—Resolver el tema del Kennedy es una vieja aspiración de Maldonado. Tenía más de 60 años y todo el mundo decía que era imposible de remover. Lo teníamos previsto como un jalón del programa de gobierno desde la elección del 2014. Nos habíamos propuesto buscar una solución de realojo tanto para el Kennedy como para El Placer, dos asentamientos importantes y cercanos, porque no cabía en esos asentamientos una regularización. El Placer se resolvió al 100%, eran 230 familias y hoy hay un gran parque sobre el arroyo donde se ubicaba que se llena de vecinos. El del Kennedy eran 530 familias, entonces lo dejamos para este segundo gobierno.
En el gobierno anterior resolvimos El Placer y tres más: Selva Negra y Estela Maris en Piriápolis, que eran uno de 40 y otro de 15 familias, y un asentamiento con 58 familias que sacamos de abajo de los cables de alta tensión. Nos quedaba el Kennedy, que era un desafío para el que teníamos escasos recursos y cuando ingresamos en el 2015 tratamos de conseguir la tierra adecuada para recibir a los vecinos. Hicimos un censo entre todos los habitantes del asentamiento y la mayoría decía que para tener éxito no se podían ir muy lejos de su zona de trabajo ni de donde viven hoy, lo que nos acotaba bastante las posibilidades. Y en el 2016 logramos la expropiación de esa tierra con ocupación inmediata y la pagamos en un sistema de canje con los propietarios, que eran inversores extranjeros. A partir de ahí empezamos a planificar la relocalización definitiva del Kennedy.
—¿Qué inversión implicó esta obra?
—La inversión total son US$ 55 millones entre compra de la tierra, infraestructura y casas. El 40% de esa inversión es infraestructura, es decir, saneamiento, calles, luz y agua. El resto son viviendas y espacios públicos. Salimos a buscar financiamiento porque era mucha plata para hacerlo solos y conseguimos el aval del gobierno, una garantía soberana que precisábamos para que la CAF nos habilitara un crédito de US$ 35 millones, que lo paga Maldonado. Y ahí nos pusimos a trabajar. Integramos también al Banco República, que participó con un 20% del costo del programa e ingresó con US$ 7 millones. El proyecto fue aprobado y toda la infraestructura está prácticamente pronta, falta un 3%. Hay todo un tema de espacios públicos planificados, con plantaciones de árboles, bicisendas, plazas y espacios deportivos. Y lo que hoy concretamos fue la entrega de viviendas producto de un llamado a licitación. Entregamos 375, que se van a entregar en el correr de hoy a marzo. Todos los días está definido qué familias se van a ir mudando y hay una alta expectativa porque la gente quiere dejar de vivir en un asentamiento. Les ha gustado mucho el tipo de casa que se diseñó, la terminación y la calidad.
—¿Cuántas personas hay viviendo en asentamientos actualmente? ¿Cómo ha sido la evolución de ese dato?
—Cuando tomé el primer gobierno en el año 2000 había más de 3.000 familias en asentamientos. Cuando retomé el gobierno en el 2015 había más de 2.000. En el ejercicio pasado pudimos resolver el realojo de unas 350 y en este período estamos resolviendo cerca de 590. Empezamos a trabajar en el asentamiento Los Eucaliptus, que tiene 930 familias, de las cuales unas 350 se van a resolver en este período. Y en otro de 450, que también se va a resolver en esta administración, entre otros. Esperamos entonces que haya por debajo de 1.000 familias en asentamientos al fin de este período de gobierno. La idea es que en un plazo de 10 años Maldonado no tenga asentamientos, por eso tiene que ser una política de Estado.
Realojo del asentamiento Kennedy en Maldonado. Foto: Gentileza Intendencia de Maldonado
—¿Qué va a pasar con el terreno donde está hoy instalado el asentamiento Kennedy?
—La tierra donde hoy está el asentamiento es pública; ya tenemos la autorización de la Junta Departamental para la venta de esa tierra. Vamos a limpiarlo, sacar los escombros, prepararlo y lo vamos a vender, y el objetivo es que ese dinero nos permita achicar el crédito que se pidió para la relocalización.
—Otro tema son las viviendas irregulares en Maldonado. ¿Cree que se ha avanzado en su erradicación?
—Hay un plan de regularización de viviendas con exoneraciones tributarias, amnistías y asesoramiento técnico que está caminando. Durante muchos años la gente fue agregándole un parrillero o algo a sus casas y eso generó que muchas viviendas no estén en condiciones regulares; en estos años hemos regularizado más de 1.500 viviendas.
—¿Eso refiere solo a obras o también a ocupaciones irregulares?
—A obras civiles, casas construidas, viviendas entregadas por otros gobiernos sin regularizar papeles. En cuanto a las ocupaciones de terrenos también estamos dando desalojos y controlando mucho, porque había mucha informalidad en todo el departamento, sobre todo en la zona del balneario Buenos Aires, en Playa Grande, Piriápolis, Punta Negra, Sauce de Portezuelo y Ocean Park. Y todo eso se está regularizando.
—¿Se puede complicar el proyecto ideado para el ex Hotel San Rafael si no se logra el permiso para el casino?
—El proyecto está a toda marcha, de hecho, tienen fecha de inauguración el hotel y el casino en diciembre del 2025. Ya hay una inversión muy grande hecha y hay varios miles de metros cúbicos de hormigón ya realizados.
—¿Pero el permiso para el casino ya está confirmado?
—Sí; si no, no lo estarían haciendo.
—¿Cómo es la relación hoy con la Junta Departamental? Las excepciones edilicias siguen enfrentando al Partido Nacional con el Frente Amplio y este año ya hubo varias discusiones al respecto.
—Viene como siempre, el Frente Amplio nunca votó proyectos nuestros que tuvieran alguna excepción. Y las excepciones no son malas, son buenas. La palabra excepción no significa que sea mala, significa que la norma no permite hacer tal cosa pero, si es un buen proyecto y no afecta el urbanismo ni el desarrollo del departamento, se puede aprobar. Muchos se rechazaron, pero el desarrollo del departamento es producto de muchas inversiones y unas cuantas de ellas tienen excepciones. Hoy en Maldonado tenemos el mayor récord de metros cuadrados de construcción de los últimos 25 años. Hoy Maldonado tiene la tasa de actividad más alta del país en materia de construcción y la tasa de empleo más alta del país. Aprobamos más de 4 millones de metros cuadrados de obra, de los cuales ya se concretaron más de 3 millones. Y eso es una inversión privada superior a los US$ 6.000 millones, es más que UPM. Es trabajo para miles de uruguayos y ninguno de esos proyectos afea la calidad urbana de Punta del Este. Al revés, son todos buenos.
—El reclamo es que las excepciones no se vuelvan la norma, sino que se den justamente en situaciones excepcionales…
—Las excepciones se dan en todo el mundo. En Maldonado se habla de excepciones y los ediles denuncian excepciones, y en Montevideo está lleno. ¿Pero oíste hablar alguna vez de las excepciones de Montevideo? Nunca. La mayor parte de las construcciones de Pocitos Nuevo está llena de excepciones, pero es como que en Montevideo son buenas y en Maldonado son malas. ¡Qué paradoja!
—Hablando de excepciones, ¿qué cree que pasará con el proyecto que se estudia para Punta Ballena, que ha causado tanta resistencia entre los vecinos?
—No estamos de acuerdo con que se edifique en la punta de Punta Ballena. La viabilidad que tenía ese proyecto fue aprobada por el gobierno de Óscar de los Santos, y lo que está presentado hoy en el Ministerio de Vivienda no pasó por la intendencia. Hay una zona desde los miradores de puesta de sol donde termina Casa Pueblo hacia la punta en que no queremos nada. Hacia el otro lado y hacia atrás ya hay construcciones en terraza, pero hasta ahí podríamos llevarlo. Esa fue la posición de nuestro equipo técnico. Pero no nos ha llegado ninguna información y no está en nuestro poder la decisión, está en el ministerio.
—El proyecto para construir un hotel en la faja costera de José Ignacio provocó también una fuerte polémica. ¿Se piensa seguir adelante con esa iniciativa?
—Es un derecho que tiene un padrón rural. Y lo que presentaron es una cosa de muy baja densidad y mucha calidad y es básicamente un proyecto que deja definida y protegida una zona de la costa con un destino que nunca va a generar un problema ni daños, y por eso la intendencia lo aprobó. Ahora tiene que pasar por (el Ministerio de) Ambiente. Es un buen proyecto que complementa la zona, de muy escasa ocupación de suelo. La única excepción que tiene es una vieja ley que dice que tiene que estar a 150 metros de la costa y el fraccionamiento de al lado está a 80 metros. Es para darle sentido a un padrón que tiene derecho a construir algo.
—¿Considera que se necesita mayor articulación entre las intendencias y el Ministerio de Ambiente en cuanto a la aprobación de iniciativas? Se ha dado que a veces se aprueban proyectos a nivel municipal que luego son rebotados en la cartera.
—Antes el Ministerio de Ambiente no existía, entonces era lógico que pasaran desencuentros de esas características. Es un ministerio nuevo y hay normativas departamentales y territoriales que ya marcaban una línea de trabajo. En Maldonado hace más de 30 años estamos defendiendo la costa, protegiendo y recuperando los médanos, demoliendo casas y paradores sobre la costa. Y eso al no existir antes el ministerio lo hacía la intendencia. Entonces hay que coordinar sí, pero hay que reconocer que hay intendencias que defendieron la costa mucho antes de las exigencias que viene a plantear ahora el ministerio.
—¿Qué balance hace de esta temporada de verano? ¿De dónde vinieron la mayoría de los turistas?
—Son argentinos y brasileños. La temporada fue buena, no una locura pero fue buena, similar a la del año pasado. Hubo mucha más presencia de uruguayos que antes; se han acostumbrado más a venir a vacacionar acá. Había mucha gente y se trabajó bien, tanto en Punta del Este como en José Ignacio y Piriápolis, con un altibajo a fin de enero que se recuperó en Carnaval.
—La incertidumbre en Argentina había puesto en duda la concurrencia de argentinos a Uruguay para este verano y también el cambio de gobierno. ¿Eso impactó de alguna forma en Maldonado?
—Tal vez sí, pero no tengo como medirlo, es una percepción. Los argentinos son muy fieles a la presencia en Punta del Este y aun en momentos difíciles siempre hay un grupo importante de argentinos que viene; además, muchos tienen casa acá. Y también, cuando hay estrés en un país, vacacionar fuera ayuda a lavar un poco la cabeza, y los argentinos han pasado mucho estrés. Vinieron muchos a invertir y unos cuantos a vivir. Ya desde años pasados se nota la cantidad de argentinos que se está radicando. Ellos han sido muy importantes en el desarrollo de la zona.
—¿Se han instalado de forma permanente más argentinos luego del cambio de gobierno?
—Los que se vinieron a vivir no fue por el cambio de este último gobierno, viene de antes, fue por la falta de garantías y de seguridad jurídica que les daba el gobierno anterior. Con el cambio de gobierno había incertidumbre pero no movió la aguja.
—Mencionaba que aumentó la cantidad de uruguayos que vacacionan en Maldonado. ¿El incremento pudo deberse a la aplicación del subsidio al sector hotelero, que implica IVA tasa cero para uruguayos en los hoteles?
—No, eso es muy nuevo. Los uruguayos se han acostumbrado a venir porque hay muchos servicios de calidad. Maldonado es un llamador porque está limpio, prolijo, porque tiene cosas elegantes y las carreteras están buenas. A los uruguayos les gusta venir a Punta del Este todo el año. Este invierno hubo mucha más gente participando de distintos eventos en el departamento.
—No puede ir por la reelección en Maldonado. ¿Cuál de los candidatos cree que tiene ser su sucesor en la intendencia?
—Voy a apoyar a los compañeros del grupo, que son siete. Cada uno va a sacar listas para la convención departamental y lo más sano es que la democracia se exprese a su máxima potencia, la interna manda. En lo nacional, todo nuestro grupo integra Espacio País y apoya la candidatura de Álvaro Delgado. Entonces se va con Delgado a las nacionales y cada uno marca en la interna su espacio. Yo voy a participar de todas las listas de mi grupo en segundo lugar para dejarle espacio al referente de cada lista y para demostrar dónde estoy.
—¿Donde ve su futuro político?
—No voy a seguir haciendo política, voy a integrar algún lugar de relevancia de segunda línea a nivel nacional respaldando a Álvaro Delgado pero pretendo tomarme vacaciones o jubilarme de la política. Ya le dediqué muchos años, ya ocupé muchos espacios, si bien nunca pensé ocupar ninguno. Creo que hay que saber dar un paso al costado y retirarse a tiempo.
—¿Cómo observa la interna nacionalista? ¿La ve competitiva o Delgado corre con mucha ventaja sobre el resto?
—Delgado tiene la ventaja de ser un protagonista importante de este gobierno. Fue muy activo, estuvo en la resolución de todos los temas y nos dio mucha pelota a los intendentes. Tuvo una gran comunicación con todas las intendencias del país, por eso la mayor parte de los gobiernos departamentales lo apoyamos, porque es un referente que nos ha escuchado mucho y es muy trabajador y honesto. Además, tiene experiencia de gobierno, algo muy importante porque los tiempos se pasan volando y la experiencia ayuda a resolver mejor las cosas.
—En diciembre asumió la presidencia del Congreso de Intendentes. ¿Qué impronta quiere darle a su gestión y cuáles serán los temas prioritarios a trabajar?
—Tenemos dos temas importantes. Uno es definir el sistema de alicuotas por el cual se hacen las transferencias a nivel nacional para el próximo gobierno. Eso hay que definirlo antes de que haya un cambio de gobierno y quedaría la línea ya marcada para que en el próximo Presupuesto Nacional se haga justicia con las transferencias para las intendencias, que hoy hacen mucho más de lo que les corresponde. El otro tema es ir hacia un sistema nacional de multas en todo el país y de una libreta por puntos para que haya una mejor calidad de manejo en el Uruguay, y mejorar así el tema de los accidentes. Y por otro lado tenemos un plan muy exitoso de erradicación de asentamientos a nivel nacional que tiene una primera experiencia con las intendencias.
