del fallo. En su reclamo, había asegurado que la designación de Doldán fue “una sanción encubierta”, un argumento que el tribunal desestimó. Además, añadió que la anulación de la resolución por su “ilegalidad manifiesta” no implicaba “de ninguna forma constituir un derecho de prelación a favor” de Ceruzzi, “por cuanto se trata de una potestad discrecional de la administración realizar la designación o no de este en tal cargo”.
La designación de Doldán como encargada de la dirección jurídica tuvo como promotor principal a Toma, dijeron a Búsqueda fuentes del Frente Amplio que revistaron en el ministerio durante la administración anterior. Esa relación fue confirmada también por exfuncionarios de carrera del MSP. El entonces secretario de la Presidencia había ocupado el cargo de director entre 1997 y 2003.
En julio de 2020, tras recibir un informe de Thomasset sobre el alcance del fallo del TCA, el ministro Daniel Salinas firmó una resolución donde nombra director al propio Thomasset y a Doldán como su adjunta. Esas dos decisiones también fueron recurridas por una abogada del ministerio que pretendía ascender al cargo, dijeron fuentes del organismo.
Miguel Ángel Toma. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Daño”
Con el dictamen a su favor, el 27 de agosto de 2020 Ceruzzi presentó una demanda contra el MSP. El ahora exfuncionario sostuvo en un escrito que la designación de Doldán “fue efectuada claramente en violación a la normativa vigente en la materia”, según surge del expediente iniciado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4º turno, al que accedió Búsqueda. La resolución firmada por Basso en 2016 le produjo “graves daños y perjuicios desde el punto de vista profesional, humano y orgánico”, añadió.
Ceruzzi dijo que sufrió un “daño moral” de “real importancia”, porque se le impidió terminar la “carrera técnica ministerial en el cargo de director”. Era su “última oportunidad” y la “perdió”, ya que tres años después llegó a los 70 años y debió jubilarse. Y agregó después: “Moralmente se produjo un daño irreparable. No hay dinero que pague el sentimiento de frustración”.
Sostuvo en su demanda que el hecho de que le privaran de ser director le impidió cobrar haberes por $ 4.940.000 entre agosto de 2016 y setiembre del 2019. También reclamó US$ 800.000 por daños y perjuicios.
El 1º de octubre un representante del MSP y Ceruzzi tuvieron una instancia de conciliación que terminó sin resultados positivos.
En su respuesta a la demanda, la secretaría de Estado rechazó todos los planteos del exfuncionario. Entre otros puntos, subrayó que el fallo del TCA que derribó la designación de Doldán estableció que eso “de ninguna forma” constituía “un derecho de prelación a favor” de Ceruzzi.
El escrito del MSP, firmado por Thomasset, dice que el cargo no le correspondía “automáticamente” a Ceruzzi después de la jubilación del director, por lo que no perdió ninguna “chance” de ocuparlo.
“La no realización de concursos no fue con la intención de eludir al doctor Ceruzzi, sino que formó parte de una política funcional de las entonces autoridades ministeriales, aplicable a todo el ministerio, quienes optaron por no realizar llamados a concurso de ascenso para la provisión de cargos superiores y asignar los mismos discrecionalmente en forma provisoria”, añade el documento.
El abogado del ministerio también cuestionó el cálculo del “lucro cesante” reclamado porque se redujo a sumar el salario de Doldán, pero no tuvo en cuenta que el demandante cobró un sueldo en esos años. Según una planilla incluida en el escrito, la diferencia de salario percibido por Doldán y Ceruzzi entre agosto del 2016 y setiembre de 2019 fue de casi $ 1 millón de pesos, mucho menos que los $ 4.900.000 reclamados.
En cuanto al daño moral, Thomasset sostuvo que la contraparte no presentó pruebas, por lo que el planteo debía ser desestimado por el juez de la causa, Carlos Aguirre. El magistrado citó a las partes a una audiencia que tendrá lugar el 22 de febrero.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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