Marta Jara adhirió a una propuesta de “agenda” de reformas en las empresas públicas para darles “autonomía del poder político”

Junto a él —director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres)—, son firmantes del documento Lucila Bonilla, Sebastián Fleitas, Bruno Gili, Juan Manuel Mercant, Ignacio Munyo, Gabriel Oddone, Alejandro Perroni, Pablo Regent, Pablo Rosselli y Leandro Zipitría.

Desde el punto de vista jurídico, operan bajo formas que “han dejado de utilizarse en el mundo, a medida que los mecanismos de control tanto interno como externo han mejorado sustancialmente. Las características de estas formas jurídicas las asemejan más a la administración central que a empresas propiamente dichas”, señalan los firmantes y adherentes en el documento.

Agregan que las empresas estatales operan en un marco mayormente creado a principios del siglo XX, aunque en las últimas décadas hubo diversos cambios regulatorios en los mercados que permitieron actuar de forma más eficiente, como ocurrió con la desmonopolización de la generación de energía eléctrica. “Los cambios tecnológicos que se avecinan en todos los mercados requieren adaptar su gobernanza y regulación, para dar flexibilidades y garantías que en la actualidad estas empresas no tienen (…). Sin embargo, las normas que rigen a las empresas públicas provienen de un mundo con otra velocidad, más predecible”.

Sostienen que “aislar a las empresas de la competencia o la regulación no genera incentivos adecuados para la eficiencia y la competitividad. Esto ha llevado, en algunos casos, a las empresas públicas a desarrollar actividades no necesariamente vinculadas con su objeto, en ocasiones a pérdidas. Esta debilidad también ha permitido la utilización de las tarifas con fines no vinculados al funcionamiento del mercado donde las empresas operan”.

Los entes deben “rendir de acuerdo con los recursos invertidos” y, fundamentalmente, brindar acceso a la sociedad a bienes y servicios “de calidad y a precios competitivos”. Pero según el documento, los entes “no cumplen cabalmente con estos mandatos” en la medida en que las reglas de juego actuales se lo impiden. Cuestiona además que la regulación de los mercados en donde operan debe estar a cargo de “organismos reguladores fuertes, que estén alineados con los incentivos de eficiencia, transparencia y maximización del bienestar”.

Propuestas

A partir de este diagnóstico, los profesionales —en su mayoría economistas— proponen un conjunto de “principios rectores” para “actualizar el modelo de gestión de estas empresas” sin “resignar ninguno de los roles actuales del Estado, sino adaptarlos a un nuevo mundo más dinámico e incierto”.

Entienden que la separación de roles es una precondición fundamental. En ese sentido, se requiere “desacoplar el retorno de las empresas al del desempeño fiscal del Estado” porque, de otra forma, “nadie es responsable por consecuencias negativas ante la ineficiencia”. En ese marco, tanto los “objetivos sociales” como los “subsidios que realicen las empresas deben estar explicitados” y “a cargo del presupuesto nacional”, con indicación del “objeto, montos y plazos determinados”.

Reclaman “fortalecer y modernizar la estructura de contralor dentro del Poder Ejecutivo con una nueva unidad especializada” que, además de monitorear el cumplimiento del objetivo clave y las políticas públicas que se establezcan para las empresas, también evaluará la calificación de candidatos al directorio, definirá la estrategia y fijará metas intermedias cuantificables basadas en un análisis técnico. Esa nueva figura también debería poder sugerir remociones de jerarcas ante la constatación de desvíos.

Asimismo, plantean que los directores sean nombrados a partir de sus competencias profesionales, por períodos desfasados del ciclo político y “presentando propuestas de líneas estratégicas exante”. Sugieren establecer restricciones para que esos jerarcas puedan presentarse a cargos electivos y abogan porque las empresas públicas actúen con “autonomía del poder político”.

Además de fortalecer la gestión y capacidades técnicas de las unidades reguladoras, sus autoridades deben estar impedidos de trabajar en empresas que actúen en los mercados regulados por un lapso “prudencial,” así como de participar en cargos electivos.

“Sin un compromiso de los partidos políticos sobre el cambio del marco institucional actual será imposible avanzar en las reformas necesarias para reposicionar a nuestras empresas (...). Creemos que, sobre las bases descritas anteriormente, es posible llevar adelante cambios clave en dicho marco sin la necesidad de recurrir a procesos demasiado complejos políticamente, como reformas constitucionales o una amplia pluralidad de leyes”, alegan los promotores del documento.